Crisis, protesta social y corrupción: ¿qué pasa con el neoliberalismo en Latinoamérica?

Este año quedará marcado como el de fuertes convulsiones sociales en la región, que apuntan directamente al rol de las políticas neoliberales que se están aplicando. El análisis. 

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El 2019 ha sido un año de convulsión social en América Latina. Protestas sociales en Ecuador, Perú, Haití, Nicaragua y Chile; incendios en Brasil; crisis política en Venezuela; triunfos electorales de la izquierda en Bolivia, Argentina y Uruguay; asesinatos contra activistas en Colombia; un histórico aumento de la violencia en México y flujos migratorios sin precedentes desde Centroamérica.

A partir de este clima de agitación social, algunos analistas consideran que las manifestaciones de descontento social están ligadas a una crisis estructural del neoliberalismo en América Latina, lo cual permitiría entender parte del complejo escenario político de la región.

Sin embargo, la coyuntura en los países latinoamericanos no se limita únicamente al modelo económico, ya que factores como la corrupción y las tensiones geopolíticas globales forman parte de la ecuación para tratar de desenredar la madeja.

Ecuador, Argentina y Haití: las recetas del FMI 

Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvieron una repercusión directa en el estallido social registrado en Ecuador y las elecciones presidenciales de Argentina.

Protestas en Quito, Ecuador, 13 de octubre de 2019.

El drástico incremento en el precio de los combustibles, derivado de la adopción del llamado "paquetazo" impulsado por el presidente Lenín Moreno en Ecuador, detonó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía y obligaron a que el mandatario trasladara la sede de Gobierno de Quito, a la ciudad de Guayaquil.

A cambio de un préstamo de 4.209 millones de dólares, el FMI solicitó al Gobierno de Moreno recortar el gasto público y aumentar la recaudación fiscal. Como consecuencia, el Ejecutivo ecuatoriano decidió retirar un subsidio de 1.400 millones de dólares anuales al diésel y la gasolina, situación que avivó el descontento de la población ante un previsible aumento de la inflación.

"Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica. Y también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un 'arma de destrucción masiva' en tiempo récord", escribió Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Algo similar ocurrió en Haití, donde el FMI recomendó aumentar los precios a los precios de combustible en julio de 2018, como parte de un paquete económico que busca aumentar los ingresos fiscales.

Esa situación se tradujo en una oleada de protestas que se extendieron hasta 2019, cuando un desabasto de gasolina, aunado a las acusaciones de corrupción contra el presidente haitiano, Jovenel Moise, exacerbó el descontento y desencadenó enfrentamientos, luego de que la población exigiera la dimisión del mandatario en octubre.

Pero Ecuador y Haití no ha sido los únicos lugares donde la intervención del FMI se ha traducido en un descontento social.

En Argentina, una serie de préstamos del FMI dispararon el endeudamiento del país, tras un largo historial de desencuentros con el organismo internacional. Esta vez, como consecuencia de una crisis por la devaluación de la moneda en un intento por atraer inversión extranjera.

Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, la moneda local ha sufrido una devaluación de 514 %, al pasar de 9,76 pesos por dólar en diciembre de 2015 a 60 pesos por divisa norteamericana el 25 de octubre de 2019, según datos del Banco de la Nación de Argentina.

Alberto Fernández celebra el triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina, en Buenos Aires, 27 de octubre de 2019.

La crisis cambiaria, derivada de la manera en que Macri retiró las restricciones para la compra-venta de divisas con el fin de fomentar la libre circulación de capitales, provocó que el Gobierno argentino solicitara un nuevo préstamo financiero al FMI por 57.000 millones de dólares para tratar de sortear la crisis.

Esto provocó que la deuda en Argentina se incrementara del 52,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 al 80,7 % en el segundo semestre de 2019, según la Secretaría de Finanzas, convirtiéndose en el país más endeudado de América Latina.

La situación económica y el aumento de la pobreza, que pasó del 31,4 % de la población al 35,4 %, fue un factor clave para que el izquierdista Alberto Fernández resultara ganador de las elecciones presidenciales de Argentina, sin la necesidad de una segunda vuelta.

De este modo, Ecuador, Argentina y Haití optaron por seguir las recomendaciones del FMI a pesar de que, en 2016, los economistas de dicho organismo, Jonathan D. Ostry y Davide Furceri, reconocieron que "en lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro la expansión duradera". Esos mismos voceros admitieron incluso que los beneficios de la apertura económica "parecen haber sido exagerados".

Chile: desigualdad y endeudamiento 

El aumento a las tarifas del metro en Chile derivó en un estallido social que incluyó saqueos, incendios, protestas y represión policial durante el mes de octubre.

Un escenario de descontento que contrasta con el crecimiento económico del llamado "milagro chileno", luego de que el país adoptara un modelo de apertura económica y libre mercado, tras el golpe de Estado promovido por Augusto Pinochet en la década de 1970.

De ahí que el sociólogo y politólogo Atilio Borón considere que las recientes protestas en Chile representan "la muerte violenta del mito del modelo neoliberal, que traía progreso, felicidad, bienestar, equidad social, cuando los datos muestran que ha traído exactamente lo contrario que se anunció".

Y es que a pesar de que la economía de Chile ha registrado un nivel de crecimiento económico considerable en las últimas décadas, los informes marcoeconómicos suelen tapar la desigualdad social que vive la nación andina.

De 1973, año del golpe de Estado contra Salvador Allende, a 2018, el PIB per cápita de Chile pasó de 1.640 dólares a 15.923 dólares, a precios actuales, lo que implica un crecimiento de casi 10 veces en 45 años, según datos del Banco Mundial. Un nivel de ingreso por persona comparable a países como Hungría, Polonia o Croacia.

Sin embargo, esto no significa que el crecimiento económico se reparta de manera equitativa, ya que Chile es considerado el séptimo país más desigual del mundo, junto con Ruanda, según un informe del Banco Mundial, con un coefieciente GINI de 0,50. Es decir, que el 1 % más rico de los chilenos concentra el 33 % de la riqueza.

Esos datos son la constatación de que Chile es un país con el nivel de ingreso de un país rico y la desigualdad de uno pobre, una situación que deriva en la precarización de las condiciones laborales (incluyendo las pensiones, bajos sueldos y largas jornadas), y se ha traducido en un endeudamiento creciente ante la privatización de servicios básicos como agua y educación.

Los hogares registraron una deuda equivalente a 73,3 % de su ingreso disponible en 2018, que contrasta con el 59,8 % que tenían en 2013, según datos del Banco Central de Chile.

Entre los principales rubros que conforman el creciente endeudamiento de los hogares chilenos destacan tres: deuda hipotecaria (21%); consumo (55%) y educación (12%).

En paralelo, destacan los privilegios fiscales que tienen los más ricos frente a los más pobres de Chile, situación que para el investigador Marco Kremerman, de la Fundación Sol, ejemplifica las desigualdades de un modelo "impuesto por la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores".

Brasil y Perú: corrupción e intriga política 

En el caso de Brasil y Perú, más que un tema de índole estrictamente económica, lo que más ha causado enojo e indignación son casos de corrupción que han afectado la estabilidad política de ambos países.

En Brasil, la turbulencia comenzó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff a manos del Congreso, en agosto de 2016, por un caso de maquillaje de las cuentas fiscales, cuyo trasfondo era la disputa por el poder entre las distintas fuerzas del sistema político brasileño. El lugar de la mandataria fue ocupado por su vicepresidente Michel Temer, quien reconoció que ese 'impeachment' se trató en realidad de un "golpe" de Estado.

Casi inmediatamente después, el Gobierno de Temer aplicó una serie de recortes a los servicios de salud, educación y seguridad social, lo que ocasionó descontento entre la población brasileña y masivas manifestaciones.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante gira por Pekín, China, el 25 de octubre de 2019.

El escenario de encono abrió las puertas para que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva se postulara nuevamente a la presidencia de su país, encabezando las encuestas de preferencia electoral por un amplio margen, previo a los comicios de octubre de 2018. Sin embargo, el aparato judicial encarceló a Lula, sin pruebas, por un presunto departamento obtenido en el caso de corrupción de Lava Jato.

El encarcelamiento de Lula facilitó la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, quien luego de asumir el cargo, en enero de 2019, se enfrentó a las movilizaciones de pueblos indígenas que rechazaron sus políticas a favor de la explotación comercial de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta. Meses más tarde, esa zona experimentó una serie de incendios, luego de que hacendados de la región de Pará realizaran el Día del Fuego para fomentar actividades agrícolas y mineras en ese territorio.

Las medidas de Bolsonaro en los primeros meses de su administración generaron un repudio creciente del 40 % de la población, siendo el presidente brasileño peor evaluado desde 1990, según encuestas de Datafolha.

Y en medio de ese escenario, la revelación de unos audios que involucran al juez Sergio Moro, quien enjuició y condenó a Lula, demostraron que el ahora ministro de Justicia de Bolsonaro conspiró con los fiscales encargados de llevar el caso contra el expresidente brasileño para sacarlo de la contienda presidencial.

Este caso demostró cómo la corrupción política al más alto nivel no solo provoca el descontento general de la población, sino que es capaz de hacer tambalear a los Gobiernos.

Una situación similar se vive en Perú, donde cuatro expresidentes han sido procesados judicialmente por corrupción y sobornos de la empresa brasileña Odebrecht: Alejandro Toledo, el fallecido Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

La trama de corrupción continúa aguas abajo y vincula a otros personajes como Keiko Fujimori, líder del opositor partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori. La dirigente enfrenta una orden de 36 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht.

El procesamiento de varios políticos también desató una crisis en el interior del Estado, que experimentó su punto cumbre con la disolución del Congreso por parte del presidente, Martín Vizcarra, en una disputa que todavía no se resuelve.

El meollo del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo fue por el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, luego de que Vizcarra denunciara la existencia de un supuesto arreglo político entre facciones partidistas, cuyos líderes han sido señalados de corrupción.

Para algunos expertos, los casos de corrupción que enfrentan Brasil y Perú, y prácticamente todos los países de América Latina, están íntimamente ligados, a su vez, a la instauración del modelo neoliberal en la región.

México y Colombia: la violencia que no cesa 

Otro de las consecuencias que ha dejado ese modelo económico es la epidemia de violencia. Colombia y México son dos casos ejemplares de cómo se aplica la receta neoliberal, y cuya historia reciente ha estado marcada por la oleada de sangre a manos de grupos armados.

En Colombia, el descontento contra el presidente, Iván Duque, aliado del expresidente Álvaro Uribe, ha crecido en los últimos años a la par que la percepción sobre el deterioro del país.

La gestión de Duque ha estado marcada por el asesinato masivo de activistas, líderes sociales y excombatientes desmovilizados, lo que ha provocado que algunos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonaran el Proceso de Paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y retomaran la vía armada.

El día que anunciaron el rearme, el líder guerrillero Iván Márquez aseguró que ante el desconocimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano, una facción disidente de las FARC retomaría la lucha armada para combatir al "régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase".

Desde que se firmaron los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, en noviembre de 2016, los asesinatos contra líderes sociales han ido en aumento, sobre todo durante el mandato de Duque, como consecuencia de la militarización y los conflictos sociales que persisten en zonas rurales del país.

En 2016 fueron asesinados 132 líderes sociales; en 2017 mataron a 208; en 2018, la cifra llegó a 282 víctimas mortales, y hasta la primera semana de septiembre de 2019, se suman otros 155 homicidios, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Es decir, al menos 777 personas políticamente activas han muerto a manos de la violencia, desde el año en que se firmaron los acuerdos de paz.

La violencia creciente ha generado el rechazo popular contra Duque, que en las últimas encuestas de la firma Gallup fue desaprobado por 64 % de los colombianos. La evidencia de ese descontento se vio con mayor claridad en las recientes elecciones regionales, tras la contundente derrota electoral del uribismo y el crecimiento de los partidos de centroizquierda, reconfigurando el tablero político del país para los próximos años.

En un sentido paralelo, aunque en contextos políticos distintos, México enfrenta el año más violento de su historia reciente, tras un giro a la izquierda con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, quien desde el primer día de su gestión se asumió como un político "antineoliberal".

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en Oaxaca, México, el 18 de octubre de 2019.

A pesar de que el mandatario mexicano ha emprendido una cruzada anticorrupción abriendo procesos contra varios exfuncionarios y políticos de alto perfil, además del impulso de varias reformas que incluyen una reestructuración del Poder Judicial, el fenómeno de la violencia sigue siendo el principal pendiente de la llamada "Cuarta Transformación".

De enero a septiembre de 2019, México registra 25.890 homicidios dolosos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una cifra que, con un trimestre todavía por contabilizar, representa el 76 % de los 33.748 asesinatos contabilizados en 2018, el año más violento del que se tenga estadística.

La situación de violencia que vive el país quedó en evidencia tras el fallido operativo realizado en Culiacán para capturar al hijo de Joaquín 'Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán, a quien el Gobierno federal decidió soltar para evitar ataques del crimen organizado contra la población civil.

Corrupción y neoliberalismo 

Para el sociólogo Manuel Castells, los altos índices de corrupción política en América Latina se explican por la manera en que la región "se ha insertado plenamente en la globalización de forma contradictoria y conflictiva".

Durante la presentación del libro que escribió junto al sociólogo boliviano Fernando Calderón, titulado 'La nueva América', Castells aseguró que la corrupción en el continente se explica por factores estructurales vinculados al desarrollo del neoliberalismo.

"El neoliberalismo es un proyecto político de transformar todos los procesos de la vida, de la sociedad, de la política, del Estado y la cultura, en mercado", señaló Castells en la Ciudad de México, a mediados de octubre, durante un foro del colectivo Para Leer en Libertad.

"Ese modelo dinamizó el crecimiento económico en algunos sectores, modernizó la estructura productiva y al mismo tiempo generó una pobreza, miseria y exclusión social todavía mayor. Como reacción contra esa pobreza dentro del crecimiento, surgieron una serie de protestas y conflictos populares que llevaron a la emergencia de alternativas políticas en la mayor parte de los países, los llamados regímenes nacional-populares", explicó Castells.

El sociólogo catalán e investigador de la Universidad del Sur de California señaló que, dentro del neoliberalismo, el Estado se ha convertido en un mediador entre los flujos económicos nacionales e internacionales, lo que ha provocado que las estructuras estatales se hayan convertido en parte de un 'modus operandi' que opera con lógicas del sector privado.

Este fenómeno explica la proliferación de casos de corrupción en América Latina, donde las redes criminales han llegado a niveles inéditos.

"La economía criminal tiene como elemento consustancial, como factor de producción, la capacidad de corrupción del Estado. Hace falta intimidación, entrar en la estructura estatal para funcionar. Sin el fraude o el lavado de dinero no funciona", apunta Castells.

En este sentido, el sociólogo considera que esta relación entre el modelo económico neoliberal ha contribuido a fomentar un proceso de fragmentación política en los países de la región, que a su vez se traduce en una crisis de legitimidad de los sistemas democráticos. Un fenómeno que explica por qué "la principal arma de lucha política en todo el mundo es el escándalo".

Asimismo, Castells sostiene que factores ligados a la lógica del modelo neoliberal, tales como "la nueva cultura de la individualización, de la competitividad a ultranza y el consumismo absoluto", son elementos estructurales que rompen los vínculos de solidaridad social y explican la proliferación de la crisis.

Las presiones de EE.UU. 

Sin embargo, el escenario latinoamericano no está ajeno a la geopolítica global, donde la influencia de EE.UU. sigue siendo un factor que interviene en la fractura del modelo neoliberal en la región.

Esto debido a la manera en que EE.UU. ha presionado políticamente, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) o de las sanciones económicas, a países como Venezuela, Bolivia y Cuba, que han optado por impulsar un modelo de desarrollo con principios socialistas, distinto al neoliberal.

Ese hecho es clave para para entender el apoyo que EE.UU. ha dado, por ejemplo, al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien ha intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro, desde principios de 2019, primero al autoproclamarse como mandatario "encargado" de la nación suramericana, y después al encabezar una sublevación armada, que fracasó en pocas horas.

Por otra parte, la OEA ha sido el instrumento de presión de EE.UU. a gobiernos como el de Bolivia, en medio de las protestas por los resultados de la reciente elección presidencial que se definió en primera vuelta a favor de Evo Morales, quien denunció el inicio de un golpe en su contra y pidió realizar una auditoría de votos para despejar cualquier duda sobre la transparencia del escrutinio.

Pero la mano de EE.UU. no se ha limitado a la región sur del continente, ya que también ha tenido una participación determinante en la crisis política de Honduras, el país con mayor número de migrantes en el éxodo masivo de centroamericanos registrado en el último año.

En un libro publicado en 2014, titulado 'Decisiones difíciles', la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, reconoció haber operado políticamente para impedir el regreso al poder del entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, luego del golpe de Estado de 2009.

Desde entonces, los Gobiernos emanados después del golpe han continuado en el poder en medio de acusaciones de fraudes electorales y el creciente rechazo popular a sus políticas de recortes sociales, situación que ha agudizado el clima de violencia y pobreza en Honduras.

De ahí que algunos periodistas como el hondureño Bartolo Fuentes, consideren que en la nación centroamericana prevalece una "dictadura militar" apoyada por EE.UU., lo cual en su opinión, explica parte del fenómeno migratorio de hondureños hacia territorio estadounidense.

En junio de 2019, una oleada de protestas contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se registró en las principales ciudades del país, en rechazo a las medidas impulsadas por las autoridades para privatizar los servicios de educación y salud.

La injerencia de EE.UU. en Centroamérica también se manifestó en Guatemala, donde el Gobierno del estadounidense Donald Trump presionó al presidente guatemalteco Jimmy Morales para que aceptara firmar un acuerdo de tercer país seguro, que le permitiera enviar ahí a los migrantes centroamericanos detenidos y deportados en territorio estadounidense.

La agresiva política exterior de EE.UU. hacia América Latina no es un hecho aislado, sino que se da en medio de la lucha de Washington por contener el crecimiento económico de China, una disputa que ha sumado inestabilidad al contexto global por la pugna histórica entre los entre los proyectos nacionalistas y los defensores de la globalización financierista del proyecto neoliberal.

Aunque el proyecto neoliberal ha sufrido algunos reveses en América Latina, para los analistas no queda del todo claro qué tipo de repercusiones tendrá para la región, ni mucho menos si esta coyuntura será, en definitiva, la muerte de ese modelo. La incertidumbre queda en el aire.

Manuel Hernández Borbolla, RT

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