Diputados regulará las papeleras

Un proyecto de ley que reglamentará los "presupuestos mínimos de protección ambiental" está listo para ser tratado en la Cámara Baja de la Nación.

Tras recibir el dictamen favorable de las comisiones de Industria y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, la iniciativa ya se encuentra en condiciones de ser debatida en el recinto.
 
La norma, que busca establecer los requisitos mínimos de protección ambiental con respecto a la eliminación de la emisión de gases tóxicos de las pasteras, fue ingresada en la Cámara baja luego de que se iniciara el conflicto con Uruguay por la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos.

En medio del clima de tensión entre ambos gobiernos (incrementado en las últimas horas por la orden uruguaya de cerrar los tres pasos fronterizos) la medida adquiere mayor relevancia y, aunque no está pactado, podría tratarse esta semana.

De aprobarse, pasaría a la Cámara de senadores, donde podría tratarse durante los primeros meses del próximo año.

El proyecto, avalado por el ARI, el Frente para la Victoria y el Peronismo Federal busca regular el funcionamiento de las pasteras que ya están instaladas y restringir la puesta en marcha de nuevos emprendimientos similares, ya sea dentro del territorio nacional, como en los países vecinos, si es que se
levantan cerca de las fronteras.

Entre otras cosas, la idea es evitar posibles conflictos similares al que actualmente se tiene con el gobierno de Tabaré Vázquez, desencadenado por la construcción de una papelera en el margen oriental del río Uruguay, límite entre ambos países.

Según el texto de la iniciativa, las papeleras no podrán eliminar emanaciones de dibenzoparadioxinas (PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PCDF), ni usar "gas de cloro, de dióxido de cloro o cualquier otra sustancia o reactivo que contenga o genere cloro o dióxido de cloro, en el proceso de producción y blanqueo de la pasta de celulosa o pulpa de papel".

Además, deberán someterse a los estudios de "Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) para instalar, ampliar, cerrar o reconvertir las plantas".

Si el proyecto reconvierte en ley, las autoridades nacionales no autorizarán instalaciones ni modificaciones sobre las fábricas ya existentes si previamente no se prueba que sus procesos productivos poseen las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs), para alcanzar un alto nivel de protección ambiental.

Las plantas de celulosa en funcionamiento deberán adquirir sistemas de auditoría para elevar informes anuales a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

El proyecto incluye a todos los emprendimientos encargados de la separación de fibras de celulosa, la producción de pasta de celulosa o pulpa de papel, la fabricación de papel, y el tratamiento y disposición de los residuos generados, en o por esas actividades.

Entre sus artículos, la iniciativa prevé que la Nación y las provincias tendrán que ofrecer apoyo técnico y crear programas de crédito subsidiados para financiar "la sustitución de las metodologías que no se adapten a esta ley y el reciclado de papel".

De no cumplir con estas futuras normas, el proyecto estipula penas que van desde el apercibimiento hasta el cese definitivo de la actividad y clausura de la fábrica.
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22 de julio de 2018 | 18:12
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