El Gobierno se presentó como querellante en una causa contra Videla y Massera

La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en una causa iniciada contra los represores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera como consecuencia del golpe de Estado de 1976 que había sido archivada.

La presentación del organismo que encabeza Eduardo Luis Duhalde fue realizada ante el juzgado federal de Ariel Lijo e incluyó la reapertura de la causa 4852, que había sido archivada luego de que los jefes del golpe fueran favorecidos por el indulto.

Duhalde fundamentó ante el juez que "el grupo de sediciosos subvirtió el orden constitucional, imponiendo en el vértice de la pirámide jurídica y por encima de nuestra Ley Fundamental a su propio estatuto".

Asimismo, indicó que "disolvió el Congreso Federal, intervino la central de trabajadores y los sindicatos, prohibió el accionar de los partidos políticos e implantó un férreo régimen de censura sobre los medios de comunicación social".

"Al mismo tiempo impuso una política masiva y sistemática de exterminio de personas de todas las edades y condición social que consideró desafectas al orden autoritario establecido", indica el texto de la presentación.

Voceros judiciales indicaron que la querella fue dirigida contra Videla y Massera porque el tercer miembro de la Junta de Comandantes, Orlando Agosti, falleció.

Además, se apuntó contra quienes integraron el gabinete del gobierno dictatorial, entre los que se incluye a los civiles que ocuparon el Ministerio de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz y el Ministerio de Educación, Ricardo Bruera, junto con el resto de militares que ocuparon los ministerios y secretarías. 

"Esto resulta demostrativo de la participación de sectores civiles asociados en la aventura golpista que dio comienzo a la ejecución de un plan que se valió de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos", detalló la presentación de la Secretaría que además informó en un comunicado de prensa que se solicitó ademas que se declare la inconstitucionalidad de los indultos, tal como fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Es un deber del estado democrático buscar la sanción penal de quienes cometieron el asalto a las instituciones de la República con las consecuencias señaladas. La lucha contra la impunidad hace
indispensable la reapertura de esta causa judicial y su prosecución hasta la condena", indicó Duahlde en la presentación.
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26 de mayo de 2018 | 18:56
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