Rechazan el pedido de juicio político contra un juez de la Suprema Corte

Los diputados provinciales descartaron el pedidio de juicio político que un gremio estatal había solicitado contra el magistrado Alejandro Pérez Hualde. La votación arrojó 39 votos por el rechazo y envío al archivo del expediente que contiene el pedido de juicio y ninguno por la continuidad legislativa del proceso solicitado.

El pedido de juicio político al juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Pérez Hualde, fue rechazado por unanimidad y remitido al archivo por la Cámara de Diputados. El pedido había sido formulado por el representante gremial del Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados (SITEA), Víctor Hugo Dagfal.

El juez supremo está en la mira de los empleados públicos por un fallo que rechazó el reclamo de cerca de 2.000 estatales que solicitaron la restitución del pago de la antigüedad desde 1997 hasta 2003. Según Dagfal, Pérez Hualde tiene una "manifiesta animosidad contra los estatales".

El gremialista llegó la semana pasada a la Legislatura para pedir el juicio político contra el juez, con pruebas que supuestamente demuestran el rechazo de Pérez Hualde a los todos los reclamos elevados por los empleados públicos. "Hay sentencias firmadas por él, y todas son en contra de los estatales", aseguraba el sindicalista.

Pero los legisladores no avanzarán en el pedido de juicio político a Pérez Hualde. El diputado Daniel Ortiz (CC) rechazó "in limine" la solicitud de Dagfal y fundamentó esta propuesta. De la misma forma se expidieron Alberto Sánchez (PD); Raúl Vicchi (UCR); Juan Antonio Gantus (PJ); Roberto Blanco (Concertación Plural); Ricardo Puga (Partido de Todos por los Derechos Sociales); y Néstor Piedrafia (ARI).

La votación arrojó 39 votos por el rechazo y envío al archivo del expediente que contiene el pedido de juicio y ninguno por la continuidad legislativa del proceso solicitado.

Ortiz manifestó que, si bien la institución de juicio político está prevista en el inciso 2 del artículo 109 de la Constitución Provincial, era notorio el desconocimiento del derecho por parte del denunciante y tal expediente no debería estar instalado en el ámbito político de la Cámara Baja sino en una Cámara de Apelaciones del Poder Judicial.

Entre los argumentos esgrimidos por Ortiz se destacaron "la confusión de orden jurisdiccional que manifiesta Dagfal; que los cargos y causales presentados son infundados y no han sido probados y –señaló- que gran parte de los cargos no resisten el menor análisis".

Finalmente, continuó Ortiz, "algunas pruebas presentadas por el dirigente gremial, a través de recortes periodísticos, son las mismas sostenidas por él cuando se opuso a la postulación de Pérez Hualde a la magistratura mencionada".

Por último el legislador consideró que "si bien es importante la participación de la ciudadanía en el control de los actos de los miembros de las instituciones públicas, ésta debe hacerse de forma responsable".
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18 de julio de 2018 | 11:54
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