Uruguay resolverá el asilo de Alan García en un "plazo prudencial"

El expresidente de Perú ingresó en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, desde donde pidió el asilo y donde permanecía hoy rodeado de una nutrida custodia policial, después de que frente al lugar se reunieran ayer numerosas personas para manifestarse a favor y en contra del ex jefe del Estado investigado por hechos de corrupción vinculados a Odebrecht.

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Redacción MDZ Online

Residentes del vecindario se manifiestan fuera de la residencia del embajador de Uruguay en Perú

Residentes del vecindario se manifiestan fuera de la residencia del embajador de Uruguay en Perú

El gobierno de Uruguay advirtió hoy que resolverá en un "plazo prudencial", y "con naturalidad y sin dramatismos", el pedido de asilo hecho por el ex presidente de Perú Alan García, quien justificó su decisión en un supuesto "clima de persecución política".

"Una cosa es aceptar la solicitud y otra expedirse sobre la misma; lo que hemos dicho es que la solicitud está recibida y se están dando los pasos para resolver", afirmó el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, en declaraciones a la radio limeña RPP.

El funcionario aseguró que el gobierno uruguayo tomó "con naturalidad y sin dramatismos" el pedido hecho por García en la noche del sábado, horas después de que un juez le prohibiera salir de Perú durante 18 meses mientras se lo investiga por presunto lavado de activos y otros delitos.

García ingresó entonces en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, desde donde pidió el asilo y donde permanecía hoy rodeado de una nutrida custodia policial, después de que frente al lugar se reunieran ayer numerosas personas para manifestarse a favor y en contra del ex jefe del Estado.

Bergamino sostuvo que su gobierno tomará un "plazo prudencial" para analizar la solicitud de García porque, "según el tratado de 1954, si se concede (el asilo), Uruguay considera que hay persecución política".

El tratado citado es la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, suscripta por Perú y Uruguay, entre otros países, y citada por ambos gobiernos en todas las comunicaciones oficiales hechas desde ayer sobre el caso.

Precisamente "persecución política" es el motivo que aduce García, en una carta dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, para justificar su refugio en la residencia del embajador y el pedido de asilo político.

"Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución", dijo García en la carta, que reprodujo parcialmente la agencia de noticias EFE.

A su juicio, el intento de copar las instituciones que atribuye al gobierno del presidente Martín Vizcarra "ha creado un clima de indefensión jurídica donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios, extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones".

Mientras tanto, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, quien inicialmente había dicho que el asilo sería concedido, señaló ahora que su gobierno necesita información para "evaluar la situación y tomar la decisión que considere soberanamente adecuada a las circunstancias".

En ese contexto, Vizcarra y Vázquez conversaron por teléfono sobre el caso y el mandatario peruano prometió a su colega uruguayo enviarle la información necesaria para resolver el pedido de García.

Lo reveló el canciller peruano, Hugo de Zela, quien aseguró que el diálogo entre los jefes de Estado fue "muy cordial" y que "pronto" se enviará a Uruguay la información prometida.
El sábado pasado, a pedido del fiscal antilavado José Domingo Pérez, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena prohibió a García que salga de Perú durante 18 meses, mientras se investiga si cometió colusión y lavado de activos en relación con el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Días antes, una investigación periodística sostuvo que Odebrecht pagó 100.000 dólares a García por una conferencia dictada en San Pablo, pero lo hizo a través de la Caja 2 (área corporativa fantasma creada para justificar contablemente el gasto en sobornos) y que se trató de una compensación ilegal por la adjudicación de obras del Metro de Lima.

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