Condenarons a dos ex carabinero por matar a un joven 1973
Dos carabineros chilenos retirados fueron condenados hoy a penas de prisión por el asesinato, en 1973, de un joven militante socialista en la norteña ciudad de Calama, informaron fuentes judiciales.
En un fallo de primera instancia, la jueza Rosa María Pinto, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sentenció a seis años de prisión al ex policía Rómulo Galleguillos Pangue como autor del homicidio calificado de Juan Matulic Infante, cometido el 16 de octubre de 1973.
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Asimismo, condenó a tres años de presidio al ex oficial Osvaldo Arriagada Pazmiño, como encubridor del delito.
En su fallo, la jueza no otorgó beneficios carcelarios a los ex uniformados, señalando que deben cumplir la pena en prisión.
Juan Matulic, de 19 años, fue detenido en Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, a comienzos de octubre de 1973, "sin mediar orden de tribunal alguno", según el expediente y después de algunos días, en los que fue torturado, se le puso en libertad.
Sin embargo, el 14 de octubre fue detenido nuevamente, bajo la acusación de haber intentado secuestrar a los hijos de un funcionario policial.
Dos días después, su cadáver fue encontrado con nueve balazos en el cráneo y la parte superior del tórax.
La jueza Pinto descartó aplicar a este caso la amnistía o la prescripción, por estimar que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, se estarían infringiendo los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile.
Recordó además sentencias de la Corte Suprema en las que se ratifica la vigencia de dichos instrumentos, a través de los cuales Chile "se obligó a garantizar la seguridad de las personas, en especial si fueren detenidas, quedándole prohibidas las medidas tendentes a amparar los agravios cometidos contra ellas o lograr la impunidad de sus autores".
Dos días después, su cadáver fue encontrado con nueve balazos en el cráneo y la parte superior del tórax.
La jueza Pinto descartó aplicar a este caso la amnistía o la prescripción, por estimar que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, se estarían infringiendo los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile.
Recordó además sentencias de la Corte Suprema en las que se ratifica la vigencia de dichos instrumentos, a través de los cuales Chile "se obligó a garantizar la seguridad de las personas, en especial si fueren detenidas, quedándole prohibidas las medidas tendentes a amparar los agravios cometidos contra ellas o lograr la impunidad de sus autores".
