Argentina ratificó la Convención sobre Desapariciones Forzadas

El país es el segundo en el mundo, y primero en América, en reconfirmar el documento convertido en ley en el mes de noviembre. Esta medida es una de las primeras adoptadas en materia de relaciones exteriores por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “como una forma de demostrar la continuidad en la política de derechos humanos”, afirmaron en la Cancillería.

La Argentina se convirtió en el primer país de América y segundo en el mundo en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas -sancionada el 14 de noviembre como la Ley 26.298- en el momento en que el Poder Ejecutivo depositó el instrumento de ratificación en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Por instrucción de la Presidenta, y ante la trascendencia de este acontecimiento histórico para la política de derechos humanos de nuestro país, el canciller Jorge Taiana designó al Subsecretario de Política Latinoamericana, Agustín Colombo Sierra (quien tiene dos hermanos desaparecidos), para que llevara el instrumento de ratificación a la sede de las Naciones Unidas.

“Es una forma de demostrar que hay continuidad en la política de derechos humanos”, explicaban este viernes en Cancillería.

Cristina Fernández de Kirchner, aún como candidata a la presidencia, viajó a Francia para firmar la Convención que ya había sido aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2006.

Colombo Sierra presentó la ratificación en nombre del gobierno nacional y en representación de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.

La Convención llena el vacío existente en el derecho internacional, tanto en la prevención de las violaciones a los derechos humanos como en la obligación de los Estados de investigar y sancionar a los responsables.

Una de sus disposiciones más importantes consagra la jurisdicción universal para garantizar la obligación de todo Estado-parte de investigar, detener y eventualmente juzgar a toda persona que se encuentre en su territorio, de la que se supone que ha cometido este tipo de delito, o de extraditarla, sin que se pueda considerar a la desaparición como un delito político como excusa para rechazar el pedido de extradición.

Colombo Sierra, acompañado por el embajador argentino ante la ONU Jorge Argüello, informó que “Argentina liderará una campaña mundial para incentivar a los estados a que ratifiquen la Convención para su pronta entrada en vigor” porque si bien 71 países firmaron el documento, hasta ahora sólo Albania y nuestro país lo ratificaron ante las Naciones Unidas y se requiere que 20 países lo hagan para que la Convención entre en vigencia.
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