Sierra Pintada ¿puerta de ingreso de la política minera nacional?

La Nación tiene en sus planes la reapertura de la mina de uranio ubicada en San Rafael. Pero la ley 7722 es un obstáculo. Por eso creen que podrían impulsar una modificación de esa norma o presionar para anularla. La otra opción es buscar un nuevo método de extracción. Mientras, deben terminar el saneamiento de los pasivos ambientales del lugar y el conflicto está judicializado. Esa mina es clave para los planes energéticos diagramados por la Nación.

Los recursos minerales de Mendoza son objeto de deseo de muchas empresas. Pero no sólo el sector privado está interesado. El Estado nacional está primero en la lista de lobbystas para que la minería se abra paso en la provincia. Y no sólo a través de la retórica: desde Casa Rosada insisten en la reapertura de Sierra Pintada para extraer uranio y así dejar de importar ese mineral, que sirve de combustible para las centrales nucleares.

El proyecto de reapertura está condicionado por la justicia a que antes se realicen todos los trabajos de remediación de las colas de uranio que quedaron en San Rafael por la actividad de esa mina. Ese trabajo está siendo realizado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, mientras en paralelo se buscan estrategias para encarar la reapertura.

El otro “escollo” que tienen es la ley 7722, que prohíbe el uso de algunas sustancias en la minería. Pero en el sector minero de Mendoza aseguran que la Nación será uno de los principales impulsores para lograr modificar esa ley o para presionar sobre la justicia para que sea anulada. “La ley está cercada, o se cae por la Justicia o se cae por la presión nacional para reabrir Sierra Pintada”, aseguró un representante del sector minero. Justamente uno de los grupos que presentó el pedido de inconstitucionalidad contra la ley es la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En el Gobierno de la provincia siguen el proceso de remediación de los pasivos ambientales que dejó la extracción de uranio, tanto los del complejo fabril de Malargüe (financiados por el Banco Mundial), como los de Sierra Pintada, llevados adelante por la CNEA. Admiten las intenciones de la Nación, pero aseguran que aún no tienen en sus manos ningún proyecto nuevo de reapertura. Y ante la posibilidad de que ese proyecto aparezca, relativizan su futuro. “Hoy todo el tema de Sierra Pintada está judicializado y es la Justicia la que autoriza o no los avances. Si se presenta un proyecto de reapertura, va a depender de la tecnología que usen para ver si es compatible con la ley. Por ahora no hay nada”, aseguró Alberto Gurruchaga, jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente.

Un mineral estratégico y un antecedente negro

La mina Sierra Pintada es uno de los íconos del por qué hay tanta resistencia a la minería en Mendoza. Del lugar se extrajo uranio a cielo abierto entre 1975 y 1995. Cuando no siguió siendo conveniente la explotación local del mineral, Sierra Pintada cerró, pero quedaron todos los residuos sin tratamiento y sin que nadie se hiciera cargo.

 

En el año 2003 el Gobierno Nacional lanzó el plan de reapertura de la mina como parte central del Plan Nuclear. La intención es volver a reabrir el yacimiento para extraer la materia prima que sirve de combustible a las centrales nucleares Atucha I y Embalse.  Los planes se potencian con la entrada en operaciones de la central Atucha II, que está prevista para este año por parte de Nucleoeléctrica Argentina S.A.La matriz energética del país está en crisis por su alta dependencia del gas y el petróleo (recursos cada vez más escasos) y la energía nuclear aparece como una alternativa para el Gobierno, sumada a las hidroeléctricas y las energías sustentables. Hoy las centrales atómicas generan alrededor del 5% de la energía eléctrica del país.

Los planes originales de la CNEA iban más allá: planeaban traer a Mendoza la planta de la empresa Dioxitek (radicada en Córdoba) y producir dióxido de uranio en la provincia. Pero desde el año 2004 comenzó una fuerte resistencia a esos planes y la justicia condicionó todo a la remediación de la contaminación. El conflicto sigue.

El Gobierno le dio algunas señales positivas a la reapertura de la mina, luego de una visita del subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Walter Vázquez, en la que dijeron estar conformes con los trabajos realizados y también aseguraron que quieren promocionar esa industria.

Según la información oficial, el plan de saneamiento avanzó en varios de los diques de cola. “El principal problema de Sierra Pintada es el agua. Por eso se trabaja sobre los diques. Ya hay dos diques terminados y otro en reparación. Para este año se prevé trabajar sobre otros tres”, detalló Gurruchaga.

Sierra Pintada no es el único proyecto para extraer uranio. Detrás, también hay otros como Huemul (que tiene la DIA aprobada y aún no es tratada por la Legislatura).

El futuro de la ley

La ley 7722 tiene 12 pedidos para que sea declarada inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Uno de ellos viene de parte de la CNEA, con el objetivo de permitir la reapertura de Sierra Pintada y otros proyectos uraníferos.

Las causas están en su etapa final, aunque hay algunas más demoradas. Es probable que el fallo y la decisión afecte a todas por igual. El último gran hecho agregado fue el rechazo legislativo al proyecto San Jorge, cuestión que le agregó cerca de 5 mil fojas al análisis.

Pero fuera de lo netamente jurídico, las cuestiones políticas también juegan su rol en el máximo Tribunal. Los que conocen el funcionamiento de la Corte explican que la clave de la resolución del tema (más allá de los argumentos, pruebas, etc), está en la composición de la Sala Dos, que es la que decidirá sobre el tema. Hoy esa sala está compuesta por Herman Salvini, Mario Adaro y Carlos Böhm. La otra alternativa es que la Corte decida que se resuelva en plenario, es decir con el voto de los siete ministros. Allí también todos hacen números para ver cómo puede resolverse.

En el Poder Ejecutivo aseguran que la ley 7722 se va a respetar. Pero eso no significa que estén de acuerdo con la norma. De hecho, antes y después de asumir el poder hay funcionarios que se han manifestado en contra del espíritu de esa ley.

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19 de junio de 2018 | 23:17
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