El Gobierno avanza para controlar a los otros poderes

El presidente Néstor Kirchner firmó un decreto que le otorga a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), un organismo que depende del Poder Ejecutivo, el control financiero sobre el Congreso Nacional y el Poder Judicial.
Leandro Despouy, a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), dijo que el decreto “es inconstitucional” y prepara un dictamen interpretativo.

El decreto 1344/07, que lleva las firmas del Presidente; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de Economía, Miguel Peirano, fue firmado el 4 de octubre y considera expresamente que el Poder Judicial y el Poder Legislativo “están incluidos en la Administración Central”, que cae bajo la órbita de la Sigen.

En rigor, la ley de administración financiera vigente no le otorga a la Sigen esa atribución, porque este organismo realiza un control interno del gasto de los recursos que ejecuta el Poder Ejecutivo. Pero el decreto va más allá de la ley y extiende las funciones de esa dependencia al Poder Judicial y al Congreso.

El diario La Nación informa que la Corte Suprema sólo se enteró del decreto hace una semana, y los jueces están muy preocupados. Todos los diputados consultados por  desconocían la medida: la única que la defendió fue Diana Conti (Frente para la Victoria), que la consideró “razonable y necesaria”.

Leandro Despouy, a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), dijo que el decreto “es inconstitucional” y prepara un dictamen interpretativo.

“Hay un problema de redacción del decreto, pero su intención es meramente contable”, sostuvo Claudio Moroni, jefe de la Sigen. “La ley dice que la Sigen ejerce un control meramente interno. Hoy emitiremos un dictamen que corrige la interpretación y lo enviaremos a la Procuración del Tesoro de la Nación para que cierre la interpretación".

La Constitución garantiza la división de los poderes. Mientras la organización financiera del Congreso nacional es controlada por la Auditoría General de la Nación (AGN), el Poder Judicial, pese a que es independiente, también firmó un convenio con la AGN para someterse a su control financiero. Pero ambos poderes siempre estuvieron fuera del alcance de la Sigen.

Sin embargo, el artículo 8 del decreto 1344 dice que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial "se consideran incluidos en la Administración Central", la que, según surge expresamente de la ley de administración financiera, queda comprendida bajo la órbita de control de la Sigen.

La ley de administración financiera lleva el número 24.156. En diciembre de 2003, ya bajo la gestión de Kirchner, fue modificada. Aquella ley es la que regula la Sigen.

El artículo 98 del decreto 1344 dice que la competencia de la Sigen alcanzará al sector público nacional, definido en el artículo 8 de la ley 24.156. Y, a su vez, este artículo dice que la Sigen ejerce el control sobre todo el sector público nacional, que comprende la administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados; las empresas y sociedades en las que participa el Estado, los entes públicos y los fondos fiduciarios.

Lo que vino ahora a hacer el decreto reglamentario -que va más allá de lo que autoriza la Constitución nacional y la propia ley de administración financiera- es cerrar el círculo: en un artículo, que coincidentemente es el número 8, establece que el Poder Legislativo y el Poder Judicial están incluidos en la administración central. Por eso, quedan alcanzados bajo la órbita de la Sigen.

El constitucionalista Daniel Sabsay dice que el decreto "destruye la independencia de los poderes; desconoce abiertamente los límites que le impone la Constitución y pone de manifiesto una voluntad hegemónica a todo precio". Según él, "la autonomía económica financiera es un atributo fundamental para que un órgano pueda actuar de manera independiente, sin presiones de otros poderes".
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15 de agosto de 2018 | 14:25
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