Quieren que se anule el proceso realizado por Servini de Cubría

Esto es en relación a la represión realizada durante el cacerolazo ocurrido en el 2001 en Buenos Aires.

El ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, pidió la nulidad de todo lo actuado por la jueza federal María Servini de Cubría en la investigación por los hechos de violencia registrados en diciembre de 2001, que precedieron a la renuncia del presidente Fernando De la Rúa.

Así lo confirmaron a Télam fuentes tribunalicias que señalaron que lo hizo mediante un escrito de 26 carillas, presentado ante el juez Claudio Bonadío, magistrado que lleva adelante las actuaciones tras la excusación de Servini de Cubría.

En esa presentación, el ex Jefe de la Policía, con el patrocinio del abogado Pablo Jacoby, afirma que la magistrada actuó con "ausencia de imparcialidad" ya que "fue parte en los hechos investigados e impartió órdenes que influyeron en el curso de los acontencimientos".

Ello habría llevado a Servini de Cubría, según Santos, a ser "parte de los hechos y no un investigador imparcial", por su presencia en el lugar de los acontecimientos y órdenes que habría dado al personal policial sobre la forma de actuar.

De llegar a prosperar este planteo correrían el riesgo de "caerse" todas las resoluciones tomadas por Servini de Cubría, inclusive aquella por la que, hace más de cinco años, llamó a indagatoria a Santos, entre otros funcionarios de la gestión delarruista.

El abogado Jacoby, en diálogo con Télam, afirmó que "de ninguna manera esto significa rehuir el juicio oral en la medida en que el requerimiento se base en prueba obtenida en forma independiente y en el proceso no haya pruebas que no podemos controlar".

La presentación se hizo casi en forma simultánea con una resolución de la Sala II de la Cámara Federal en la que le ordenó a Bonadío que se "expida con celeridad" en la elevación a juicio de Santos, del ex secretario de seguridad Enrique Mathov y los ex comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, a cargo de los procedimientos.

Ese fallo obedeció a un planteo de los querellantes particulares y distintos organismos de derechos humanos representados por los abogados Rodrigo Borda, Rodolfo Yanzón y María del Carmen Verdú, quienes cuestionaron que la causa aún no haya llegado aún a la etapa del debate oral y público. 

 
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20 de julio de 2018 | 01:09
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