Abuelas reclamó que los militares detenidos sean alojados en cárceles comunes

La organización pidió "inmediato traslado" del personal castrense encarcelado por violaciones a los derechos humanos a predios del Servicio Penitenciario Federal.

"Las condiciones de detención que posibilitan la autolesión o el homicidio constituyen una violación a la garantía del Estado", explicaron en un escrito presentado ante la justicia.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo solicitó el "inmediato traslado" de detenidos por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El pedido está vinculado con la reciente muerte del prefecto Héctor Antonio Febres, mientras cumplía detención en dependencias de la Prefectura Naval Argentina, en la zona del delta bonaerense.

La muerte extinguió la acción penal contra Febres, cuyo juicio oral y público podría haber culminado hoy con un veredicto por parte del Tribunal Oral Federal número cinco (TOF 5) en la causa en la que estaba procesado por privaciones ilegales de la libertad y tormentos a cuatro sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada.

A través de su presidenta, Estela de Carlotto, la asociación, que actúa como querellante en esas causas, efectuó sendas presentaciones ante los jueces federales Daniel Rafecas y Sergio Torres, que tramitan las megacausas "Primer cuerpo del Ejército" y "ESMA", respectivamente.

Según las fuentes, un planteo similar fue presentado ante el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, que investiga hechos ocurridos en esa época en jurisdicción de Campo de Mayo.

"La verificación de que el reciente y público deceso de Héctor Antonio Febres se produjo a causa de la ingesta de cianuro constituye un elemento que no puede pasar inadvertido" por el juez "al disponer el lugar de detención de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar", consignó el escrito firmado por Carlotto.

"Debe recordarse -agregó- que Febres fue hallado muerto en su celda ubicada en una dependencia de la Prefectura Naval a solo tres días de conocerse la sentencia en el juicio que se le seguía por los crímenes de lesa humanidad que cometió en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA".

Para Carlotto, "este gravísimo hecho justifica, por si solo, que se disponga el traslado de quienes se encuentran detenidos en prisión domiciliaria y en unidades que no dependan del SPF, pues resulta evidente que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias que requiere la detención de este tipo de imputados".

La querellante afirmó que "la detención de imputados por crímenes de lesa humanidad en unidades de la propia fuerza que integraron o en su domicilio constituye claramente un privilegio, estrictamente prohibido por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".

En los escritos, patrocinados por los abogados Luciano Hazán y Alan Iud, se expuso que "las actuales condiciones de detención de numerosos imputados por crímenes de lesa humanidad pone en riesgo cierto y concreto la garantización efectiva" del derecho de los familiares de las víctimas a que los ilícitos sean "debidamente investigados y castigados".

La querellante concluyó que "las condiciones de detención que posibilitan la autolesión o el homicidio de los imputados constituyen, a la luz del deceso de Febres, una violación a la garantía del Estado", comprometido a "adoptar las medidas necesarias" para que los juicios y condenas a los responsables sean posibles.

 
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