La vitivinicultura que fue, la que hay y la que viene

El Grupo de Apoyo Mendocino al Desarrollo Estratégico 2050, GRAMDE; es un núcleo de instituciones, universidades, cámaras empresarias, ONG’s, sindicatos y personalidades de distinta índole de la provincia y como continuidad del GAMAB 2018, que se creó como apoyo a la Asamblea del BID en Mendoza. Tiene diversas áreas de trabajo y, aquí, el aporte al desarrollo de la vitivinicultura en Mendoza.

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La vitivinicultura que fue, la que hay y la que viene

La vitivinicultura que fue, la que hay y la que viene

 En el Grupo GraMde-10 –SubG Vitivinicultura se abordan los problemas más acuciantes que actúan como barreras al desarrollo sustentable del sector, con un enfoque sistémico y dentro del marco conceptual de la sustentabilidad en su acepción más amplia es decir, contemplando no sólo los aspectos físicos o medioambientales, sino también los componentes políticos, económicos y sociales que la condicionan.

A los efectos de precisar aún más los alcances del trabajo de las comisiones, definiremos el concepto de desarrollo rural sustentable como un estadio del proceso de crecimiento económico del sector rural; en el que se hayan alcanzado plenamente la eficiencia productiva y comercial y la equidad distributiva; entendida esta última como la igualdad de oportunidad de acceso a los recursos básicos tales como agua potable, vivienda, salud y educación; a los recursos productivos y a los mercados.

Dada esta conceptualización más amplia del desarrollo sustentable, es imprescindible reconsiderar algunos paradigmas relacionados con el rol del Estado, especialmente en situaciones en que el mercado falla en la provisión de bienes públicos o en la asignación de recursos en presencia de externalidades, en la elección de criterios para la evaluación social de proyectos de inversión y sus implicancias en la definición de la política pública nacional y sectorial.

Para abordar el tema de la sustentabilidad con esta visión amplificada es imperativo que en su definición queden subsumidas todas las parcialidades mencionadas, para finalmente revelar la estrecha interdependencia existente entre eficiencia, equidad y sustentabilidad. En consecuencia, el cumplimiento de las condiciones de eficiencia productiva y equidad es un insoslayable prerrequisito para alcanzar la sustentabilidad.

Una propuesta de desarrollo rural sustentable debe estar basada en un diagnóstico realista orientado a la detección y resolución de problemas, sean éstos coyunturales o estructurales. Si por cualquier motivo la condición de equidad se ve cercenada, todo intento de integración y organización social de cualquier cadena de valor culminará indefectiblemente en el fracaso.

Elaborar una propuesta para la vitivinicultura argentina con miras al 2050 exige realizar previamente un análisis de la evolución histórica del sector, con el fin de identificar algunos hitos fundamentales que modificaron su curso para transformarse luego en cambios permanentes, positivos o negativos, que tuvieron un significativo impacto sobre la producción, la estructura del mercado, la rentabilidad del productor, la competitividad del sector y muy especialmente, sobre la relación de fuerzas entre las partes que intervienen en la negociación de los precios y sus consecuencias sobre la equidad distributiva a lo largo de la cadena de valor.

La vitivinicultura que fue

Desde el punto de vista de la oferta, nuestro país se comporta como un productor tradicional de vinos, cuya característica principal es la de producir en promedio un volumen anual mayor que el que se consume internamente, con la acumulación de excedentes sin destino comercial en el mercado doméstico. A diferencia de lo ocurrido en los países del Viejo Mundo Vitivinícola, nuestra vitivinicultura se desarrolló desde sus inicios exclusivamente en función de las necesidades del consumo interno, priorizando la cantidad sobre la calidad y esto imposibilitó al acceso al mercado internacional. El impacto negativo de la sobre expansión de la oferta, se agravó a comienzos de la década de 1970 debido a los incentivos de un generoso programa de desgravación impositiva del Gobierno Nacional para la incorporación de tierras áridas al cultivo que, a pesar de las recurrentes crisis de sobre oferta de uva, trajo aparejado un crecimiento desmedido de la superficie implantada con viñedos en la región de Cuyo. Los supuestos beneficios de esta medida para el sector fueron en realidad capturados por grandes empresas industriales, la mayoría ajenas al sector vitivinícola, que recibieron un importante crédito fiscal por los montos invertidos. El balance final de dicha expansión para la cadena vitivinícola fue altamente negativo, ya que ni los consumidores lograron capitalizarlo mediante una baja sustancial de los precios o mejoras en la calidad del producto, ni los productores consiguieron mejorar los deteriorados niveles de rentabilidad de sus viñedos. Muy por el contrario, los desequilibrios ocasionados por la sobre producción se agudizaron, profundizando las crisis con la acumulación creciente de excedentes que se manifestó con mayor fuerza hacia fines de esa misma década. En el momento más álgido del desbalance entre oferta y demanda, la industria tenía en stock un volumen de vinos comunes acumulados de cosechas anteriores que se equiparaba al volumen total de producción anual. Esta situación se hizo insostenible y remató en lo que fue la crisis terminal de la vitivinicultura que causó un daño socio-económico sin precedentes en las provincias productoras de vinos, debido al quebranto generalizado de los productores y las empresas del sector. Se erradicó un tercio de la superficie implantada con viñedos y paradójicamente el mayor número de hectáreas de ese total, correspondió a cepajes de mayor calidad enológica, principalmente Malbec, variedad emblemática que Argentina exhibe hoy con orgullo y que sigue cautivando a los mercados del mundo.

Aun cuando dicho ajuste de la estructura socio-productiva de la región cuyana fue muy traumático, el último cuarto del siglo pasado marcó al mismo tiempo un hito muy importante para la reconversión del sector cuyo lado positivo fue haber colocado a la vitivinicultura nacional en el umbral de un futuro promisorio, que permitió luego concebir y ejecutar una propuesta sólida de desarrollo del sector a largo plazo.

Si miramos a la crisis terminal desde la óptica del mercado, queda muy claro que la explicación de tantas frustraciones del pasado había que buscarla en el origen mismo de la vitivinicultura nacional, la que se desarrolló en función de un consumo interno que no demandaba calidad sino volumen y de una industria que visualizó a la exportación no como un factor que podía dinamizar la actividad, sino como una válvula de escape para la colocación de excedentes. Es ésta la explicación del porqué Argentina nunca fue un país exportador de vinos, percepción que cambia recién 15 años atrás cuando comienza a ser considerada como un oferente confiable de un producto de calidad internacional. A partir de este nuevo escenario los vinos argentinos adquieren una creciente presencia y un alto grado de reconocimiento en los principales mercados del mundo.

Más allá de la incapacidad del sector empresario para vislumbrar el futuro del negocio exportador y de la necesidad de adecuar la oferta al requerimiento de la calidad del mercado internacional, la fuente de mayor distorsión que restó sustentabilidad al desarrollo de la vitivinicultura nacional fue la aplicación de excesivas regulaciones por parte de un Estado omnipresente, que con medidas de promoción erróneamente diseñadas, terminó agravando la situación generalizada de pérdida de rentabilidad e inequidad distributiva del sector, impidiendo el ajuste de la oferta a las reales posibilidades de la demanda. Por otra parte, si bien el Estado fue el principal responsable en demorar el ajuste estructural de la vitivinicultura, éste no lo hizo solamente siguiendo un impulso ideológico viciado de un excesivo intervencionismo sino que, lo que es más lamentable aún, la política vitivinícola del gobierno siempre estuvo en consonancia y daba respuesta al reclamo generalizado de los mismos actores del sector.

La intervención de Giol Empresa Estatal, Industrial y Comercial en el mercado merece una mención especial ya que fue una experiencia concreta de implementación de un esquema de precio sostén que no solo fracasó comercialmente, sino que resultó totalmente contraproducente para el cumplimiento del objetivo social para el que fue creada. Mantuvo al pequeño productor en la pobreza y generó una importante renta económica para los grandes productores y bodegas integradas verticalmente que convivían en un heterogéneo universo productivo y comercial con pequeños y medianos viñateros no integrados a la producción industrial, contratistas de viñas, bodegas trasladistas y empresas fraccionadoras y comercializadoras totalmente integradas a lo largo de la cadena de valor.

Como sabemos, históricamente el mayor inconveniente de las políticas de precios sostén es que una vez establecidas son muy difíciles de desmantelar políticamente. En ese sentido, Giol no fue la excepción ya que la Ley Provincial 3137/64 que dispuso que esta bodega adquieriera el status jurídico de empresa estatal, le fijo al mismo tiempo un plazo no mayor a los tres años para vender el 49% de las acciones ordinarias y el 100% de las preferidas a sus obreros y empleados, pequeños viñateros, contratistas y cooperativas. Dicho plazo no sólo no se cumplió sino que debieron pasar 24 años hasta que el Gobernador José Octavio Bordón decidiera e instrumentara su privatización.

La vitivinicultura que es

El fuerte contraste entre la vieja vitivinicultura y la realidad actual, tuvo un correlato directo con el importante salto cualitativo que mostró el sector y que fue el resultado de un espectacular crecimiento de la inversión de riesgo, signado por la reconversión varietal de los viñedos, la modernización tecnológica de las bodegas y una alta capacidad de gestión empresarial, todo ello en un contexto de mayor libertad de precios. El hito más importante fue la desregulación de la actividad productiva y comercial que puso fin a una maraña de normas legales y trabas burocráticas que arbitraban aspectos tan disímiles e imposibles de controlar como la fijación de un precio mínimo al productor de uva que sólo respetaba Giol, el bloqueo del excedente vínico, el prorrateo de las salidas al consumo para el abastecimiento mensual del consumo interno y la fijación de un precio máximo al consumidor que se establecía en base al costo de empresas testigo como GIOL y CAVIC en San Juan. Se repetía una vez más una situación de competencia asimétrica en favor de las grandes empresas privadas, mucho más eficientes y con una estructura de costos muy inferior, que terminaban beneficiándose con una renta económica que generaba el mismo Estado con su política perversa de intervención comercial.

Las favorables condiciones macroeconómicas de principios de la década de 1990, en particular la estabilidad de precios, imperantes al momento del resurgimiento del sector fueron cambiando a lo largo del tiempo motivadas por la errática inestabilidad cambiaria, el recrudecimiento de la inflación y el deterioro de la infraestructura de transporte y logística de exportación; factores que actuaron en desmedro de la rentabilidad de las empresas exportadoras, provocando un continuo empobrecimiento de miles de productores y la erosión de la competitividad del sector que dio sustento originalmente a la internacionalización del negocio. Si bien esto afectó a todos los eslabones de la cadena de valor sin distinción de tamaño y nivel de tecnificación, su efecto se hizo sentir con mayor rigor en el eslabón más vulnerable de la base productiva.

A mi entender el quiebre entre la vieja y la nueva vitivinicultura permitió dar un gran salto cualitativo no sólo en la producción sino fundamentalmente en la mentalidad del productor y de su entorno. Afortunadamente en esta nueva etapa de resurgimiento de la vitivinicultura nacional la necesidad de un cambio de rumbo y de nuevas reglas de juego en la relación entre el sector de la producción y el Estado fue muy bien entendida por la mayoría de los actores económicos y fundamentalmente por la dirigencia política y empresarial. La mejor prueba de ello fue la elaboración del Programa Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2020, un moderno y eficaz instrumento de planificación y de vinculación interinstitucional público-privado que sin duda fue de vital importancia para el posterior desarrollo y afianzamiento del sector.

El bajo grado de integración vertical de la cadena vitivinícola no está del todo resuelto aún y da origen a una clara segmentación del negocio y a la coexistencia de tres diferentes mercados: el de uvas, el de vino de traslado y el de vino al consumidor.

La argentina vitivinícola puede describirse como un país consumidor tradicional de vinos con hábitos y niveles de consumo similares a los de los países del Viejo Mundo en los que en los últimos cuarenta años se observa una tendencia fuertemente decreciente del consumo doméstico per cápita y una creciente sustitución del consumo de vinos básicos por vinos de gamas superiores y por otras bebidas alternativas.

En materia de exportaciones, Argentina está muy lejos de alcanzar los volúmenes exportados por los países tradicionales de Europa que tienen una fuerte presencia en el mercado internacional por lo que sólo puede ser definido como un exportador emergente. A partir de fines de la década de 1990, los vinos argentinos comienzan a tener una mayor presencia en el mundo y si bien con volúmenes aun relativamente bajos, nuestro país se viene posicionando cada vez más como un proveedor confiable de vinos de alta calidad.

Una lectura pragmática de la realidad vitivinícola del país, revela que la producción primaria se desarrolla en condiciones de mercados imperfectos, donde los precios son el resultado de una negociación asimétrica entre el poder de compra de una demanda concentrada en pocas empresas y una oferta atomizada en manos de miles de productores.

La vitivinicultura que vendrá

En lo que respecta a la vitivinicultura del futuro, ésta deberá alcanzar una mayor productividad, con un alto grado de eficiencia productiva sin desmedro de la calidad y una mayor equidad distributiva a lo largo de la cadena de valor acorde con el requerimiento de inclusión social para que sea sostenible en el largo plazo. De esta manera logrará condiciones estables de competitividad que le permita una sólida inserción en un mercado cada vez más globalizado, con una creciente interdependencia entre los países productores del Viejo y del Nuevo Mundo Vitivinícola, para el abastecimiento de una demanda muy cambiante en cuanto a la modalidad de consumo de los países con tradición y cultura vitivinícola y donde el mayor dinamismo del negocio exportador vendrá principalmente de la creciente incorporación de nuevos consumidores de países emergentes.

En síntesis aspiramos a una vitivinicultura próspera, de reconocida calidad, eficiente, con rentabilidad para el productor, competitiva a nivel global e inclusiva nivel local.

Desde el lado de la oferta de uvas, nos imaginamos una viticultura adaptada a una menor disponibilidad de agua de riego, resultante de un cambio significativo en el régimen de precipitaciones estacionales con menos nieve en la cordillera y más lluvias estivales en el llano, y una mayor escasez relativa de mano de obra rural que exigirá una creciente mecanización de las labores culturales en general y de la cosecha en particular.

La producción se estructurará desde la demanda y cada provincia implementará programas de zonificación de su viticultura en función de una mayor especialización productiva según las diferentes condiciones agroecológicas de cada terruño y los distintos usos comerciales de la uva que cuenten con una demanda cierta. Será parte de este plan el manejo racional de los recursos genéticos para la incorporación al viñedo de variedades y/o clones seleccionados que aseguren una alta productividad, calidad y tipicidad de los vinos. Dónde las condiciones de suelo y el riesgo fitosanitario así lo requieran, se propiciará la utilización de pies de injerto con mayor resistencia a sequía y enfermedades causadas por distintos patógenos, especialmente por virus. Se adecuará el marco de plantación, la densidad de plantas por hectárea, la tecnología de riego, las labores culturales y la mecanización del cultivo; aportando de esta manera a una mayor productividad del viñedo, mayor rentabilidad de la empresa y a mejorar la competitividad interna e internacional del sector.

En síntesis, nos encontramos en la actualidad en vísperas de una segunda reconversión productiva que nos proyecta a un futuro escenario de mayor competitividad interna e internacional para la totalidad de los productos vitivinícolas, y nos abre oportunidades concretas de participación en negocios en los cuales sistemáticamente hemos venido perdiendo presencia no sólo por situaciones ajenas al manejo del sector como la política macroeconómica, la inflación, la fluctuación del tipo de cambio, la presión impositiva, el impuesto al trabajo, el costo del crédito, la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y su progresivo deterioro, que encarece el transporte, la logística de exportación y las comunicaciones; sino también por problemas de ineficiencias internas a lo largo de toda la cadena de valor.

Con respecto a la exportación de vinos a granel, especialmente de vinos genéricos y varietales tintos, existe un potencial de crecimiento muy alto a mediano y largo en la medida que se adecue la genética y la tecnología para poder incrementar la producción por hectárea sin que esto signifique una pérdida de calidad. La vitivinicultura argentina cuenta hoy con la genética, el paquete tecnológico de punta y fundamentalmente los recursos humanos necesarios para sustentar este tipo de proyectos.

En el caso del mosto concentrado, actividad que ha demostrado su capacidad de liderazgo a nivel global, el desafío actual es repensar el negocio exportador para reconstruir su competitividad desde el viñedo con planteos de alta productividad, como los señalados antes, y cuyos rendimientos sean expresados en cantidad de azúcar producida por hectárea.

En materia de uvas de mesa, existe la imperiosa necesidad de fortalecer el abastecimiento del mercado interno, para lo cual se requieren estudios de demanda que expliquen las modalidades del consumo y las variables que lo determinan, como así también medidas de promoción tendientes a incrementar el consumo a nivel nacional. Simultáneamente se debe encarar un programa de reconversión varietal y controles fitosanitarios (lobesia botrana y mosca del mediterráneo) para acceder competitivamente al mercado externo.

Lo mismo sucede con la producción de pasas, en la que ya existen emprendimientos basados en la adaptación del parral cuyano al sistema californiano de secado de uva en planta “dry on vine” (DOV) y cosecha mecánica, que permite un importante ahorro de mano de obra y una mayor calidad de pasa, sin que ello implique menores rindes por hectárea. Además de las variedades tradicionales destinadas a pasas, existen hoy clones específicos de algunas variedades como la Thompson Sole que están dando resultados muy promisorios debido al mayor contenido de sólidos de la pulpa y a un mayor rendimiento industrial dado por una más alta relación de peso (seco/fresco), todo lo cual redunda en un incremento de productividad expresada en términos de kilos de pasas por hectárea.

El nuevo rol del Estado

Hoy el sector nos insta a impulsar nuevas medidas estructurales y a redefinir el rol del Estado para su implementación. Un Estado que diseñe políticas públicas activas, y que cuente con instituciones fuertes, transparentes y eficientes para su implementación. Que pueda suplir las falencias del mercado, y que lo complemente cuando sus resultados no satisfagan los objetivos de equidad que demanda una vitivinicultura moderna, inclusiva y sustentable.

El trabajo que realiza esta comisión de GRAMDE

Conformación de comisiones de trabajo

Para aprovechar el gran potencial que el mercado mundial tiene para nuestra vitivinicultura es absolutamente imprescindible superar las recurrentes crisis propias de los desajustes entre oferta y demanda y al mismo tiempo recuperar la competitividad internacional que ha perdido a lo largo de la última década. En gran medida esto último implica dar continuidad al proceso de reconversión estructural de los viñedos, iniciado a comienzos de la década de 1990, para apalancar el sustento cualitativo alcanzado este momento con una mayor productividad y equidad que se traduzca en un desarrollo sectorial con rentabilidad para el productor y con mayor inclusión social para la totalidad de los agentes económicos que operan a lo largo de la cadena de valor.

Para cumplir con la tan anhelada meta de la equidad, proclamada desde las distintas organizaciones gremiales empresarias y el gobierno, se deberá buscar la manera concreta de darle mayor poder al productor y fortalecerlo en su capacidad de negociación al momento de definir el precio y las condiciones de pago de la uva, en un mercado imperfecto caracterizado por importantes asimetrías entre las fuerzas de compra y de venta.

Trabajar en la construcción de la vitivinicultura que vendrá no implica hacer futurología al momento de imaginar escenarios posibles ni tampoco esperar pasivamente los designios de la naturaleza y del mercado, sino avanzar en función de objetivos sectoriales, que nos permitan transitar desde la teoría a la acción con una inteligente y efectiva articulación público-privada para la concreción de los mismos.

Tal como postulamos con anterioridad la sostenibilidad en el tiempo de la vitivinicultura argentina involucra tres líneas de acción: aumentar la eficiencia en el uso de los recursos para el logro de una mayor productividad del viñedo y rentabilidad del productor; bregar por una mayor igualdad de oportunidad de acceso del productor a los recursos productivos y a los mercados; y lograr un compromiso responsable de los actores del sector en su vinculación con el medio ambiente.

Solo así se lograrán condiciones estables de competitividad para retomar el camino de las exportaciones destinadas a un mercado global cada vez más concentrado y saturado, con niveles de consumo per cápita en los países tradicionalmente consumidores de vino estables o con tendencia decreciente, y donde el mayor dinamismo del mercado será aportado por los consumidores de los países emergentes.

El próximo paso será formalizar una propuesta de desarrollo sustentable del sector focalizada en el análisis en los ingresos netos del productor primario y del sector en su conjunto, con un planteo integrador que facilite el análisis sistémico del complejo y heterogéneo universo productivo y comercial. La metodología de análisis deberá permitir la vinculación entre la meta buscada de alcanzar el máximo nivel de ingresos sostenible en el tiempo con los instrumentos de la política pública de alcance sectorial.

En dicha propuesta no ha de soslayarse el contexto macroeconómico y el clima general de negocios dentro del cual tiene lugar la actividad empresarial productiva, y el análisis de los factores que deben contribuir a generar condiciones propicias para la rentabilidad de la empresa y la competitividad interna e internacional del sector en su conjunto.

Las políticas públicas a implementar podrán ser generales (o de corte horizontal) o específicas (o de tipo vertical). Las primeras llegan al conjunto de los productores como por ejemplo la política tecnológica o la extensión rural, la promoción de la investigación y desarrollo y la innovación o la promoción de las exportaciones. Las específicas a su vez, pueden estar dirigidas a resolver problemas puntuales como por ejemplo el otorgamiento de crédito preferencial para cosecha y acarreo; la provisión de feromonas o productos agroquímicos para el control de Lobesia, etc.; o aportar soluciones estructurales para incrementar la productividad del viñedo y la rentabilidad del productor, como puede ser la provisión de financiamiento promocional para la reconversión varietal del viñedo, el incremento de la densidad de plantación por hectárea, la mecanización de las labores culturales, la mejora de la eficiencia energética o de uso del agua mediante la incorporación de riego por goteo, la colocación de malla antigranizo o la instalación de sistemas de lucha activa contra heladas.

A los fines de organizar el trabajo del grupo, se propone conformar comisiones específicas de trabajo en torno a tres grandes áreas de incumbencia:

Macro-entorno

Se refiere a las limitaciones propias del ámbito global o internacional, como por ejemplo el cambio climático, las desigualdades en materia de acuerdos de libre comercio entre la vitivinicultura argentina y la de sus competidores, el corsé que impone el MERCOSUR a las negociaciones bilaterales, la política macroeconómica nacional, etc.

Meso-entorno

Son las limitaciones estructurales propias del sector vitivinícola, como por ejemplo la baja productividad del viñedo, la existencia de mercados imperfectos en la comercialización de la uva y vino de traslado, las asimetrías de poder de negociación entre oferta y demanda, la falta de contrato de compra-venta de uva de largo plazo, la pesada carga fiscal y financiera, la baja inversión en actividades de investigación y desarrollo en comparación con otros países del Nuevo Mundo Vitivinícola, la falta de un pronóstico de cosecha confiable y que de transparencia al proceso de formación del precio de la uva, la falta de un mecanismo de gestión de stocks vínicos para la estabilización de los precios del mercado interno, el deficiente estado sanitario de los viveros, en especial lo que se refiere al estatus de libre de virus, etc.

Micro-entorno

Tiene que ver con los factores intrínsecos de la empresa o unidad de producción, como los problemas de pérdida de rentabilidad del productor, la baja eficiencia productiva y comercial a lo largo de la cadena de valor, el deficiente estado sanitario del viñedo, la falta de planificación para definir la composición varietal del viñedo, la baja eficiencia energética y el alto costo de bombeo y de aplicación del agua de riego, etc.

Hipótesis de trabajo

A continuación se resumen los principales supuestos bajo los cuales se llevará a cabo la tarea de las diferentes comisiones:

  • La rentabilidad de la empresa, la eficiencia productiva y la equidad distributiva son los pilares básicos para la construcción de una vitivinicultura sustentable.
  • El libre juego de los mercados no siempre asegura una asignación óptima de los recursos productivos desde el punto de vista social.
  • Se espera que la inversión en capital humano y en tecnología genere altas tasas de retorno para la totalidad de la cadena de valor vitivinícola.
  • El cambio tecnológico y la innovación son esenciales para el crecimiento sostenido de la vitivinicultura nacional.
  • Es legítimo pensar que la investigación básica sea financiada con fondos públicos y esté orientada hacia objetivos económicos realizables.
  • El Estado creará condiciones para un claro reconocimiento de la propiedad intelectual que permita la apropiación de resultados de la investigación privada.

El gráfico siguiente muestra los diferentes tipos de gobernanza que pueden darse en la comercialización de uvas. Es claro que lo descripto como “mercado” hace referencia a relaciones contractuales que se dan en condiciones de competencia perfecta, que no son precisamente las que exhibe el sector vitivinícola. Lo más común es observar una mezcla de las restantes categorías de gobernanza.



 


 


 

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