Pedirán imputación para De La Rúa por represión en 1999

Son familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y entidades sindicales de Corrientes exigirán mañana la imputación del ex presidente y su ex ministro del Interior Federico Storani. Es por la muerte de dos jóvenes y 40 heridos en represión de Gendarmería Nacional en 1999.

Familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y entidades sindicales exigirán mañana que el ex presidente Fernando De La Rúa y su ex ministro del Interior Federico Storani sean imputados como "máximos responsables" por las muertes de dos jóvenes y el saldo de unos 40 heridos en una represión que encaró la Gendarmería Nacional en 1999.

Al cumplirse mañana 8 años del desalojo de unas dos mil personas que mantenían cortado del puente General Belgrano, que une Corrientes con Chaco, los manifestantes realizarán un acto de protesta, a las 10:00, frente al juzgado Federal de la capital provincial para reclamar la  eactivación de la causa.

De la Rúa y Storani están acusados de haber ordenado la represión que llevó adelante el comandante de Gendarmería del Segundo Cuerpo, Ricardo Chiappe, para quien también solicitarán que quede imputado.

El 17 de diciembre de 1999 Corrientes padecía la crisis institucional, política y económica más grave de su historia, con una deuda salarial con los empleados públicos de tres meses, que terminó en la designación dispuesta por De la Rúa del ya fallecido gobernador cordobés Ramón Mestre como interventor federal de la provincia.

"En todos los casos, los disparos de armas de fuego fueron de la Gendarmería Nacional y por ello se pedirá la imputación a los principales responsables, el ex presidente, el ex ministro del Interior y el comandante Chiappe, quienes dieron la orden de desalojar el puente a cualquier costo", anunciaron este domingo las organizaciones convocantes.

A través de un comunicado, destacaron "la falta de actividad procesal en la mencionada causa durante los últimos años", que llevó a que "pese a los testimonios de testigos y ciudadanos que claramente identifican a los agresores, no haya aún avances de ningún tipo".

El dirigente del movimiento Barrios de Pie, Diego Vigay, explicó a la agencia Noticias Argentinas que "abundan los testimonios de testigos" para que los acusados queden imputados y luego el juez, Carlos Soto Dávila, resuelva si fueron partícipes de "homicidio calificado u otro delito". 

"Creemos que si en Corrientes se hará en febrero próximo un juicio oral contra seis ex represores de la última dictadura por delitos contra los derechos humanos, no debe haber inconvenientes para juzgar a un ex presidente que cometió similares atrocidades  en un nuestra provincia", señaló.

Las víctimas fatales fueron los jóvenes Mauro Ojeda y Francisco Escobar, quienes participaban de una manifestación encabezada por docentes y otros trabajadores estatales que exigían la normalización institucional y económica de la provincia, cuatro meses después de la caída del gobierno del Partido Nuevo, y de la detención del ex intendente de la capital Raúl Tato Romero Feris.

La misma crisis generó una deuda salarial de tres meses en todos los sectores de la administración provincial y el pase de grado por decreto de miles de alumnos de todos los niveles educativos ya que las clases habían cesado a mitad de año por un paro por tiempo indeterminado.
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16 de julio de 2018 | 06:10
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