El día en que un municipio mendocino fue noticia mundial
El diario El País, de España, publicó un informe sobre Santa Rosa titulado "Un municipio argentino declara "hereditarios" los cargos públicos", sobre la norma que fue aprobada por el Concejo Deliberante de esa comuna y que aunque la intendenta Norma Trigo la vetó, el peronismo insiste con sostener.
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"Santa Rosa, en la provincia de Mendoza, tiene 17.000 habitantes y 1.300 empleados públicos. La proporción es enorme pero no debe sorprender: refleja la realidad de muchos pueblos del interior argentino, cuyos habitantes dependen del Estado para trabajar. El ayuntamiento de Santa Rosa tuvo alguna vez hasta 3.000 funcionarios, cuando gobernaba un intendente que hoy está procesado por corrupción", se explica en el diario español, haciendo mención al caso de Sergio Salgado.
El mismo diario explica que con la detención y posterior renuncia de Salgado y la designación de Norma Trigo a cargo de Santa Rosa -luego ratificada en las elecciones- provocó un cambio de color político en la comuna, cuando el intendente justicialista fue remplazado por una integrante de la alianza Cambiemos, la misma que encabeza en la provincia el gobernador Alfredo Cornejo y en el país, Mauricio Macri.
"Cuando llegó (por Trigo), dio de baja a más de la mitad de la plantilla municipal, una medida drástica que puso en alerta al peronismo, recién estrenado en su rol de opositor. ¿Cómo respondieron los concejales peronistas? Aprobaron una ordenanza que obliga al ayuntamiento a reemplazar cualquier cargo vacante con un familiar directo del empleado jubilado o fallecido", explican en El País.
El autor de la ordenanza fue el concejal Marcial Ibarra, hijo de un funcionario municipal que consideró que su proyecto solo buscaba darle un marco legal a una situación que ya se daba y que de acuerdo con su interpretación, por lo tanto, es "un derecho adquirido".
La ordenanza, por ahora, está suspendida. Y dependerá de la oposición insistir o no en ella y aunque el peronismo tiene la mayoría suficiente como para hacerlo, Trigo anticipó que recurrirá a la Justicia para que se declare su inconstitucionalidad.