Proyecto legislativo para acelerar las órdenes de allanamiento

Los diputados provinciales Luis Petri y Carlos Ciurca, presentaron hoy una propuesta con el fin de mejorar el mecanismo con el que actualmente se generan las medidas. Confían en que se aprobará antes de 10 días.

A raíz de las 4 horas que demoró la orden de allanamiento del 9 de agosto para dar con los delincuentes que habían robado al empresario de Guaymallén, Roberto Righi, los diputados Luis Petri (UCR) y Carlos Ciurca (PJ), presentaron un proyecto con el fin de subsanar algunos puntos jurídicos que consideraron poco claros.

La propuesta legislativa que espera a la brevedad ser tratada en la Cámara Baja local, hizo blanco en cinco puntos básicos que contribuirían para despejar algunas trabas en pos de otorgarle celeridad a la emisión de una orden en casos indispensables.

En primer lugar se especificó un plazo de 3 horas como máximo para que los jueces se expidan (positiva o negativamente) sobre algún tipo de pedido de una orden de allanamiento.

Por otra parte, propone establecer que tanto el preventivo del fiscal como la comunicación del decreto que ordena el allanamiento se pueda realizar a través de medios electrónicos o de un fax. El antecedente inmediato de la modificación propuesta para ese punto en el Código Procesal Penal de Mendoza, según Petri, “está en el Código Procesal Penal de la Nación”.

Otro asunto importante considerado por el proyecto es el de los casos urgentes. Ante delitos graves, propone que el fiscal pueda solicitar el allanamiento al juez de garantías en forma telefónica.

Además, que la solicitud de allanamiento pueda ser realizada por el fiscal de instrucción o por el funcionario en quien delegue las medidas, por ejemplo, en los ayudantes de los fiscales.

También que en el caso de que se considere la medida en lo que jurídicamente se conoce como “el registro”, la orden pueda provenir de un fiscal o de un juez de instrucción. Actualmente los allanamientos pueden ser realizados en morada, donde vive el sospechoso, o en registros, lugares no considerados como morada.

En tanto el proyecto de modificación propone modificar el artículo 221 del Código Procesal Penal de Mendoza. En lo que se refiere a los cuatro puntos en que se puede proceder a un allanamiento sin orden judicial.

A las argumentaciones que consideran posibles incendios, voces que piden auxilio, persecuciones de sospechosos de delitos o una denuncia que alerte sobre la introducción de personas a un local o un hogar, se sumó una quinta razón: cuando se haya constatado verazmente que una persona se encuentra secuestrada.

Para Petri, la modificación de la Ley 6.730 “es inminente, debido a que la justicia necesita de éstas reformas técnicas que sólo buscan mejorar los mecanismos que tengan como objetivo bajar los índices de inseguridad provincial”.
Opiniones (1)
17 de julio de 2018 | 06:57
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17 de julio de 2018 | 06:57
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  1. Los politicos tienen la rara virtud de cajonear los buenos proyectos y aprobar las boludeses, espero por el bien de los mendocinos que este no sea el caso. Muchachos dejense de joder y hagan algo con el tema de la seguridad. Los que hemos sufrido la inseguridad pedimos que los tramites en la justicia se aceleren
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