Renegociación con el concesionario del Casino, permitiría instalar más tragamonedas

La renegociación del contrato con el proveedor de tragamonedas del Casino Central autoriza a instalar salas de juego en cualquier lado del Gran Mendoza. Podrían poner bingos y juegos de azar en el Hipódromo. Sigue la polémica por los beneficios otorgados a la empresa

En medio del debate que se desató por el contrato de los tragamonedas por parte del Instituto de Juegos y Casinos (IJC) se produjo un nuevo episodio en esta historia que define aún más la situación evicenciada por MDZ. El nuevo contrato firmado entre el IJC y la empresa concesionaria de los tragamonedas, Mendoza Central Entretenimientos (Cirsa y sus socios), no sólo le permite ganar mucha más plata a la empresa sino que también el acuerdo habilita a la empresa a instalar tragamonedas en cualquier zona del Gran Mendoza.

En el proceso de renegociación la propia empresa pidió esa posibilidad y también solicitó exclusividad en la zona para la explotación de juegos de azar dentro de las salas oficiales.

El nuevo contrato, renegociado a pedido del propio Estado, ha generado fuerte controversia por distintos temas. Uno de ellos es la suba en el canon que cobrará la empresa que pasó del 26 al 47 por ciento de las utilidades de los tragamonedas. Por eso, la Legislatura investiga el tema y podría citar al ex presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, para que de explicaciones como autor de esa negociación.

El Casino Central tiene 569 tragamonedas y ahora se podrá expandir sin límites. En principio se pensó en llegar a 850 máquinas, pero no se puso tope. La novedad es que la empresa concesionaria fue beneficiada con otro plus: instalar más salas de juego bajo su comando en cualquier departamento del Gran Mendoza. Las especulaciones apuntan a la posibilidad de que se abra algún Bingo en la zona y también más salas con máquinas electrónicas. Uno de los lugares elegidos sería el Hipódromo de Mendoza. Los empleados del Casino denuncian que todo el proceso se realizó sin transparencia y saltando licitaciones y controles.

El artículo del nuevo contrato que le da vía libre a la empresa para instalar más salas.

Detalles

Luego de que salieran a la luz algunos detalles de la negociación, Pereyra se sintió tocado y salió a defender lo que considera como logros. En sus argumentos Pereyra desmiente lo que antes ratificó con su firma. Es que, por ejemplo, asegura que la extensión del plazo del contrato es "por tres años" y no por ocho, y que se prevé una prórroga similar a la del contrato anterior.

Lo que en realidad ocurrió es que Pereyra renegoció 8 años de contrato con la empresa con esta metodología: le dan tres años de contrato seguro y 5 de prórroga a opción de la empresa. Es decir, es la misma empresa la que decide si sigue o no. Pero todos los cálculos se realizan en base a esos 8 años. Antes, sólo había una posibilidad de prórroga de 2 años y bajo evaluación del Estado. Incluso en el antiguo contrato no se habían otorgado instrumentos de renegociación. Justamente fue el propio Pereyra el designado para negociar, con una serie de parámetros establecidos por el Directorio del Instituto.

El documento donde Pereyra firma la prórroga por 8 años,
a pesar de que luego lo negó.

La principal polémica está dada en el porcentaje de ganancias que se le otorgó a la empresa concesionaria Central Entretenimientos. La renegociación firmada por Pereyra pasa del 26 al 47 por ciento el canon que cobrará la empresa. Ese porcentaje se logrará de manera progresiva, pero con pocas exigencias.

Pereyra también compara el porcentaje otorgado a los anexos. Lo que no dijo es que en todas las sucursales del Instituto las empresas se hicieron cargo de las obras y de los servicios. En el Casino Central la empresa concesionaria "hereda" todas las obras financiadas por el Estado. Pereyra informa que la empresa se compromete a invertir 3 millones de pesos para mejorar las instalaciones estatales.

La aclaración sobre cuánto ganará la empresa.

De la misma manera, se le imponen una serie de exigencias de recaudación a la empresa que en realidad parecen fácilmente alcanzables. Así, por ejemplo, este año hasta puede ir a pérdida, pues le exigen tener ingresos del 90% respecto al año pasado. A 8 años se exige un crecimiento del 77%, es decir le va a alcanzar sólo con seguir el ritmo de la inflación de cada año para conseguir el objetivo.

La proyección de ingresos mínimos exigidos en 8 años.

Otro argumento de defensa del ex director apunta a justificar la entrega del servicio de bar sin licitación. Pereyra asegura que antes el Estado se hacía cargo de los "gastos de cortesía". Ahora la concesión se entregó y el Estado seguirá haciéndose cargo de gran parte de ese gasto. Pero la recaudación quedará para la empresa.

El inicio de la negociación fue un llamado de atención de los funcionarios del casino por supuestas pérdidas que en realidad no alcanzaron a ser justificadas.

El ex director asegura haber sido parte de un gobierno que restringió el juego. De hecho en ese período fue cuando se sancionó una ley que prohibía la instalación de más casinos. Claro que eso ocurrió luego de que se aprobaran y habilitaran una cantidad aún incierta de salas de juego. Según las autoridades actuales, hay entree 14 y 16 casinos aprobados y que ellos "heredaron" de la gestión de Pereyra.

Pablo Icardi, para MDZ Política

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23 de julio de 2018 | 10:41
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