Ordenan agilizar la ayuda económica a discapacitados

Según un fallo judicial, el Ministerio de Salud de la nación, se deberá reglamentar la ley que dispone el otorgamiento de ayuda económica a las personas con discapacidad y en estado de necesidad.

El artículo 33 de la ley, sancionada en 1997, estableció que "se otorgará cobertura económica con el fin de ayudar económicamente a una persona con discapacidad y /o su grupo familiar afectados por una situación económica deficitaria".

Así lo resolvió la Jueza en lo Contencioso Administrativo  Federal Claudia Rodríguez Vidal al hacer lugar a una acción de  amparo presentada por una mujer que sufre artritis remoidea, una  enfermedad que le provoca un serio deterioro físico y que requiere de cuidados especiales que no puede costear.

"Corresponde ordenar al Ministerio de Salud que proceda a dictar, juntamente con la Comisión Nacional Asesora para la  integración de Personas Discapacitadas, las normas que resulten  necesarias para la aplicación del beneficio previsto en el artículo 33 de la Ley 24.901" , señala el fallo.

El artículo 33 de la ley, sancionada en 1997, estableció que "se otorgará cobertura económica con el fin de ayudar económicamente a una persona con discapacidad y /o su grupo  familiar afectados por una situación económica deficitaria".

Sin embargo, la Ley de Protección Integral para las Personas  con Discapacidad nunca se aplicó y es por eso que la mujer  realizó la presentación.

En tanto, si bien la resolución de la jueza alcanza solamente  a esta mujer que presentó el amparo, deja el camino abierto para  que otras personas con similares características se presenten ante la Justicia.

La mujer -cuya identidad se mantiene en reserva- padece esta enfermedad que le imposibilita trabajar, y necesita de cuidados especiales a los cuales no puede acceder por falta de dinero.

Además, vive en una habitación alquilada junto con su hija  menor y su marido, quien también se encuentra desocupado y sólo  percibe un plan Jefes y Jefas de Hogar.

Por esa razón, el 3 de febrero de 2005 la mujer pidió al Programa Federal de Salud (PROFE) del ministerio ayuda económica ya que no podía satisfacer sus necesidades básicas.

Al no haber respuesta, se presentó ante la Defensoría del  Pueblo de la Ciudad quienes insistieron ante el Poder Ejecutivo la  implementación de dicha ley.

Tampoco hubo respuesta, y por esa razón la mujer presentó una  acción de amparo ante la Justicia contra el Estado, el Ministerio  de Salud, y el PROFE.

En su descargo, la cartera de Salud negó omitir el tema y  aseguró que la reglamentación de la Ley le compete al Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, la jueza entendió que "la actora cuestiona una  omisión de la Administración Pública que le impediría obtener una  cobertura económica por su condición de discapacitada", y dijo que no advierte "obstáculo alguno para admitir que la controversia se  sustancie por esta vía".

Por el momento, el cumplimiento de la sentencia se encuentra  suspendido porque el Estado apeló la decisión de la jueza ante la Sala III de la Cámara.
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19 de junio de 2018 | 07:55
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