Denuncias cruzadas entre gremialistas y funcionarios; salud precaria

La negociación se encuentra estancada y pasó para el miércoles 25 de abril. La discusión más dura estuvo rodeada de acusiones: los gremios denunciaron que "noquis políticos" cobran el riesgo psicofísico y desde el Gobierno señalaron que hay médicos que cobran el mismo ítem a pesar de su licencia gremial.

La negociación entre el Gobierno y los gremios más duros del sector de la salud pública no sólo parece estar estancada. A las ofertas y rechazos propios de una negociación salarial -y en términos muy duros, además-, sindicalistas y funcionarios cruzaron acusaciones sobre quiénes deben o no cobrar uno de los ítem que integra el bono de sueldo, el riesgo psicofísico.

La última reunión paritaria fue una réplica de la anterior, con un Gobierno extendiendo la misma propuesta: aseguraron que el sector de la salud ya viene cobrando desde el año pasado aumentos que llegarían al 40 por ciento, sumado a la ampliación del riesgo psicofísico para aquellos 5 mil empleados que no lo cobran.

La oferta no termina de cerrar a ATE y Ampros -que se presentan juntos en la mesa de negociación-, por lo que se dispuso un cuarto intermedio donde los paritarios volverán a verse las caras el miércoles 25 de abril. La exigencia de los sindicatos es que los funcionarios vuelvan con una propuesta superadora.

Uno de los nucleos duros de la discusión pasa por el cobro del riesgo psicofísico. La extensión de este ítem a 5 mil empleados que no están en atención directa de pacientes es considerado por los gremios de la salud como un avasallamiento sobre las conquistas laborales y, aún más, como un hecho de corrupción. Por eso, Raquel Blas expuso sobre la mesa paritaria el caso emblemático de dos funcionarios que cobran el riesgo.

El primero de ellos es el de Carlos Behler, el ex ministro de Salud de la gestión de Celso Jaque. Blas sostuvo que el neumonólogo no cumple con la carga horaria estipulada -recordemos que cuando era ministro, seguía siendo decano de la facultad de medicina de la Universidad de Mendoza- y de cobrar ese ítem por un cargo netamente político en el Hospital Lencinas. Desde el Gobierno, indicaron que Behler sí cumple con las horas en el hospital y que el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, ha decidido acortar la prestación.

El otro caso de un funcionario que cobra el riesgo psicofísico no es menos paradigmático. Se trata de Julio Bellido, miembro paritario que tiene la misión -cruenta- de torcer el brazo de Raquel Blas y Isabel Del Pópolo en la mesa de negociación. Bellido reconoció que cobra el ítem, a pesar de que su labor no tiene vinculación directa con enfermos, ya que es abogado del ministerio de Hacienda. El abogado sostuvo que cobra ese apartado porque es adscripto de la OSEP en el ministerio que dirige Marcelo Costa. Lo curioso es que hace dos semanas atrás, Bellido aseguró ante la prensa que no lo cobraba.

Como los gremios de la salud aseguran que esta extensión del riesgo psicofísico sólo favorecerá a los "noquis" políticos del Gobierno, han solicitado la formación de un comité de interpretación para que dirima en qué casos se debe cobrar este ítem, que representa el 70 por ciento del salario básico. Bellido aseguró que devolverá la plata cobrada por este bonus, acordado el año pasado en paritarias, si el comité decide que los asesores políticos del Gobierno no deben percibirlo.

Pero a su vez, los miembros paritarios no se quedaron atrás. La contraofensiva consistió en exhibir el bono de sueldo de una médica que forma parte de la mesa dirigencial de Ampros, el sindicato de los profesionales de la salud. Los funcionarios sostienen, a su vez, que la médica no debería percibir el riesgo psicofísico ya que se encuentra con licencia gremial. Y sostienen que fueron los mismos sindicatos los que pidieron la extensión del riesgo psicofísico para los adscriptos -aquellos empleados que prestan funciones en una repartición distinta a la que tienen el cargo o contrato, como es el caso de Bellido, llevado por Costa de la Osep a Hacienda-.

Los gremios más combativos del área no descartan más medidas de fuerza como el último paro por 48 horas, a pesar de la conciliación obligatoria que se extenderá hasta el 2 de mayo.

La protesta sería alternativa, tal como lo refleja la advertencia de Roberto Macho, uno de los gremialistas de ATE al término de la reunión: si el Gobierno "miente" a través de los paritarios, los gremios podrían realizar escraches a las viviendas de los funcionarios.

Opiniones (1)
16 de agosto de 2018 | 01:35
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16 de agosto de 2018 | 01:35
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  1. he dejado dos comentarios y no los publicaron, viva por la censura a la opinion del pueblo gracias!
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