Colombia: FARC quiere que el gobierno la sume al diálogo

La FARC parece así pretender un lugar en la ronda de contactos que Duque inició con partidos afines, como liberales, conservadores y Cambio Radical, para sacar adelante "las reformas que permitan cerrar las puertas al narcotráfico y a la impunidad y fortalecer la extradición", según explicó el propio mandatario.

El senador y ex presidente Álvaro Uribe, del gobernante Centro Democrático, contó a la prensa tras la reunión que mantuvo ayer con Duque que le había pedido impedir que los parlamentarios de la FARC ocupen sus escaños "mientras estén cumpliendo sanciones simbólicas, no adecuadas".

La chance implica de por sí ampliar la ofensiva contra el acuerdo de paz a la participación política de los antiguos combatientes.

Duque ya intentó avanzar contra otro de los pilares de los textos de La Habana, la justicia transicional -Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, cuando presentó una serie de objeciones a una ley clave para su funcionamiento.

La FARC lamentó que la convocatoria presidencial “se restringe a los partidos en los que espera encontrar identidad de pensamiento, dejando por fuera las conversaciones en palacio a las fuerzas políticas declaradas en oposición y a la bancada 'alternativa'".

Los ex guerrilleros quieren que Duque convoque "a los partidos de oposición y la bancada 'alternativa'" y "abra los oídos a la nación entera, a los sectores sociales que hoy son víctimas del exterminio sistemático, a quienes defienden la paz, al coro incesante de la comunidad internacional".

"Un Gobierno impedido para alcanzar la mayoría en el Poder Legislativo no puede aspirar a un consenso cuando se sume en sus obsesiones y se encierra en sí mismo", argumentó.

Además, la FARC renovó su reclamo de "un diálogo directo entre los firmantes de la paz" -el Ejecutivo y la ex guerrilla-, y advirtió que "los pactos excluyentes ahondan y agravan cualquier crisis que pretendan solucionar".

La FARC busca llevar a una mesa de debate como "temas fundamentales" el asesinato de líderes sociales y ex guerrilleros, "el crecimiento desbordado del neoparamilitarismo", la erradicación de los cultivos ilícitos y las reformas rural y sobre participación política.

El nuevo distanciamiento entre el Gobierno y la FARC, después del acuerdo de paz firmado en 2016, fue a partir de la situación del ex jefe guerrillero Jesús Santrich, uno de los negociadores del entendimiento, que fue liberado y detenido apenas minutos después de salir de la cárcel. Santrich es pretendido por EEUU, que quiere juzgarlo por narcotráfico.

El pasado viernes, la JEP negó su extradición y ordenó su liberación. Horas después de ser excarcelado, fue arrestado de nuevo en base a nuevas pruebas aportadas por la Fiscalía. Tras ello, el fin de semana fue encontrado en su celda con heridas graves en los brazos. (Télam)