Piden que indígenas víctimas de incendio en Lima dejen la zona

La vicealcaldesa de Lima, Patricia Juárez, insistió hoy en que los indígenas shipibos que perdieron sus casas en Lima el viernes por un incendio deben trasladarse a los campamentos levantados por la municipalidad en una zona céntrica.
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"Tenemos todo lo necesario para que puedan estar en perfectas condiciones (en las carpas)", afirmó Juárez, quien enfrenta la negativa de la mayoría de shipibos de abandonar su sitio en el céntrico barrio Cantagallo.
Mientras tanto, en las redes sociales continúa la pugna entre quienes se solidarizan con los nativos y quienes los atacan con el argumento de que no son de Lima y pretenden imponer condiciones.
El caso estalló con un incendio, iniciado al parecer por una vela que cayó al piso. El fuego se expandió rápidamente por las casas, construidas en condiciones muy precarias y con cables eléctricos expuestos.
Ninguno de los cerca de 2.000 shipibos del lugar murió ni sufrió heridas graves, pero las más de 200 familias quedaron en la ruina, pues las llamas quemaron sus pertenencias y varias de las que se salvaron fueron robadas por vándalos.
El malestar ciudadano estalló porque desde hacía varios años se denunciaba la precaria situación en que vivían los indígenas, que emigraron a Lima en el año 2000 desde el departamento selvático oriental de Ucayali en busca de mejores oportunidades.
Ante la precariedad, la anterior alcaldesa de Lima, Susana Villarán, diseñó un plan para recuperar el sector, en las márgenes del río Rímac, y trasladar a los nativos, con anuencia de éstos, a una zona denominada Campoy.
Empero, el programa fue dejado de lado por el actual alcalde, Luis Castañeda, quien invirtió el dinero en la construcción de un by-pass céntrico, que ha recibido muchas críticas porque es supuestamente antitécnico e innecesario y hay dudas de corrupción.
Periodistas independientes, como Rosa María Palacios y Daniel Yovera, han denunciado que Castañeda vendió supuestamente los terrenos de Campoy, lo que es negado por Juárez y demás portavoces del partido del burgomaestre, el derechista Solidaridad Nacional.
Señalado por muchos como uno de loos mayores responsables de la tragedia, el alcalde planteó un traslado provisional a las carpas en la zona de Martinete, pero los damnificados, que se dedican a la artesanía y no suelen tener problemas con la ley, se resisten porque argumentan que, en ese lugar, también céntrico, pululan los delincuentes.
Dirigentes de los shipibos dispusieron que a esos campamentos, que por ahora gozan de vigilancia, vayan mujeres y niños, pero que los hombres adultos se queden en Cantagallo para evitar el desalojo total. Según Juárez, en las carpas hay poco más de 400 personas.
Sociólogos y comunicadores, entre tanto, llaman la atención sobre la "guerra" informática y de opinión que estalló entre quienes apoyan a los shipibos y los que, con argumentos a los que la contraparte califica de racistas y clasistas, expresan su rechazo a esa comunidad.