Claves para la nueva gestión hídrica de la provincia

En Mendoza el agua es un recurso esencial. Pero, como paradoja, no se tiene claro cuánta hay, habrá y hace falta para cubrir todas las necesidades. La nueva gestión en Irrigación buscará mejorar la imagen de esa institución y recuperar la confianza. Prometen realizar el postergado balance hídrico y hacer pagar a quienes contaminen.

Si alguien quiere hacer una radiografía de la provincia, hay una buena cantidad de datos disponibles que pueden ayudar. Mendoza sabe cuánto es su Producto Bruto Geográfico, cuál su índice de desempleo; también sabe las reservas de petróleo disponibles; la cantidad de personas que requieren asistencia social y muchos datos estructurales más. Pero en esa enorme cantidad de información falta un dato fundamental y que hasta suena a paradoja: en Mendoza no se sabe con precisión cuánta agua disponible hay y, peor, cuánto se usa y qué reservas existen.

La deuda no es nueva, sino todo lo contrario. Ocurre que no se ha realizado el balance hídrico, como dispone la ley, para saber cuánta agua disponible hay, cuántos permisos se otorgaron, si se pueden seguir otorgando o no, si hay irregularidades en los volúmenes usados y muchas otras cosas más. Se trata de una de las falencias de la larga lista de problemas del sistema hídrico provincial y que ahora deberá ser abordada por la nueva conducción en el Departamento General de Irrigación, equipo que será conducido por José Luis Álvarez.

Pero antes de echarle mano a las herramientas técnicas, Álvarez admite una necesidad política en ese organismo: mejorar la imagen y recuperar el prestigio que Irrigación tuvo durante buena parte de sus más de 100 años de vida institucional. La última gestión, que terminó con la renuncia de Eduardo Frigerio, dejó un manto de sospechas sobre cómo se puede usar la administración del agua para favorecer a determinados intereses, terminando todo con escándalo político. Para buscar ese cambio, Álvarez promete una gestión abierta y afianzada en las bases de ese organismo: los regantes y usuarios.

La primera promesa hecha por Álvarez es hacer el postergado balance hídrico. La falta de esa herramienta hace, por ejemplo, que los permisos de agua otorgado sean muchas veces en base a variables especulativas, negociaciones poco transparentes y también con bases técnicas no siempre sólidas.

En general se sabe que el sector agrícola es el que más agua derrocha, que la industria (principalmente la petrolera) es el sector que más contamina, y que para el consumo humano hay zonas donde tienen dudosa factibilidad. Pero el balance hídrico permitirá tener información objetiva y precisa sobre cómo están usando el agua los mendocinos y la disponibilidad real de ese recurso estratégico.


Diez medidas

Como carta de presentación, el equipo de Irrigación presentó un escrito con sus primeras medidas de gestión. Es algo así como la base de sustento de la nueva política hídrica.

Los primeros temas en esa lista tienen que ver con la democratización de la información y la toma de decisiones. Para ello, prometen crear un Consejo Consultivo Científico y Técnico para brindar información calificada, realizar recomendaciones y aportes respecto de planes, programas, proyectos y acciones específicas. También quieren dar más participación a los usuarios en la elaboración del presupuesto y la convocar a los consejos de cuenca.

Una de las medidas que promete ser clave, tiene que ver con la contaminación de los cauces y sobre quiénes se hacen cargo de las responsabilidades. En el documento de inicio de gestión, Álvarez explica que quiere que las empresas que generan la basura se hagan cargo. Concretamente lo menciona con las botellas de plástico, que son uno de los tipos de residuos que más ensucian los cursos de agua. Según la información de Irrigación “son 1.200 aproximadamente las toneladas de residuos PET que no pueden ser recicladas de las 2.000 que se producen anualmente”.

Mucha de esa basura va a parar al agua. Por eso quieren que a través de una ley “los gastos que demanda el vuelco indiscriminado de los envases sea internalizado por la empresa elaboradora y no asumido como una externalidad negativa por las organizaciones de usuarios, DGI y la comunidad toda”. En criollo, serían los fabricantes de las botellas (las empresas de bebidas) quienes deberían pagar por la contaminación. Hoy, la limpieza de cauces está a cargo de los propios regantes.

Pero fuera de esa contaminación, cosmética y problemática por los desbordes que produce en los cauces, Álvarez asumió con una demanda social fuerte: mejorar los controles sobre las industrias. Allí la actividad petrolera aparece en primer término, pero en el horizonte la presión social le pide a Irrigación que esté cerca de la actividad minera, como una especie de perro guardián. Hasta ahora las respuestas de Álvarez han sido evasivas, escudándose en que no hay ningún proyecto en análisis, sin tener en cuenta el mega emprendimiento minero Potasio Río Colorado.
Opiniones (0)
22 de agosto de 2018 | 00:57
1
ERROR
22 de agosto de 2018 | 00:57
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"