Minería, la madre que los parió

Una lectora escribe sobre el tema que a los mendocinos los vuelve locos, y hace un repaso por las últimas administraciones y los pormenores de la “banda picapiedras”.

betty mármol

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Corría el año 2007 y en la Dirección de Minería de la Provincia se respiraba una sensación extraña. Una dependencia descentralizada de la Casa de Gobierno, pero dependiente orgánicamente del entonces Ministerio de Infraestructura. Las cuarenta personas que allí trabajaban eran unos personajes caracterizados por cierto ostracismo, tendientes a una idea de trabajo castigo y manejados al mejor estilo patrón de estancia.

El día después a la sanción de la ley 7722, nadie se animaba a decir nada. Los empleados públicos son una suerte de espías a sueldo durante las campañas electorales y esta era por lo demás inusual en Mendoza. El gobernador había llegado al sillón de San Martín encabezando la boleta de la Unión Cívica Radical, sucediendo a otro gobernador de su mismo color político.

En la elección que lo llevó a la gobernación, en 2003, la escena nacional marcaba la primera vez de un ballotage en la República Argentina luego de la reforma constitucional de 1994 y la candidatura a re-reelección de Carlos Saúl Menem. No nos olvidemos que esto fue posible gracias al Pacto de Olivos.

Con apenas el veinticinco por ciento de los votos, el gobernador santacruceño le haría frente al riojano que llevaba ya diez años como presidente. Como era esperable, rosca duhaldista mediante, Carlos Menem desiste del ballotage y Néstor Kirchner asume la Presidencia de la Nación el 9 de Julio de 2003. No hace falta decir que la paga fue la banca vitalicia en el Senado, sabiendo que los fueros le evitarían ir a prisión.

Cuatro años más tarde, Julio Cobos recibe la propuesta de acompañar a Cristina Fernández en la candidatura a ocupar el poder ejecutivo nacional. Con un portazo a su partido de origen, funda una coalición y se convierte en el candidato a Vicepresidente. En ese contexto electoral, se sancionó la ley que impide el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y “otras sustancias similares” (las comillas están en el texto de la ley), en los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos en Mendoza.

En la Dirección de Minería, los empleados radicales no sabían si festejar o no, y los peronistas… menos. Más allá de la simpatía ideológica había un interrogante de fondo y era hasta qué punto la repartición sobreviviría al impacto atroz que significaba para la industria que debían regular, la entrada en vigencia de la Ley.

El día después a semejante despelote legislativo, la oficina del Director tenía las luces apagadas. Las persianas estaban bajas. La puerta de la secretaría, cerrada. Los teléfonos no sonaban. Nadie entraba por la puerta vidriada. La telefonista, que también era la encargada de abrir el portero, entró en un estado de letargo que no se iría jamás. El aburrimiento de ella, mate de por medio mientras escuchaba LV10 en una radio vieja, mermaba cuando alguno de los empleados pasaba por el pasillo y se detenía con uno que otro comentario.

Fue el inicio de un comportamiento característico de la repartición: espionaje y contraespionaje porque, si hay ley hay trampa, y en eso se empezaron a enroscar. Todos manejaban información clasificada. La forma en la que relataban la historia de cómo habían conseguido esa información, mezclaba algo de realidad con mucho de agregado y bastante de consideraciones personales sobre los involucrados en el rumor.

Pronto se conformarían los dos bandos y dentro de cada uno, los subgrupos con sus características propias. Había un tufillo brumoso que sobrevolaba los ya grises pasillos del edificio, con un murmullo imposible de identificar y una paranoia generalizada tras la puerta de cada oficina.

El Director llegó apurado a la Dirección. Como una ráfaga, la tertulia se terminó en las oficinas y empezaron a desfilar por el despacho los empleados preocupados, que no salían con mejor ánimo. Si ellos estaban consternados, el jefe no estaba mejor.  Había perdido una pulseada frente al sector al debía regular y encima, el gobernador ya se había cruzado de bando. Viniera el que viniera después, seguro que al menos él, iba a ser removido. La única carta que podía jugar era la que usan todos los directores: el Código de Minería, que impide a un idóneo ocupar el cargo. Hay que ser geólogo o ingeniero. Y no son muchos los que estudian esas carreras para dedicarse a la minería, la mayoría termina en empresas petrolera, en donde ganan bastante más que un funcionario de tercer nivel.

De todas maneras, en la oficina de geología ya empezaban a disputarse el espacio. El espionaje y contraespionaje fue un recurso que también usó el jefe, haciéndose amigo de empleados con los que ni por cerca compartiría una charla de no mediar circunstancias extremas. Ganarse puntos con el patrón, empezaba a ser moneda de uso y cambio entre los empleados de Minería.

Los rumores iban y venían. Los peronistas históricos y los radicales ultraconservadores se disputaban a las vedetes de la repartición: los radicales conversos al kirchnerismo, de los que ambos grupos desconfiaban. Todos tenían un padrino político en el cuál se apoyaban y a al cual supuestamente le iban con el cuento.

La 7722 era el punto de inflexión. Había sido una batalla ganada por un gobernador radical candidato a vicepresidente por el kirchnerismo. Las cosas no parecían muy claras, sobre todo porque después de las elecciones, habría nuevo gobierno y nadie sabía qué iba a pasar con unos y otros, ganara quien ganara.

A los empleados públicos no se los puede echar así nomás, incluso sumario de por medio, pasaban varios años hasta que alguien pusiera una firma para la baja. Pero el gobernador en cuestión, había dejado una bonita herencia en términos de control de la planta permanente de empleados públicos: los contratos de locación de servicios. El tema con los “contratitos” era que tenían vigencia anual. Durante los tres años de un gobierno se renuevan casi automáticamente, salvo contadas excepciones; pero en el año de cambio de gobierno era cantado que a los contratados se les daba de baja si ganaba un gobierno de otro color político. Los gremios tenían algo más que las paritarias para ocuparse.

¿Y ahora? ¿Quién tenía que ganar la gobernación para que los contratados no fueran dados de baja, un radical o un peronista? ¡Vaya dilema tenían en la repartición mientras en las altas esferas se dirimían el poder! 

En la Casa de Gobierno el ambiente era distinto. Ahí también había dos bandos, mucho más difíciles de identificar que en la pequeña Dirección de Minería. Se mezclaban en el tumulto reinante entre los cientos de funcionarios que se cruzaban en los ascensores, pasillos y escaleras, los miles de empleados y montón de vendedores ambulantes de flores, fiambres, ropa, bijouterí y tortitas.

En la explanada, también pululaban los transeúntes que entraban y salían de la oficina central de Rentas y de la sucursal del Banco. Ese día, los abogados que iban y venían pasaban desapercibidos, pero en las oficinas del Ministerio de Infraestructura el tránsito era mayor al de los días anteriores, cuando todos esos abogados recorrían las oficinas de los legisladores.

La primera batalla estaba ganada por los ambientalistas, pero los mineros no se darían por vencidos. La millonaria industria había invertido demasiado y el gobierno les había cambiado las reglas del juego sin mediar acuerdo previo, ni siquiera un par de cenas de advertencia. No, todo lo contrario. El mismo que había ratificado la Ley, había ido unos años antes a buscar inversiones mineras al extranjero, con bastante éxito. Los inversores canadienses que querían el cobre de Uspallata no estaban muy contentos, y las consultoras locales encargadas de llevar adelante el proceso, ni hablar.

No era para menos. Chile, del otro lado de la cordillera, estaba descollando en la industria del cobre, que convivía sin problemas con los cultivos de vid y con las plantaciones intensivas de palta (otra producción que se lleva 1000 litros de agua al año por árbol y de la que los ambientalistas ni hablan). Los geólogos saben que la montaña es un espejo, lo que hay de un lado, lo hay del otro. Mendoza prometía inversiones extraordinarias en materia de minerales metalíferos. Entonces… la gobernación la ganó un malargüino, como para intentar un empate.

La historia se complicó con el Atuel. Nada que ver en principio con la minería, sino con el agua que le llegaba a La Pampa. La construcción de los embalses del Complejo Nihuiles para la generación de energía hidroeléctrica había mermado el caudal de agua que llegaba a Santa Isabel, comunidad pampeana lindera al límite con Mendoza. El Atuel es una cuenca interprovincial, pero Mendoza no estaba dispuesta a desperdiciar una sola gota de agua en el tramo que tenía dentro de su territorio. En San Rafael, departamento mendocino por donde el Atuel tiene su gran cañón y dónde se construyeron las presas, se desarrollaba un proyecto minero estratégico que en estos días dio que hablar: Sierra Pintada, con 6500 toneladas de uranio sin extraer.

Con el avance de las centrales Atucha, la producción de Sierra Pintada era fundamental. El fantasma de la contaminación de la cuenca por radiactividad empezó a sobrevolar entre los pobladores agrícolas y ganaderos de General Alvear y se formó un intenso grupo de ambientalistas. Finalmente, y fundamentando altos costos de producción, Sierra Pintada se paralizó y, acto seguido, el reclamo se centró en el uso del agua del Atuel, temita que sigue sin resolverse y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El éxito del grupo fue el antecedente para que surgiera la Ley 7722 con el objetivo, para nada desdeñable, de cuidar cada gota de agua. A partir de allí la odisea se trasladó a Uspallata con la intención de frenar la explotación de cobre y oro en el cerro San Jorge, otro proyecto que intentó seguir adelante a pesar de la Ley, tratando de avanzar con la  lixiviación mediante químicos que no estaban previstos específicamente y que podían salvarse del estudiado encomillado en el texto.

Entró a jugar fuerte otra repartición vecina a la Dirección de Minería: la Dirección de Protección Ambiental, encargada de emitir la Declaración de Impacto Ambiental que daba el visto bueno o el rechazo a los proyectos mineros. Esta Dirección, pertenecía al organigrama de otro Ministerio, por entonces comandado por quién había perdido la interna con el malargüino.

Pareció volver cierta sinergia de actividad en el predio de la calle Boulogne Sur Mer. Las luces estaban encendidas, las persianas levantadas, la oficina de la secretaría con la puerta abierta. Era una puesta en escena. Los contraespías no tardaron en darse cuenta de que cuando el despacho estaba iluminado y la secretaría abierta, el Jefe no siempre estaba. Otro tema de pasillo: ¿Llegó? ¿Está? ¿No vino? El sí o el no a cualquiera de las preguntas ocasionaba una secuencia de acciones en unos y en otros que a su vez desataba un sinfín de elucubraciones hacia adentro y hacia afuera de la Dirección.

Miedo a perder la fuente de trabajo, a un nuevo jefe, a que nombraran jefe a un compañero del otro bando, a estar sin jefe, a tener un jefe interino. Intrigas. Envidia. Intereses cruzados. Lo mismo que en las grandes esferas pero a nivel doméstico, con gente común, del llano, aunque con ínfulas exacerbadas por el poder de la información obtenida en los esfuerzos del espionaje y difundida a los pocos elegidos para intentar erigirse en líder de la manada picapiedras. 

Algunos habían apoyado la sanción de la Ley, haciéndose eco de los reclamos ambientalistas. Y ahora que los mineros metalíferos estaban fuera de juego, había que hacer buenas migas con los únicos que quedaban: los canteristas.

Ahí estaba el salvoconducto, porque con la llegada de Cristina a la presidencia, la obra pública venía de parabienes y los dueños de las canteras empezaron a mostrar el pecho de paloma. Ripieras, yeseras, calisas, cementeras y demás, comenzaron a proveer cantidades y cantidades a las empresas constructoras.

La Dirección tuvo un nuevo desafío: legalizar las extracciones clandestinas de materiales de tercera categoría. Claro que eso sería tarea del próximo Director, porque los peronistas ganaron la provincia y el jefe radical fue reemplazado.

Pedro, Pablo y Bambam

El nuevo gobernador no tuvo mejor idea que colocar al frente del Ministerio de Infraestructura a un abogado socio de un estudio que representaba los intereses de la empresa minera que ostentaba ser la explotadora de oro y cobre en el cerro San Jorge. Los ambientalistas explotaron.

De todas maneras no había que preocuparse demasiado, el ex gobernador devenido en vicepresidente seguía, por esas vueltas de la política, siendo oficialista y su permanencia en el poder garantizaba cierto respaldo a los intereses que habían sido legislados el año anterior.

En la Dirección de Minería no quedaba muy claro si los cobistas eran radicales o kirchneristas, pero ese nivel de distinciones sólo quedaba para el delirio de unos pocos, los amigos del nuevo ministro que hasta unos meses antes estacionaba el auto en el predio común y cumplía horario en el área legal de la vecina Dirección de Ganadería. El espionaje cobraba otro valor. Como en las películas de Hollywood, todo lo que se decía podía ser usado en contra.

Con el cambio en la cabeza de la Dirección, cambiaron los secretarios, adiestrados para resguardar al nuevo jefe de las intrigas pasilleras. Hubo regateo de oficinas para algunos, traslados para otros. El nuevo Director desconocía los antecedentes de cada empleado así que era un comienzo a fojas cero, en donde todos tratarían de ganarse la simpatía o mostrar abiertamente el descontento. Naturalmente los amigos del Ministro eran los más verborrágicos y tenían las orejas más afiladas que la lengua. Llevar y traer información clasificada del Ministerio a la Dirección y viceversa, era el pasatiempo mejor recompensado por los compañeros y por la banda picapiedras.

Pasado el primer año de gestión el país se paralizó por la Resolución 125. A Mendoza lo único que le interesaba de esa discusión era la posibilidad de mayor coparticipación federal. Pero como una plaga verde, los productores sojeros tomaron las rutas y las miradas apuntaron al vicepresidente, encargado de dirimir el empate al que lo llevó su propia traición.

Que no era del palo, todos lo sabían. Que no era opositor, estaba en duda. El mendocino que dio un portazo a su partido para ser el vicepresidente en la lista de la oposición ahora tenía que decirle a todo el país de qué lado estaba. Tremenda emboscada le armaron propios y contrarios. A favor o en contra de la Ley que le daba al estado nacional la retención del 50% del valor de exportación de la soja, transpirando musitó a las cuatro de la mañana, luego de una larguísima sesión en el Congreso, un lacónico “no positivo”.

Se dividieron las aguas. Los cobistas fueron desterrados de ejército kirchnerista. El poder ejecutivo nacional tenía un vicepresidente opositor y cuando la Plaza de Mayo se llenó de files a Cristina, las aguas volvieron al cauce, ahogando a los pocos que quedaban sin cruzar. Los bloques del Congreso estaban confusos y Mendoza tenía un par de Legisladores que no sabían en donde sentarse.

Con el apoyo campero nacional al vicepresidente mendocino y la provincia gobernada por un amigo de la presidenta, la batalla política estaba ganada. Los peronistas cantaban la marcha por los pasillos y los radicales escondieron la cabeza y pasaron a hibernar.

Claro que esto no era tan fácil de dirimir en Uspallata. Que el poder ejecutivo provincial tuviera un ministro pro minero y que al promotor de la 7722 le hubieran bajado la persiana en las altas cumbres del poder, hizo encender un semáforo rojo para los ambientalistas, que hicieron del poblado cordillerano su blanco de acción, plantando allí la bandera de la defensa de los recursos naturales.

Las asambleas populares no dieron resultado afirmativo y San Jorge tuvo que esperar. Habría que poner las esperanzas en la inconstitucionalidad de la Ley. Mientras tanto, el ministro pro minero fue acaparando atención en el gabinete. La nacionalización de YPF le otorgó mayor poder a su ministerio, que tenía en el organigrama la Subsecretaría de Hidrocarburos. Se licitó la concesión de nuevas áreas y la obra pública iba en ascenso. Le llegó el día D. La llamada telefónica de un ex compañero de gabinete que había recalado en el entorno presidencial cambió todo. La relación familiar de un importante empresario constructor de Mendoza, con su poderoso par nacional en el área de infraestructura, abrió una ventana que nadie había imaginado y el ministro se convirtió en candidato a gobernador en las pocas semanas que duraron las conversaciones. La banda picapiedras estaba eufórica.

Mientras en la Corte seguían llegando las carpetas que iban a engrosar las fojas del expediente con el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 7722, San Juan pasaba al frente con un proyecto binacional único en su tipo: Pascua Lama, a cargo de la Barrick Gold. El 3% de retenciones a las exportaciones mineras empezaba a ser cuestionado como pobre y Mendoza no encontraba escollo para filtrar el desarrollo minero.

A la Dirección de Minería llegó un pedido de inicio de expediente para explorar una nueva zona con potencial minero, cercana a San Jorge. No era de extrañar que el expediente administrativo se demorara. No porque la Dirección estuviera tapada de trabajo, sino porque había una nueva estrella de la minería no metalífera en Mendoza: Potasio Río Colorado. La mina de Potasio en Malargüe parecía la salvación provincial en materia minera. Cuando los candienses vieron que en Mendoza no iban a poder extraer el cobre, se retiraron también del Potasio y el proyecto lo compró la brasileña Vale.

Todo cerraba: las canteras con la obra pública y el potasio para las plantaciones de soja, ¿a quién le importaba el cobre y el uranio? Parece que a alguien le seguía importando porque al ministro devenido en gobernador no se la perdonaron y se denunciaron coimas en la empresa Vale. Muy argento todo, maquillado con el Lava Jato.

La ordenadísima gestión que siguió a estos fallidos intentos mineros, durante 2018 llevó adelante un censo minero con fondos de la Secretaría de Minería de la Nación. El mejor equipo de los últimos cincuenta años quería minería y para eso eliminó las retenciones a las exportaciones en el rubro y liberó el tipo de cambio de un día para otro. Y sí, los dólares se fueron.

En Mendoza nadie dio a conocer públicamente los datos de ese censo aunque se sabe que se regularizaron más de cien canteras y que el dinero que le entra a ATM por esa actividad no es poco. A pesar de que la construcción de viviendas viene en caída, se remodelaron plazas y rutas a toda pompa. Las canteras siguen y aumentan.

Estamos en 2019. La Dirección de Minería tiene apenas dieciocho empleados para controlar el total de la producción minera provincial, evitar el contrabando de minerales y cobrar el canon. Nadie quiere ir a trabajar ahí, es un tren fantasma en donde cada quien se disfraza de su monstruito preferido.

La Universidad Nacional de Cuyo pidió trasladar el Laboratorio de análisis de rocas a San Rafael, después de que se gastaron dos millones de pesos en un expectrómetro de rayos X de última generación que apenas se usa. Es verdad, dos millones de pesos son un vuelto para una administración, pero si el presupuesto anual de la repartición no llega al millón de pesos, ese gasto como que no se entiende. Todo muy lejos de lo que la prensa pueda rapiñar. Mientras tanto, en la calle Boulogne Sur Mer se invirtieron 36 millones de pesos en la remodelación del predio, que quede bien bonito aunque nadie quiere decir para qué.

Los que son parte del negocio minero, multimillonario aunque se trate de una ripiera, saben el potencial. La última semana el gobernador electo dijo que va a apostar a la actividad, a pesar de que a su principal oponente le tiraron con ladrillos por la cabeza.

Dijo que el problema del agua en Mendoza es porque se pierde por infiltración en el riego agrícola y que la inversión en minería le permitiría a la Provincia contar con dinero para canalizar el agua y optimizar el recurso hídrico.

Mientras tanto, el actual gobernador se despide con la remediación de pasivos en Sierra Pintada (lo que había impedido su continuidad), justo cuando el precio del uranio argentino se volvió competitivo. ¡Bingo!

Casualmente, el candidato opositor al actual presidente, dijo que va a apostar a la minería y pinta como posible ministro el que lidera la comarca minera argentina. ¿Será? Porque después de que se eliminaran las retenciones a las mineras, no veo de dónde sacaría Mendoza los recursos que supuestamente pretende usar para mejorar los cauces de riego si las mineras se llevan el recurso al exterior sin dejar en el país más que la inversión en baratísima mano de obra y servicios tercerizados.

Ya lo había dicho Perón: “No considero riqueza lo que está debajo de la tierra, sino lo que se ha extraído de ella”. Pero si lo dijo Perón es basura. Mientras tanto, Argentina importa 100 toneladas de uranio al año para alimentar las centrales nucleares que producen la energía más limpia y eficiente, pero le apuesta a la costosísima extracción de hidrocarburos de Vaca Muerta, de la que Mendoza tiene sólo la cola de la vaca.

¡Ahhh! Pero inauguramos un parque de paneles solares. Pregunten de dónde se saca el silicio con el que se construyen esos paneles. ¡Claaaaaro, pues! ¿Y con qué material se conduce la electricidad que se produce en los paneles? ¡Ahí está! ¿Y con qué está hecha la pantalla del dispositivo con el que estás leyendo esto? ¡Bieeeeeen!

Así que antes de decir NO a la minería y escandalizarte por el incendio del Amazonas y por el papel higiénico que les falta a los venezolanos, preguntate si podrías vivir en una caverna.

Si la repuesta es sí, ahí te van a sobrar pajaritos y aire puro. Mientras tanto, si cargás combustible, encendés la luz y cocinás con gas, cerrá la boca. Me olvidaba que en la boca seguramente tenés caries tapadas con cobalto. Y ni te cuento de qué están hechas las prótesis de cadera de tu abuela y con qué funciona el tomógrafo del Notti.

Escrita por Betty Mármol.

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