Las diez guerras que sucederán en 2014

Esglobal.org y Foreign Policy detallaron cuáles conflictos desencadenarán guerras durante este año que recién empieza. Un país latinoamericano en la mira.
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Antes de sumergirnos en la lista de los conflictos a los que habrá que estar atentos este año, conviene expresar algunas ideas sobre el que acaba de terminar. En general, 2013 no fue un buen año para nuestra capacidad colectiva de prevenir o resolver los conflictos. Sin duda, hubo momentos buenos. Colombia parece más cerca que nunca del fin de una guerra civil que en 2014 cumplirá su sesenta aniversario. También es posible que Myanmar eche el telón sobre décadas de conflictos étnicos internos, si bien sigue habiendo muchos obstáculos. El acuerdo alcanzado sobre el programa nuclear de Irán fue un magnífico estímulo para la diplomacia e incluso una muestra de dinamismo. El Consejo de Seguridad de la ONU rompió por fin su bloqueo a propósito de Siria, al menos sobre las armas químicas del régimen, y se comprometió a intervenir más enérgicamente en la parte oriental del Congo y de la República Centroafricana. Las negociaciones de Turquía con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) siguen dando tumbos, pero el alto el fuego parece razonablemente duradero. Pakistán presenció el primer traspaso democrático de poder de su historia.

Ahora bien, si estos logros son importantes, aún lo es más que los observemos con perspectiva. El proceso de paz de Colombia sigue estando a merced de los embrollos de la política nacional, con un año electoral por delante. El rumbo positivo de Myanmar podría torcerse si no se controla la intolerancia desatada contra las comunidades musulmanas. Avanzar hacia un acuerdo definitivo con Irán en medio de un océano de líneas rojas y posible factores inesperados -en Washington, en Teherán y en toda la región- es, sin duda, un reto más arriesgado que lograr el acuerdo provisional de Ginebra, con todo lo positivo que fue. Y el hecho de que Turquía y Pakistán, que estaban el año pasado en la ista de “los 10 peores”, no figuren en la de este año, no quiere decir que se encuentren en perfecto estado de salud, puesto que el conflicto sirio está contagiándose a Turquía y Pakistán aún se enfrenta a los peligros del extremismo y la violencia urbana.

No obstante, los casos de Siria y las recientes intervenciones militares en África Central son los que mejor ilustran los fallos alarmantes de nuestra capacidad colectiva para administrar los conflictos.

En Siria, la velocidad y decisión con que la comunidad internacional actuó para eliminar las armas químicas de Bashar al Assad dejan en evidencia su incapacidad de actuar con la misma determinación para poner fin a los combates; ni siquiera hay una verdadera actuación humanitaria concertada. Ahora que el conflicto sirio entra en su tercer invierno, no parece que vaya a terminar a corto plazo, por más esperanzas que se depositen en las conversaciones previstas en Ginebra en enero. Si el papel del Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacional y la guerra siria se cobra cada vez más vidas y amenaza con afectar a Líbano e Irak, ¿de qué forma puede calificarse el resultado más que de absoluto fracaso?

En la República Centroafricana (RCA), la comunidad internacional se vio sorprendida, al parecer, cuando la situación degeneró en violencia. No hay excusa: décadas de mal gobierno, subdesarrollo y mala gestión económica habían dejado un Estado fantasma mucho antes de que el golpe del año pasado desencadenara el caos y una violencia religiosa que va en aumento. El enérgico apoyo de Francia a la Unión Africana (UA) en su intervención humanitaria fue digno de elogio. Pero sin un compromiso concertado y sostenido para reconstruir la RCA, no parece probable que vaya a servir de mucho a la larga.

¿En qué se diferencia la lista de este año de la del año pasado? Hay cinco regiones nuevas: Bangladesh, República Centroafricana, Honduras, Libia y Cáucaso Norte. Cinco repiten: Asia Central, Irak, el Sahel, Sudán y Siria/Líbano. Como es natural, de una lista sale otra. No habría sido difícil elaborar una completamente distinta. Además de Pakistán y Turquía, Afganistán, Somalia y la República Democrática del Congo (RDC) no aparecen pero podrían haber merecido un puesto con toda facilidad. Tampoco figura Sudán del Sur, que parece estar al borde de la guerra civil. 

En Afganistán, las elecciones de este año y la insurgencia permanente de los talibanes frente al titubeante apoyo internacional a un Ejército nacional todavía en pañales hacen que 2014 sea un año crucial para el país, y tal vez nefasto para las mujeres afganas. En Somalia, a pesar de los logros de una misión de la UA y el nuevo Gobierno provisional, los militantes de Al Shabab han demostrado que mantienen su capacidad de atacar, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y muchos clanes siguen enemistados entre sí. Por último, la total ausencia de Estado e instituciones democráticas en la RDC podrían haberle dado un puesto en la lista, a pesar de la reciente derrota del movimiento rebelde M23 y los síntomas de que, por fin, la comunidad internacional no puede seguir ignorando las dimensiones regionales del conflicto.

Sin embargo, a la hora de la verdad, esta lista pretende centrarse no solo en las crisis que acaparan la atención internacional -la RCA, Siria, el Sahel, Sudán- sino también en otros menos visibles o que aún no han estallado. Por ejemplo, está incluido Honduras, considerado el país más violento del mundo fuera de los que sufren un conflicto convencional, así como la región de Asia Central, que se acerca cada vez más a una implosión política y de seguridad.

La lista muestra la increíble variedad de factores que pueden causar inestabilidad: el crimen organizado en Centroamérica; las tensiones de la rivalidad política en unas elecciones, como en Bangladesh; la amenaza de rebelión -en el Cáucaso Norte, por ejemplo- o los peligros del contagio regional, como en Líbano y el Sahel. Luego están los riesgos del poder autoritario y las reacciones excesivamente policiales a la oposición: en Siria, por supuesto, pero también en Irak y en la región rusa del Cáucaso Norte. Igualmente, un aumento alarmante de la violencia comunitaria o de identidad está contribuyendo a la inestabilidad en Irak, Siria y la RCA (y ya puestos, también en Myanmar y Sri Lanka). Por último, las tensiones entre el centro y la periferia preocupan en una serie de países de la lista. Malí, Libia, Sudán e Irak -más Afganistán, Somalia, Yemen y otros- se debaten con unas ideas de gobierno fuerte y centralizado que parecen impracticables, pero tratan de encontrar alternativas que no atomicen el Estado ni alimenten el secesionismo.

Sin embargo, lo más importante que destaca la lista es que los conflictos mortales no suelen salir de la nada ni ser totalmente imprevisibles. Suelen tener profundas raíces: subdesarrollo, la incapacidad de los Estados para proporcionar los bienes públicos básicos a sus ciudadanos, las desigualdades y un gobierno depredador o que causa divisiones. Demuestra también que para disminuir la fragilidad de los países más vulnerables -seguramente el mayor reto moral y político de nuestra época- hacen falta tiempo, entrega y recursos. Tres cosas que, por desgracia, faltan con demasiada frecuencia.

Siria y Líbano

El avance diplomático logrado en septiembre a propósito de las armas químicas sirias  y la posterior labor de desmantelamiento han tenido escasa repercusión en el campo de batalla. La violencia continúa y las consecuencias humanas se agravan. Después de haber evitado la intervención de Estados Unidos, el régimen de Bashar al Assad está mostrando cada vez más seguridad en sí mismo y ha vuelto a intensificar su campaña para expulsar a los rebeldes de sus bastiones en torno a la capital (Damasco), Alepo y la frontera con Líbano.

Además, ha tenido cierto éxito al intentar ofrecerse a los gobiernos occidentales como socio en la labor antiterrorista, un hecho irónico, puesto que su brutalidad y su utilización de las milicias sectarias son lo que ayudó a alimentar el extremismo.

En parte, el empuje del régimen -aunque sea limitado- puede achacarse al caos entre las fuerzas rebeldes. El principal paraguas político de la oposición, la Coalición Nacional de Fuerzas Sirias Revolucionarias y de Oposición, no controla en realidad las operaciones militares. Sus patrocinadores en la región -principalmente Arabia Saudí y Qatar- apoyan a bloques distintos dentro de la coalición y a diferentes grupos armados fuera de ella, y eso facilita unas disputas que los grupos yihadistas están aprovechando. El Estado Islámico en Irak y al Sham (ISIS), afiliado a Al Qaeda, es ya la facción rebelde más fuerte en gran parte del norte, pero sus tácticas agresivas han hecho que otros militantes y la base de la oposición se distancien de él. Otros grupos rebeldes han formado el Frente Islámico, quizá la alianza más grande y coherente formada en la oposición hasta la fecha, pero con un programa islamista que ha suscitado inquietud entre algunos patrocinadores externos. Además persisten los problemas de coordinación.

Mientras tanto, Siria está arrastrando a Líbano, sin prisa pero sin pausa. La población de Líbano ha aumentado al menos un 25% como consecuencia del conflicto vecino. Y la participación creciente de Hezbolá en nombre del régimen, teóricamente en una guerra preventiva para mantener a raya a los yihadistas, está sirviendo en realidad para involucrar en la lucha a su propio grupo militante chií. Otros ataques han estado dirigidos contra mezquitas suníes en Trípoli, donde las luchas sectarias han obligado al Ejército a hacerse con el control de la ciudad.

En la actualidad, la atención internacional está centrada en la nueva campaña internacional para que se celebren las conversaciones entre el régimen y la oposición previstas para el 22 de enero en Ginebra. Pero las dos partes consideran que no son más que una ocasión para formalizar la capitulación del enemigo. La coalición de oposición acepta el principio de las negociaciones -el comunicado de junio de 2012 en Ginebra que pedía el establecimiento de un órgano de transición de consenso con plena autoridad ejecutiva-, pero tiene dificultades para tomar una decisión definitiva sobre si participar o no en las condiciones actuales. El régimen, por el contrario, ha aceptado sin problemas entablar negociaciones, pero rechaza el propósito teórico del proceso: la formación de un gobierno de transición. Las posturas de los patrocinadores externos de cada bando serán fundamentales para lograr un acuerdo en cualquier proceso político, pero tampoco en este sentido se ven demasiadas señales de que haya voluntad de hacer concesiones.

Irak

Desde abril de 2013, cuando el Ejecutivo chií de Nouri al Maliki intensificó su represión violenta de un movimiento pacífico de protesta de origen suní, la ola de atentados, detenciones y ejecuciones ha ido en aumento. La desconfianza de los suníes hacia el Gobierno central es mayor que nunca y ha abierto un hueco para Al Qaeda en Irak después de años de declive. Este año han muerto ya más de 7.000 civiles víctimas de este ciclo de destrucción, pero el equipo de Maliki sigue sin mostrar deseos de llegar a un acuerdo. Los suníes iraquíes, en consecuencia, han vuelto la mirada hacia Siria, con la esperanza de que una victoria de la oposición en el país vecino les permita recuperarse políticamente en su propio país.

En el año que empieza veremos seguramente cómo los conflictos iraquí y sirio se entremezclan cada vez más. A medida que el Estado iraquí se debilita, se erosiona su frontera con Siria. Bagdad está ayudando más abiertamente que nunca a Damasco a disipar los temores a la ola suní en su propio Estado, pese a que su respaldo al régimen sirio es precisamente lo que está alimentándola, dado que ISIS, la organización filial de Al Qaeda, se ha convertido en el actor más importante en el norte de Siria. Para detener la violencia, el Gobierno de Maliki debe cambiar su estrategia por completo: ha de ganarse a los suníes iraquíes, volver a implicarlos en el proceso político y la lucha contra Al Qaeda y utilizar su base nacional, así reforzada, para asegurar las fronteras. Un Estado integrador es lo único que puede evitar que Irak se fragmente.

No parece que las elecciones parlamentarias de este año vayan a proporcionar soluciones. Al contrario, corren el riesgo de exacerbar la violencia y atraer injerencias extranjeras. La ambición de Maliki de presentarse a un tercer mandato enfrenta a su coalición con otros grupos chiíes y eso es un incentivo para que actúe Irán. Al mismo tiempo, el escenario político está fragmentándose en diversas entidades políticas, consecuencia de ocho años en los que Maliki ha gobernado siguiendo la estrategia de divide y vencerás. La base del primer ministro se ha reducido, por lo que, a falta de un candidato o coalición que domine de forma inesperada, es de esperar que las elecciones den lugar a un insorportable periodo de negociaciones y parálisis política.

Libia

Acosada por miles de problemas de seguridad y atascada en un punto muerto político, la transición libia después de Gadafi corre peligro de descarrilar. El mandato del Congreso Nacional General expirará el 7 de febrero de 2014 y la formación de un órgano constituyente lleva ya más de un año de retraso. Alí Zeidan, el primer ministro actual, ha sido objeto de varios atentados -y un breve secuestro-, y cada vez son más numerosas las voces que piden su dimisión. Mientras tanto, la confianza de la población en las instituciones del Estado está desvaneciéndose y con ella la confianza en un proceso de transición que teóricamente iba a crear el marco para una nueva democracia.

Como otros países árabes en transición, Libia sufre cada vez más divisiones -islamistas contra liberales, conservadores contra revolucionarios, centro contra periferia-, y todas ellas contribuyen a la inestabilidad sobre el terreno. Tras la caída del régimen de Muamar el Gadafi, las milicias se apoderaron del Ejército oficial y las fuerzas de policía y el país está repleto de armas. La coalición que agrupaba a antiguos aliados de Gadafi con liberales en el exilio e islamistas que durante un largo tiempo habían estado encarcelados se ha deshecho y ha dejado una sociedad fragmentada. En el este de Libia, los asesinatos casi diarios de funcionarios de seguridad, que los residentes achacan a los islamistas radicales, están alimentando belicosas actitudes contra el islam.

Abrumado, el Gobierno se ha visto obligado, paradójicamente, a sobornar y conquistar a las milicias, en un intento de devolver el monopolio de la fuerza al Estado. Hasta ahora ha tenido escaso éxito: los grupos armados han bloqueado gasoductos y sitiado instalaciones petrolíferas, con el resultado de haber reducido las exportaciones a alrededor del 20% del nivel anterior a la revolución. La pérdida de ingresos está minando el presupuesto nacional.

Estos problemas no tienen soluciones fáciles. Como mínimo, las milicias locales y la proliferación de armas seguirán asolando Libia (y a sus vecinos) durante años y frustrando los esfuerzos del Gobierno para reconstruir las fuerzas de seguridad del país y asegurar sus fronteras. Pero además, todavía no está claro que los dirigentes libios sean capaces de obtener un consenso suficiente para seguir impulsando el proceso en la buena dirección.

Honduras

Honduras es el país en el que se cometen más asesinatos de todo el mundo, con más de 80 homicidios por 100.000 habitantes denunciados en 2013. Un sistema judicial y policial débil, y a menudo vendido, hace que la mayoría de los delitos graves no se persigan jamás. Honduras, que es uno de los dos países más pobres de la región -la mitad de la población vive en pobreza extrema-, está además entre los 10 países con más desigualdades del mundo. Gran parte sufre una violencia criminal y la mayoría de los hondureños no tiene acceso a los servicios estatales ni goza de la protección de las fuerzas del orden. La democracia y el Estado de derecho -que nunca fueron sólidos- se debilitaron aún más como consecuencia del golpe en 2009. Naciones Unidas y varios grupos de derechos humanos informan de que algunos miembros de la Policía Nacional han participado en actividades delictivas, incluso en asesinatos. La existencia de unas fuerzas de seguridad débiles y corruptas ha hecho de Honduras una escala ideal para las drogas que se dirigen desde los Andes hacia los mercados estadounidenses. Se calcula que el 87% de toda la cocaína que llega por aire a Estados Unidos se detiene primero en territorio hondureño.

Las actividades del crimen organizado van desde el tráfico de drogas y seres humanos hasta el secuestro y la extorsión. Los grupos de delincuentes han adquirido tal fuerza que el Estado ha dejado de controlar en la práctica varias partes del país. Y además de estas amenazas para la seguridad están las bandas callejeras, encabezadas por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M18), que entre las dos agrupan a unos 12.000 miembros. En general, estas bandas aterrorizan los barrios pobres y urbanos de la capital, Tegucigalpa, y el puerto de San Pedro Sula. 

La violencia en Honduras se disparó en 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado. En la actualidad, la Corte Penal Internacional está investigando los crímenes ocurridos tras el suceso. Una comisión oficial de la verdad reveló que los militares habían matado al menos a 20 personas. Desde 2009, han muerto asesinados 10 activistas de los derechos humanos, 29 periodistas, 63 abogados y alrededor de 20 candidatos políticos. En casi ningún caso se ha responsabilizado a nadie.

El recién elegido presidente Juan Orlando Hernández prometió durante la campaña una “mano de hierro” contra el crimen y propuso crear una policía militarizada. Dadas las quejas constantes sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad -incluidas las acusaciones de participación en desapariciones y secuestros para cobrar el rescate-, no es extraño que la propuesta haya sido recibida con la firme oposición de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad diplomática. No parece que una reacción tan represiva y apoyada en instituciones corruptas o despiadadas vaya a solucionar el problema. Sin unos esfuerzos coordinados para fortalecer el Estado de derecho, la situación de Honduras seguirá siendo la misma, e incluso se irá intensificando, durante este año.

República Centroafricana

Meses de enfrentamientos mortíferos en la República Centroafricana (RCA) han llevado a un Estado que ya era muy débil al borde el hundimiento, con 400.000 personas desplazadas y miles a las que el terror ha llevado a esconderse. Casi la mitad de la población necesita algún tipo de ayuda y los servicios estatales, incluidos la policía y el Ejército, han dejado de existir.

Hace solo un año, la transición de poder del entonces presidente François Bozizé parecía tener buen rumbo. Pero el acuerdo se deshizo y, en marzo, los rebeldes de Seleka -una vaga alianza de combatientes musulmanes de la RCA, Chad y Sudán- organizaron un golpe para expulsar a Bozizé y sustituirle por su líder, Michel Djotodia. En septiembre, Djotodia desmanteló Seleka, lo cual desencadenó una ola de violencia generalizada, sin que hubiera un Ejército nacional que pudiera acabar con ella.

Naciones Unidas y las potencias occidentales tardaron en reaccionar, en parte porque creyeron que Djotodia podía controlar a los miembros de Seleka y que la Misión de Apoyo Internacional encabezada por la Unión Africana (MISCA) podía asegurar la capital, Bangui. Se equivocaron en los dos aspectos. El Gobierno de transición y las fuerzas regionales de seguridad han sido incapaces de impedir que el país se sumergiera en el caos. La estrategia de esperar empleada por Occidente obliga ahora a tener que intentar recuperar a toda prisa el tiempo perdido. 

Desde entonces, Seleka se ha dividido en una serie de facciones sin líderes que se enfrentan de forma habitual tanto a grupos armados de aldeanos como a las fuerzas de seguridad. Los testigos presenciales hablan de ataques diarios contra civiles y matanzas cometidas con machetes y armas semiautomáticas. Pero lo más preocupante es que el conflicto ha adoptado un tono religioso que hace que Seleka esté luchando ahora contra nuevos grupos cristianos de autodefensa. El proceso de radicalización está muy avanzado. Si la violencia continúa y las tensiones religiosas se agudizan, la violencia a gran escala entre distintas confesiones se convertirá en una posibilidad aterradora.

Además es muy fácil que el conflicto se extienda a otros países vecinos -ya existe una gran inseguridad en la frontera con Camerún-, aunque parece que, con retraso, está llegando por fin algo de ayuda. Tras las advertencias de Francia sobre la posible desestabilización regional, Naciones Unidas le autorizó a enviar 1.600 soldados para reforzar las operaciones de la MISCA y restablecer el orden. Por ahora, el futuro de la RCA está en sus manos. Por delante tienen obstáculos como el desarme de las milicias en Bangui e impedir las luchas entre las comunidades cristianas y musulmanas. Solo entonces podrá comenzar el proceso de construcción del Estado.

Sudán

Semillero de inestabilidad y violencia durante años, la situación sigue siendo terrible en gran parte del país. La agitación política en Jartum, la fragilidad económica y las múltiples tensiones en la periferia ofrecen grandes posibilidades de conflicto para 2014.

En noviembre, el ministro de Defensa anunció una nueva ofensiva contra los militantes del Frente Revolucionario de Sudán (FRS) en Kordofán del sur, Darfur y el Nilo azul, con el fin de “poner fin a la rebelión”. La alianza rebelde, que lucha para obtener un gobierno más representativo, respondió con atentados contra carreteras estratégicas e instalaciones militares en Kordofán del norte y del sur. Jartum rectificó su estrategia, quitó importancia a la campaña y ahora dice que el Ejecutivo está dispuesto a reanudar las negociaciones. Pero los mediadores de la Unión Africana necesitan todavía contar con su acuerdo para emprender un diálogo nacional que incluya al FRS.

En Darfur, la violencia que comenzó hace un decenio se ha convertido ahora, sobre todo, en luchas entre tribus árabes, que en otro tiempo hacían el trabajo del Gobierno contra los rebeldes y las comunidades no árabes. Desde principios de 2013, la violencia intertribal ha desplazado a otras 450.000 personas. Uno de los conflictos más violentos de la región -en el que intervienen las tribus Salamat, Missiriya y Ta’aisha, de la frontera entre Sudán, Chad y la RCA- ha empujado a 50.000 refugiados más hacia Chad. En la zona oriental de Sudán, la no aplicación del acuerdo de paz respaldado en 2006 por Eritrea amenaza también con reavivar el conflicto.

Además, la mala gestión está llevando al país al desastre. Las protestas nacionales de finales de septiembre contra el fin de los subsidios al combustible sacó a la luz un descontento mucho más profundo entre las poblaciones urbanas, en otro tiempo los puntales fiables del Gobierno. El crecimiento de los grupos islamistas violentos -independientes del Partido del Congreso Nacional en el poder y del Movimiento Islamista- también indica que el Ejecutivo está perdiendo el control en todos los frentes.

La solución a todos estos problemas es la misma de siempre: hay que redefinir por completo la relación entre Jartum y el resto del país. Si no las quejas de las regiones se agravarán cada vez más y el Gobierno seguirá sufriendo una crisis de dirección y la comunidad internacional seguirá gastando miles de millones cada año para hacer frente a las consecuencias.

Uno de los obstáculos que podrían impedir la solución de los problemas entre el centro y la periferia son los cargos existentes contra el presidente Omar al Bashir por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional (CPI). Sin incentivos de algún tipo, es muy posible que Bashir no permita más que un cambio muy superficial, por temor a perder el poder y acabar teniendo que comparecer ante el Tribunal. En cambio, si la comunidad internacional confirma que están llevándose a cabo reformas creíbles y que lo único que impide un progreso mayor es el miedo al juicio, el Consejo de Seguridad podría pedir a la CPI que aplace el procesamiento de Bashir un año más, sin ninguna obligación de prorrogarlo después.

Sahel y el norte de Nigeria

La región del Sahel y el norte de Nigeria se han convertido en grandes fuentes de inestabilidad en el oeste y el centro de África, tal como predecía la lista del año pasado. En 2014, los movimientos separatistas, el terrorismo islamista y las tensiones entre el norte y sur seguirán provocando una violencia que los gobiernos de la región, débiles o acosados, no están preparados para afrontar.

En Malí, la intervención militar francesa a principios de 2013 logró arrebatar el control de las ciudades del norte del país a una coalición de grupos militantes islamistas. Después se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias sin incidentes. Aún así, el país no es estable, ni mucho menos. Los atentados terroristas, los choques entre comunidades y los brotes de lucha entre grupos tuaregs armados y el Ejército maliense han continuado. Los representantes del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA), el principal grupo separatista tuareg, han amenazado en varias ocasiones con retirarse de las negociaciones de paz. La ONU ha enviado una misión al país, pero todavía no tiene los recursos ni el personal suficientes.

Para evitar nuevos conflictos, Malí debe mirar más allá de las preocupaciones inmediatas de seguridad y ofrecer a su variopinta población servicios esenciales, justicia imparcial y una política integradora. El Gobierno de Bamako no puede dar la impresión de estar imponiendo su propia visión de la estabilidad en el norte, si no quiere que las raíces del conflicto permanezcan intactas.

Un poco más allá, Níger puede parecer relativamente tranquilo, pero está sometido a muchas de las mismas presiones que han sumergido a Malí en el caos. El presidente Mahamadou Issafou impulsa una agenda de seguridad centrada en las amenazas externas mientras su Gobierno incumple las promesas de proporcionar unos bienes sociales fundamentales a sus ciudadanos. Las tensiones que rodearon la remodelación gubernamental el verano pasado revelaron la fragilidad de la democracia en el país. Si a eso se añaden las sospechas de infiltración de los aparatos de seguridad y el Estado por parte de bandas criminales y la tremenda miseria en la que vive la mayor parte de la población, la mezcla es sin duda de lo más explosiva.

Por último, en Nigeria, Boko Haram continúa su sangrienta insurgencia en el norte del país más poblado de África. A pesar de la campaña de represión que lleva a cabo el Gobierno desde hace un año, el grupo sigue cometiendo atentados contra instalaciones militares y de la policía y contra civiles, a menudo desde sus refugios en las montañas y en los vecinos Níger y Camerún. Las luchas continuarán cobrándose vidas en 2014 mientras el Ejecutivo no adopte unas reformas de calado, entre ellas resolver los problemas de la impunidad, abordar la corrupción estructural y promover el desarrollo. Una labor que va a ser todavía más difícil a medida que el país se prepare para unas elecciones generales, seguramente muy competidas, en 2015.

Bangladesh

Bangladesh comienza 2014 en medio de una escalada de la violencia política. Decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas en los choques entre la oposición y las fuerzas de seguridad antes de y durante las elecciones generales celebradas el 5 de enero. Durante la campaña electoral, la oposición había adoptado una estrategia de cierres violentos, o hartals, en toda la nación. Además boicoteó las elecciones y acusó a la Liga Awami (LA), en el Gobierno, de ejercer el autoritarismo y cometer fraude electoral. La principal fuerza opositora, el Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), declaró una huelga general de 48 horas.

Muchos votantes se quedaron en casa por miedo a la violencia en la calle y en los colegios electorales, muchos de los cuales tuvieron que cerrar por problemas de seguridad. Existe una profunda animosidad entre los jefes de la LA y el PNB, el primer ministro Sheikh Hasina y Khaleda Zia, que se alternan en el poder desde 1991.

Una llamada telefónica entre los dos en octubre de 2013 -al parecer, su primera conversación en más de 10 años- degeneró rápidamente en insultos y pullas mutuas sobre su respectiva salud mental.

Las raíces de la polarización política de Bangladesh vienen de muy atrás. Desde hace dos años, un tribunal nombrado por el Gobierno está juzgando, en unos procesos llenos de irregularidades, los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de liberación del país en 1971 contra Pakistán. Hasta ahora, todos los que han comparecido son ciudadanos bangladeshíes. No se ha encausado a nadie del Ejército paquistaní, la fuerza que más se opuso a la liberación de lo que entonces se llamaba Pakistán Oriental. Para empeorar aún más las cosas, la condena a muerte de seis miembros del PNB y el partido islamista Jamaat e Islami -acusados de intentar sabotear la formación del país- ha agravado las divisiones sociales entre religiosos y laicos y provocado la radicalización de grupos más nuevos como Hefajat e Islam.

La única forma de resolver la situación es que se celebren unas elecciones creíbles y haya un gobierno estable y sensible. Para ello es necesario que Sheikh Hasina y Khaleda Zia superen su odio recíproco y negocien una hoja de ruta de consenso. Los riesgos son muchos. Desde 1971, el Ejército ha hecho 30 intentos de golpe de Estado, una quinta parte de ellos con éxito. En dos de ellos, los primeros ministros murieron asesinados, incluido el padre de Sheikh Hasina, Mujibur Rahman. Hoy, los militares siguen siendo un peligro. Por último, la posible radicalización de los refugiados rohingya, las preocupaciones por los derechos humanos y la complicada trayectoria económica del país forman una mezcla explosiva.

Asia Central

El repliegue de tropas de Afganistán en 2014 no es la única preocupación en Asia Central. La mayoría de los países de la región están gobernados por líderes ancianos y carecen de mecanismos de sucesión, algo que es ya en sí una receta para el caos. Todos ellos cuentan con poblaciones jóvenes e insatisfechas y unas infraestructuras deterioradas.

Uzbekistán, un vecino siempre difícil, se pelea con Kirguistán por las fronteras y con Tayikistán por el agua. Moscú advierte de la formación de grandes guerrillas centroasiáticas en el lado afgano de la frontera y está reforzando su ayuda militar. Tayikistán también es muy vulnerable y padece una escasa capacidad de gobierno: grandes niveles de corrupción, unas fuerzas de seguridad apenas funcionales y un control limitado de varias regiones estratégicamente delicadas. Además de ser una ruta fundamental para los opiáceos destinados a Rusia y a otros países.

En Kirguistán, el extremismo político nacionalista es una amenaza no solo contra el tejido social del país sino también contra su economía, porque algunos políticos buscan obtener beneficios políticos y probablemente económicos capturando inversores extranjeros para el importante sector minero. El crimen y la corrupción son endémicos. El duro Estado autoritario de Uzbekistán es la principal espina para Moscú y el más estrecho aliado de Estados Unidos en la región. Y, sin embargo, su presidente, Islam Karimov, parece haber perdido el control de su propia familia: se sospecha que su hija mayor, Gulnara, tiene sus propias ambiciones presidenciales y ha lanzado ataques verbales contra su madre y contra el responsable de seguridad, probablemente la segunda figura más poderosa del país. Los Estados vecinos temen que después de Karimov la inestabilidad pueda generar oleadas de refugiados que supondrían una nueva presión sobre sus difusas fronteras.

Por su parte, Kazajstán, un país rico en recursos, aspira a ser líder regional, pero esa ambición podría venirse abajo por una serie de problemas internos. A los inversores como China les preocupa el hecho de que los kazajos hayan complicado más de lo necesario la solución de los problemas de insurgencia más modestos. Además, el país sufre una grave falta de transparencia para las inversiones extranjeras, enormes desigualdades de rentas, un mal historial en materia de derechos humanos y presiones cada vez mayores de Moscú. Y necesita diseñar un mecanismo que garantice una transición fluida cuando desaparezca su líder histórico, Nursultan Nazarbayev. Por último, Turkmenistán, muy rico en hidrocarburos pero muy débil en gobernanza, confía en resistir ante cualquier consecuencia de la nueva situación en Afganistán llegando a un acuerdo con sus nuevos dirigentes. En el pasado, eso ha sido útil, pero no hay garantías de que vaya a volver a serlo en el futuro.

Aunque Afganistán volverá a centrar la atención de la comunidad internacional en 2014, los Estados de Asia Central estarán debatiéndose con sus propias situaciones en un rincón del mundo que durante demasiado tiempo no ha sido más que un peón en una partida que juegan otros.

Cáucaso Norte (Sochi)

En febrero, Rusia acogerá los Juegos Olímpicos de Invierno -los más caros de la historia, con un presupuesto de 47.000 millones de dólares- en la ciudad de Sochi, a orillas del Mar Negro. Pero la seguridad es un problema más grave que el coste: el conflicto actual más activo de Europa se desarrolla allí al lado, en el Cáucaso Norte. Si el lema olímpico es “más rápido, más alto, más fuerte”, el lema de Putin para hacer frente a la insurgencia de la región parece ser “más malo, más duro, más fuerte”.

El líder de la rebelión islamista del Cáucaso Norte, Doku Umarov, ha amenazado con trastocar los Juegos Olímpicos y ha instado a sus militantes a emplear todos los medios a su alcance para cometer atentados terroristas en toda Rusia. Y da la impresión de que le han hecho caso: en 2013, hubo al menos 30 atentados en el sur de Rusia. Dos atentados cometidos el 30 de diciembre, que mataron a docenas de personas en Volgogrado, ponen de relieve el carácter de la amenaza terrorista. En respuesta, el Gobierno ruso ha desplegado unas medidas de seguridad sin precedentes en Sochi y ha reforzado los controles fronterizos para impedir la infiltración de combatientes de otros países y reducir el peligro procedente del Cáucaso Norte, en especial de su república más agitada, Daguestán. 

Por desgracia, algunas de estas medidas podrían empeorar la situación. En enero de 2013, el presidente ruso Vladímir Putin sustituyó al presidente de Daguestán y dio un vuelco a la delicada estrategia de seguridad de la república, que estaba dando muestras de éxito. Además de implantar enérgicas medidas contra la corrupción, el nuevo presidente, Ramazan Abdulatipov, impulsó una ola de represión contra la vibrante comunidad salafista del país. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones de limpieza en pueblos, detuvieron a grandes grupos de fieles en cafés, madrasas y hogares e intimidaron a líderes moderados, organizaciones cívicas y empresas de la comunidad salafista. Las modestas iniciativas de diálogo que existían se han interrumpido. Además, Abdulatipov cerró la comisión para la rehabilitación de combatientes y estimuló la creación de milicias populares, en teoría para luchar contra el extremismo. Sin embargo, las milicias ya han participado en actos violentos intraconfesionales.

Igualmente preocupante fue el anuncio hecho en septiembre por Yunus bek Yevkurov, presidente de otra república del Caúcaso Norte, Ingushetia, de que se iban a demoler las casas de las familias de los insurgentes y se iban a confiscar sus tierras. En la cercana Kabardino-Balkariya, el presidente civil, Arsen Kanokov, fue reemplazado por el antiguo responsable del Departamento de lucha contra el extremismo en el Ministerio del Interior, un personaje no precisamente famoso por su sutileza a la hora de abordar la seguridad.

Sochi debe ofrecer unos Juegos seguros. Pero la vuelta a unas torpes políticas de represión seguramente agudizará el conflicto una vez que los Juegos hayan terminado, lo cual permite pensar que 2014 volverá a ser un año sangriento en el sur de Rusia.

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