La Cumbre instó a Gran Bretaña a reanudar la negociación por Malvinas

Los presidentes y jefes de Estado participantes dieron un fuerte respaldo al pedido argentino sobre la soberanía de la Islas.

La Cumbre Iberoamericana reafirmó este sábado "la necesidad" de que Argentina y Gran Bretaña "reanuden" las negociaciones tendientes a encontrar una rápida solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas".

La decisión la adoptaron por consenso los presidentes y jefes de Estado participantes de la XVII Cumbre Iberoamericana, que concluyó este sábado luego de tres días de dliberaciones en Santiago de Chile.

De esa forma, el foro que reúne a los 22 mandatarios y jefes de Estado iberoamericanos dio nuevamente un fuerte respaldo al pedido argentino para que Gran Bretaña se siente a dialogar sobre las islas Malvinas, cuya soberanía Argentina reivindica y que están en poder de aquel país desde 1982.

El primer respaldo de la Cumbre se produjo en 1997, en las deliberaciones realizadas en Isla Margarita, Venezuela, y así sucesivamente en las siguientes.

El comunicado especial en el que se hizo pública la resolución expresa que el pedido de los mandatarios es que esas negociaciones se reanuden "a la brevedad" y se extienden a los archipiélagos de "Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes".

Precisa el comunicado que el reclamo se hace en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el principio de integridad territorial".

La Cumbre, en la denominada Declaración de Santiago, agradece a los gobiernos de Argentina, porque organizará la Cumbre de 2010 -año del bicentenario-, y también a los de El Salvador, la próxima; de Portugal (2009) y España (2012 en Cádiz).

La Declaración adopta el convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que les permitirá a los trabajadores que migren conservar su antiguedad laboral, y los países se comprometen "a impulsar los procedimientos internos para su entrada en vigencia".

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estimó que los beneficiados serán unos 5.000.000 de trabjadores migrantes.
La Declaración consideró necesario además "asegurar un crecimiento económico perdurable que garantice el desarrollo humano sustentable y la capacidad del Estado para implementar políticas y programas con ese fin".

También "adoptar políticas para aumentar la creación de trabajo decente y de calidad" y "colaborar estrechamente para colocar en el núcleo central de la agenda internacional el interés por la cohesión social y la necesidad de alcanzar sociedades más inclusivas".

Otro punto de la Declaración de Santiago reclama "impulsar un mayor desarrollo y coordinación de las políticas sociales para la superación de la pobreza" y, en ese sentido, pide "ejecutar políticas, especialmente dirigidas al bienestar y la calidad de
vida de los grupos más vulnerables".

Otro punto sostiene que hay que "enfrentar las asimetrías e injusticias en las relaciones económicas y comerciales internacionales, con miras a favorecer el aumento del comercio internacional con consecuencias positivas sobre el nivel de empleo y la inclusión social".

Evaluó necesario además "fortalecer el multilateralismo y el papel central de las Naciones Unidas con apego a sus propósitos y principios, el combate del terrorismo y la delincuencia organizada transnacional y el rechazo a las medidas coercitivas contrarias al derecho internacional".

También "implementar reformas tributarias mediante acuerdos o pactos fiscales u otras formas de concertación político-social, que otorguen viabilidad a las políticas requeridas para el desarrollo humano sustentable y la cohesión social, fortaleciendo a la vez la administración tributaria, evitando el fraude y la evasión".

Los mandatarios de la Cumbre consideraron importante asimismo "reconocer que para hacer frente a los problemas sociales de la región se necesita un amplio y auténtico diálogo social, basado en un clima de entendimiento, donde gobiernos, empresarios y
trabajadores aúnen esfuerzos a través de acuerdos o pactos sociales y otras formas de concertación social para la generación de riqueza y trabajo digno y productivo.
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16 de agosto de 2018 | 09:39
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