Minera canadiense fue a la Corte de Justicia por la "Ley Cobos"

La empresa Energía Mineral presentó ayer una demanda contra Mendoza para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley provincial 7.722, que prohíbe el uso del cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y "otras sustancias tóxicas similares" para la industria minera y establece que las declaraciones de impacto ambiental deben ser ratificadas por una ley.

La empresa Energía Mineral (EMSA) presentó ayer una demanda contra la provincia de Mendoza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 7.722, conocida como “Ley Cobos”, sancionada a fines de junio, publica hoy el diario minero Mining Press.

Según el periódico electrónico al que se accede por suscripción: “La acción fue presentada ante el máximo tribunal nacional y no ante la Justicia mendocina porque según el artículo 117 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte, los juicios en los que sea parte una provincia y se discutan materias de carácter federal (como violaciones a la Constitución Nacional y tratados internacionales) corresponden exclusivamente a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló la minera en un comunicado.

Seis empresas, además del personal de la CNEA habían recurrido a la Justicia mendocina a fines de julio para plantear la inconstitucional de la norma con la cual Julio Cobos, en connivencia del demócrata Jorge Difonso y el radical Walter Sáenz de Mendoza, clausuró la posibilidad de hacer minería en una provincia que cuenta con importantes recursos. En el debate parlamentario, los legisladores agregaron a la veda la explotación del uranio.

EMSA, subsidiaria de la canadiense Calypso Uranium Corp., explora uranio en distintas provincias de Argentina, implementando sus programas de prospección y exploración. “Actuamos dentro del marco de minería moderna, sustentable y responsable y somos la única empresa dedicada a la minería de uranio con un programa de Seguridad y Protección Radiológica, bajo estándares internacionales y de aplicación interna y externa. Una de las pocas empresas, cuyos IIA (Informes de Impacto ambiental) son de dominio público para consultas”, destacó a Mining Press el directivo Jorge Galdames.

La Ley cuestionada prohíbe el uso del cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y “otras sustancias tóxicas similares” pero únicamente para la industria minera y establece que las declaraciones de impacto ambiental requeridas para todas las etapas de la actividad minera deben ser ratificadas por una ley provincial.

“Las empresas radicadas en Mendoza pueden usar estas sustancias, siempre y cuando su actividad no esté relacionada con la minería. Por ello, uno de los fundamentos de la acción declarativa es que la ley 7.722 es discriminatoria y viola el derecho a la igualdad ante la ley, establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional”, sostuvo EMSA.

“La Ley es discriminatoria y arbitraria, violatoria de la garantía de Trato Justo y Equitativo acordada por la República Argentina a inversores extranjeros mediante tratados internacionales. La Provincia tiene la facultad de reglamentar la actividad minera.

Sin embargo, reglamentar no es prohibir”, sostiene la presentación iniciada por el estudio Estudio Beretta Godoy S.C., de la Capital Federal.

“La minería es una actividad declarada de interés público por el Código de Minería y está protegida por el Artículo 14 de la Constitución Nacional, que otorga a los habitantes de la Nación el derecho a ejercer toda industria lícita. El ácido sulfúrico y el cianuro son sustancias indispensables para la actividad minera, por lo cual prohibir su uso equivale a prohibir la minería en Mendoza y viola el derecho constitucional de ejercer una industria lícita”, señaló EMSA en su comunicado.

Añadió que “Energía Mineral no cuestiona las facultades de Mendoza para reglamentar la actividad minera con los más altos estándares de protección ambiental. Sin embargo, reglamentar no es prohibir: En lugar de ejercer las facultades otorgadas por la Constitución Nacional, las leyes nacionales, la Constitución Provincial y la legislación provincial, la Provincia resolvió prohibir la actividad minera.

Esta prohibición es arbitraria por violar el “principio de razonabilidad” establecido en el Artículo 28 de la Constitución Nacional, que dispone que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio”.

“Asimismo, la ratificación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental, es contraria al principio de la división de Poderes del Estado, ya que si bien el Poder Legislativo tiene la facultad de dictar leyes generales que rijan para lo futuro, carece de las atribuciones para otorgar permisos o aprobar actos puntuales que son propios y de jurisdicción exclusiva del Poder Ejecutivo”, subrayó.

“Por tratarse de una norma discriminatoria y arbitraria, la acción presentada por Energía Mineral invoca que la ley 7.722 viola también la garantía de “trato justo y equitativo”, establecida en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre la Argentina y Canadá”.
 
Opiniones (1)
22 de febrero de 2018 | 22:03
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22 de febrero de 2018 | 22:03
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  1. La ley de Cobos, impresentable desde lo jurídico, demagágica desde lo político y mentirosa desde lo ambiental, va a terminar siendo declarada inconstitucional. A Cobos qué le importa, si total el quedó bien con todos como político mediocre que es. La minería existe en todos los paises, sólo la ignorancia de algunos y la falta de escrupulos políticos de otros pudieron generar una ley así
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