En un nuevo fallo, la Corte calificó a los delitos de lesa humanidad como un "ejercicio depravado del poder"

Respaldado por abundante literatura, la sentencia del máximo tribunal resumió que ese tipo de crímenes son un acto atroz, inscripto en un ataque sistemático a un grupo determinado de civiles, concretado por el Estado o por una organización con control sobre un territorio.

La Corte Suprema de Justicia definió a los crímenes de lesa humanidad como "el producto de un ejercicio despótico y depravado del poder gubernamental" al desestimar el pedido de que se calificara como tales las supuestas torturas sufridas por un particular a manos de policías.

El fallo al que accedió Télam sigue el criterio del Procurador General Esteban Righi, quien sostuvo que en esta clase de delitos "el ataque debe haber sido llevado a cabo de conformidad con la política de un estado o de una organización", aunque "no es necesario que esta política provenga de un gobierno central".

Respaldado por abundante literatura, resumió que un crimen de lesa humanidad es un acto atroz, inscripto en un ataque sistemático a un grupo determinado de civiles, concretado por el Estado o por una organización con control sobre un territorio.

"La política de persecución no necesariamente tiene que ser la del estado", estableció el fallo "Prosecutor v. Tadic", dictado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia el 7 de mayo de 1997 y citado por Righi en su dictamen.

Sin embargo, "aún cuando la fuerza que impulsa la política de terror y/o persecución no sea la de un gobierno, debe verificarse el requisito de que al menos debe provenir de un grupo que tenga control sobre un territorio o pueda moverse libremente en él".

El pronunciamiento se produjo a partir del recurso interpuesto por Juan Bueno Alves, quien pidió que se consideren crímenes de lesa humanidad los tormentos que aseguró haber sufrido en 1988 a manos del uniformado René Derecho para obligarlo a incriminar a su abogado, Carlos Pérez Galindo.

Siempre de acuerdo con la denuncia, si esa acusación se hubiera concretado, habría servido para fraguar un procedimiento contra el letrado, lo que hubiese constituido un acto de venganza contra él por parte del "personal policial corrupto".

"Es evidente que en la República Argentina, durante el año 1988, no existía un Estado o una organización dependiente del Estado" que se hubiese convertido "en una maquinaria perversa de persecución sistemática y organizada de un grupo de ciudadanos", concluyó el Procurador.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni acompañaron con sus votos el criterio sostenido por Righi en su dictamen.

El 11 de mayo pasado, antes de que el Máximo Tribunal argentino se expidiera sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Nacional a indemnizar a Bueno Alves en 223.000 dólares por "la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial".

El tribunal internacional, que analizó el reclamo, resolvió que la Argentina "debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la sentencia por concepto de daños materiales, daños inmateriales, reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año".
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