Unasur también excluye a Paraguay de su Cumbre

“Se ha excluido claramente al nuevo régimen de Paraguay“, dijo el canciller ecuatoriano, para luego subrayar que el gobierno de Federico Franco, designado por el Parlamento paraguayo, “es ilegítimo”, reseñó el sitio web El Ciudadano.

La Unión de Naciones Sudamericana (Unasur) decidió seguir los pasos al bloque comercial del Mercosur, y suspender la participación de Paraguay de la próxima Cumbre de la institución, informó el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.

“Se ha excluido claramente al nuevo régimen de Paraguay“, dijo Patiño, para luego subrayar que el gobierno de Federico Franco, designado por el Parlamento paraguayo, “es ilegítimo”, reseñó el sitio web El Ciudadano.

La derecha paraguaya consumó el pasado viernes un golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo, a través de un juicio político, orquestado en menos de 24 horas por el Congreso, y que desde antes de iniciar la sesión tenía definida la condena.

El documento que contenía el orden del día del Senado paraguayo establecía como punto final que se “declarará culpable” al presidente Fernando Lugo y “se lo separará de pleno de derecho de su cargo”.

En el Senado 39 parlamentarios votaron para romper el orden democrático, cuatro rechazaron el golpe de Estado y dos se ausentaron.

Un día antes, la cámara de diputados aprobó con 76 votos en favor y uno en contra una iniciativa para juzgar al jefe de Estado por “mal desempeño de funciones”. Posteriormente, la Cámara de Senadores elaboró un reglamento y presentó una acusación formal en tiempo récord.

La política antirrepresiva y la reivindicación de la lucha por la redistribución de la tierra fueron dos de las causas presentadas por el Congreso para justificar el juicio político contra el Presidente.

La disposición al diálogo y el reconocimiento de las demandas campesinas fueron los argumentos para exigir la destitución.

La acusación se presentó en la sede del Poder Legislativo sin prueba alguna que la sustentara y los denunciantes se limitaron a esgrimir que las causas “son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas”.

Fuente: AVN
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20 de junio de 2018 | 01:58
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20 de junio de 2018 | 01:58
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  1. LEAN BIEN ESTO:Fundamentos de la contundente y ejemplar destitución de Lugo por el Congreso paraguayo junio 28, 2012 By Cosme Beccar Varela ? INTRODUCCIÓN. He recibido y publico la acusación de la casi unanimidad de la Cámara de Diputados del Paraguay, con la cual se inició el juicio político contra el ex Presidente Lugo, obispo apóstata e izquierdista, que intentaba, mediante la violencia y el engaño, implantar una tiranía marxista-leninista en el país hermano. La valentía de los legisladores paraguayos es admirable. Los motivos de la destitución, como bien dice el acta de acusación, son públicos y notorios, es decir, no necesitan otra prueba que la memoria de los ciudadanos del vecino país que han sido testigos desolados de los atropellos contra el Derecho y las Instituciones cometidos por Lugo. Es obvio que en otros países no consta con igual evidencia y de eso se aprovechan los interventores extranjeros como la Sra. Kirchner, para decir que el juicio político fue %u201Capresurado%u201D. Como bien dijo un senador paraguayo, %u201Ceste no es un juicio judicial, sino político%u201D y los legisladores debían impedir que Lugo tuviera tiempo de organizar él sí un golpe de Estado, vistos sus antecedentes violentos, para resistir su legítima destitución. Al leer la acusación no podemos menos que encontrar una triste similitud con lo que está ocurriendo en la Argentina, sólo que aquí no hay legisladores como los paraguayos. De lo contrario, hace rato que deberían haber iniciado un juicio político contra la Sra. de Kirchner y sus ministros. Lo peor es que los legisladores son también cómplices de las usurpaciones cometidas por la Sra. de Kirchner a la que otorgaron facultades extraordinarias en violación directa del artículo 29 de la Constitución Nacional. Todos los integrantes del Congreso, al igual que la usurpadora presidencial y sus ministros, son responsables ante Dios y ante la Historia por la creciente destrucción del Estado de Derecho en nuestra Patria. La vergonzosa intervención en los asuntos internos del Paraguay cometida por la usurpadora presidencial, Sra. de Kirchner, junto con los tiranos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, así como por los ex-guerrilleros que ocupan la presidencia del Brasil y del Uruguay, y por el falso %u201Ccentrista%u201D que conduce Chile, tachando la legítima e impostergable decisión del Congreso paraguayo como %u201Cgolpe de Estado%u201D y negándose a reconocer al vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Sr. Franco, es una prueba de cuán verdadera es la acusación que transcribo más abajo al recordar que, mediante el PROTOCOLO DE USHUAIA II %u2026(y) el documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para reemplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros. La principal características del Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la *defensa de la democracia*, defenderse unos a otros.%u201D Y eso ha quedado probado por la actitud repudiable de esa especie de %u201Csindicato de Presidentes izquierdistas%u201D al rechazar la legítima destitución de Lugo. Cosme Beccar Varela La botella al mar correo@labotellaalmar.com LIBELO ACUSATORIO CAUSALES DE LA DESTITUCIÓN DE LUGO ANEXO ARTÍCULO 1° INC. C) %u2013 RESOLUCIÓN H. CÁMARA DE DIPUTADOS N° 1431/2012 1. OBJETO. El Líbelo Acusatorio contra el Presidente de la República Fernando Lugo Méndez, se funda en las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos seguidamente a exponer: Nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 225, establece: %u201CEl Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria%u201D. 2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACUSACIÓN 2.1 ACTO POLÍTICO EN EL COMANDO DE INGENIERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS En el año 2009, con autorización del Presidente Lugo, se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, el que fue financiado por instituciones del Estado, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyretá. Fernando Lugo, reconoció que la Entidad Binacional Yacyretá financió el encuentro de jóvenes socialistas de la región, llevado a cabo en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón patrio. Ese acto de naturaleza netamente política y con los exabruptos ampliamente difundidos por los medios de prensa solo pudo ser realizado con la autorización del Comandante en Jefe y prueba de que el Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos dentro del cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares. 2.2 CASO ÑACUNDAY Fue el Gobierno del Presidente Lugo el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. La falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice. El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza. Sin embargo, esos trabajos eran acompañados por dirigentes de la Asociación de Carperos, quienes abiertamente dirigían la labor de los técnicos y de los integrantes de las fuerzas militares, que han dado lugar a interminables denuncias de los propietarios y también incontables publicaciones periodísticas referidas a esa situación. Y mientras esas invasiones se producían y se daban a conocer amenazas de otras más en otros departamentos de la República, el Presidente Lugo se mostraba siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones, como es el caso de José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre otros, dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos de violencia y de comisión de delitos que eran propiciados y desarrollados a través de esas organizaciones. Fernando Lugo ha sometido las fuerzas militares a los denominados carperos, quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos a la propiedad privada, a la vista de las fuerzas públicas, quienes no actuaron por la indisimulada complicidad del Presidente de la República con esos agresores. Los miembros de esta Cámara recordarán lo ocurrido con la Intendente Municipal de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas Sosa, quien fue víctima de un violento ataque de carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el vehículo en el que se desplazaba. 2.3 CRECIENTE INSEGURIDAD El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. En estos 4 años de Gobierno, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional para potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido no solo insatisfactorios sino también ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en el azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro. Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno, muchas veces con gran cobertura periodística, han tenido como único resultado el total fracaso. Nunca en la historia de este país, la Policía Nacional ha tenido tantas víctimas cobardemente asesinadas por los integrantes del EPP y, a pesar de ello, la conducta complaciente del Presidente siguió inalterable. Todos los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el Presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP. Los costosos operativos dispuestos por el Gobierno durante los dos estados de excepción no han dado resultado alguno y, por el contrario, solo ha generado una mayor fortaleza de ese grupo terrorista armado a través del descrédito y las humillaciones a las que fueron sometidas las fuerzas militares y policiales asignadas al operativo. El Presidente Lugo es el responsable de la creciente inseguridad y es responsable también por haber mantenido por tanto tiempo como Ministro del Interior a una persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo. Esa ineptitud, sumada a la indisimulada relación cómplice entre el Presidente Lugo y los líderes de la asociación de carperos y otras organizaciones que fueron protagonistas de innumerables invasiones de tierras y otros tipos de agresiones son los que han propiciado y facilitado el lamentable suceso que costara la vida a 17 compatriotas, 6 de ellos pertenecientes a la Policía Nacional y que fueron cruelmente asesinados y a sangre fría por auténticos criminales, que también han incitado y manipulado a campesinos del lugar. Luego de esa triste jornada, de la que felizmente se tienen importantes datos y filmaciones que han sido generosamente difundidas por distintos medios de prensa, solo se ha tenido una posición absolutamente equívoca del Presidente de la República en relación a lo ocurrido. Fernando Lugo Méndez y varios de sus ministros, y en especial Miguel López Perito y Esperanza Martínez, han pretendido tratar por igual a los policía cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de esos crímenes. El derecho a reclamar está consagrado por la Carta Magna pero nadie está autorizado a cometer crímenes so pretexto de reclamar derechos y, menos aún acabar con la vida de policías desarmados. Esta misma actitud, se manifestó en la conferencia de prensa brindada por Fernando Lugo con relación a lo ocurrido en la estancia Morumbi, en donde ni siquiera tuvo la delicadeza de prometer el castigo de los asesinos de esos policías y de quienes instigaron a los campesinos a tomar las armas so pretexto de luchar por sus derechos. El Presidente Fernando Lugo está propiciando y fomentando, a través de algunos miembros de su gabinete y de sus cómplices que fungen de dirigentes carperos y otras organizaciones campesinas, un conflicto social de dimensiones impredecibles y que por su comprobada incapacidad no podrá luego solucionar. Personalmente, desde luego, manifiesto mi convicción de que el camino de la crisis y el conflicto social y armado no será el producto de negligencia o simple impericia del Presidente sino directamente el objetivo que el mismo ha buscado durante el tiempo que fue obispo y que hoy pretende desarrollar para proyectar y consolidar su anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del Siglo XXI. Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho de todos los ciudadanos pero resulta inadmisible e injustificable que pretendan poner en pie de igualdad a los criminales y a sus víctimas, a los asesinos y a los policías que fueron cobardemente asesinados. Mientras los familiares lloran por sus muertos, Fernando Lugo debe estar reuniéndose con los cabecillas e instigadores de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Curuguaty y no se visualiza posibilidad alguna de que Fernando Lugo rectifique su conducta, que ya ha costado decenas de vidas de compatriotas que han caído víctimas de la inseguridad que él mismo se ha encargado y esforzado de generar. 2.4 PROTOCOLO DE USHUAIA II. Este documento constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay y ha sido suscrito por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República. Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, destacándose la falta de transparencia en el procedimiento que dio lugar a la firma del documento y a su contenido al punto que hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no lo ha remitido al congreso para su conocimiento y consideración. A través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay. El documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para remplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros. La principal características del Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la %u201Cdefensa de la democracia%u201D, defenderse unos a otros. 2.5 CASO MATANZA CURUGUATY. Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores. Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la Republica, quien desde que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho. No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimiento público, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios. El incidente no surgió espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada Patria. Ya desde la Honorable Cámara de Diputados se levantaban voces de advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una realidad, la pérdida de vidas humanas. Hoy, podemos afirmar que este es el final que deseaba Fernando Lugo, este fue siempre el plan ideado por el mismo, con la única finalidad de crear las condiciones de crisis social y, conmoción interna que justifiquen un asalto del presidente Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la República, con el propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema Republicano. Este deseo desmedido, hoy nos hace lamentar las pérdidas de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista en la historia contemporánea de la República del Paraguay. Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el contrario, fue un acto premeditado, donde se emboscó a las fuerzas del orden público, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la Republica, quien hoy no sólo debe de ser removido por juicio político, sino que debe de ser sometido a la Justicia por los hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de lección a futuros gobernantes. Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe la menor duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no solo desafían y amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan a lo más bajo que puede caer un ser humano, que es atentar contra la vida de otro. Tan poco hoy importa al Presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando que seguirá reuniéndose con estos criminales. Fernando Lugo es el directo responsable de que hoy nuestro país esté viviendo días de luto. Tanto él como su incapaz ex Ministro del Interior Carlos Filizzola, deben responder ante la ciudadanía por los trágicos acontecimientos registrados en el Departamento de Canindeyú. No existe voluntad alguna de combatir estas formas de violencia, que tanto daño ya ha causado a nuestra sociedad, es por ello que debemos de cumplir con nuestra obligación Constitucional, e iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño contra el Presidente de la República, quien desde que asumió el Gobierno ha instado al incumplimiento de órdenes judiciales de desalojo, así como a la promoción de mensuras judiciales sin mediar juicio entre las partes, o abasteciendo de provisiones y enseres a los ocupantes de tierras han sido los signos que marcaron las acciones y el temperamento de este Gobierno. 3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente. 4. CONCLUSIÓN. El Presidente de la Republica Fernando Lugo Méndez ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la Republica, generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde de nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz. La causal de mal desempeño en sus funciones aparece en su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas, socavando los cimientos del Estado Social del Derecho proclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuar lo hace cómplice por acción y omisión en todos los casos antes citados, que legitiman la presente acusación. 5.- DERECHO Se funda la presente acusación por mal desempeño de funciones de conformidad a lo establecido en el Articulo 225 de la Constitución Nacional. 6. PETITORIO. 6.1.- Definitivamente, la gestión del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez ha perjudicado enormemente los intereses supremos de la Nación, que de continuar, apeligra gravemente la convivencia pacífica del pueblo paraguayo y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, por lo que se halla sobradamente justificada hacer lugar a la presente acusación contra el presidente Fernando Armindo Lugo Méndez por la Honorable Cámara de Senadores, por mal desempeño de funciones. 6.2.- En mérito a los argumentos precedentemente señalados dicten resolución, declarando culpable al presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, y en consecuencia, separarlo del cargo que ostenta, de conformidad a lo establecido en el Artículo 225 de la Constitución Nacional. 6.3.- En consecuencia remitir los antecedentes a la Justicia Ordinaria. EN EL SENADO 21 DE JUNIO DEL 2012. «Se declara culpable al acusado Fernando Lugo Méndez, y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo», anunció uno de los secretarios de la Cámara Alta. Las causales son las contenidas en el libelo acusatorio de la Cámara de Diputados del Paraguay. Por una mayoría aplastante, -39 senadores votaron por su condena y cuatro por la absolución-, el presidente Lugo fue destituido y el vicepresidente, Federico Franco, asumió el poder en Paraguay en la misma jornada.
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  2. Los paraguayos que destituyeron a un Presidente elegido democráticamente, no pensaron que iba a tener estas repercusiones. Soy Anti-K, pero quiero que termine su mandato, como corresponde. Y que no digan los paraguayos que nos metemos en lo que no nos importa, si tenemos casi 2 millones viviendo acá!
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