El gobierno de Maduro rechazó informe de DDHH de la ONU

Cancillería venezolana criticó la metodología del informe, que cuestiona al régimen chavista por las ejecuciones extrajudiciales que se producen en ese país.
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dpa

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 El Gobierno venezolano rechazó ayer el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgado hoy en Ginebra.

En un comunicado de la Cancillería, el Gobierno venezolano criticó la "metodología altamente cuestionable" del informe, lo que "sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad", agregó.

En su informe, el Alto Comisionado denunció la falta de respuestas del Gobierno por las centenares de ejecuciones extrajudiciales de las que se acusa a las autoridades del país, y pidió por ello una mayor implicación de la Corte Penal Internacional (CPI).

"Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia", señaló el organismo de la ONU en Ginebra.

La CPI abrió en febrero pasado un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en el contexto de la ola de protestas de 2017. Este procedimiento no supone la apertura de una investigación oficial, algo sobre lo que la fiscalía decidirá más adelante.

"El pretendido informe constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad y el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Zeid Ra'ad Al Hussein, durante el sombrío ejercicio de su mandato como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos", replicó el Gobierno venezolano.

Además, el Gobierno del presidente Nicoñas Maduro criticó a Al Hussein por su "complicidad con la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela", y lo acusó de guardar silencio "frente al negativo impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales generado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y sus serviles aliados en la región y en el mundo".

También cuestionó que en su informe Naciones Unidas descartara intencionalmente toda la información oficial que le suministró el Gobierno, a fin de construir una "grotesca farsa mediática en esta materia, en alianza con otros actores multilaterales al servicio de Washington".