María Angélica Escayola

"Hay que incluir a los jóvenes de 15 a 30 años"

Candidata a diputada provincial por el Polo Solidario Humanista.

María Angélica Escayola de Guevara es candidata a diputada provincial por el Polo Solidario Humanista. Abogada laboralista y Master en Economía. Preside el Polo Social. Fue diputada provincial ha colaborado como asesora del Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar, y se ha destacado en la defensa de sectores de la sociedad como los ahorristas del ex- Banco Buci y recientemente los artesanos de capital.

Respondió al cuestionario que MDZ le envió a los candidatos.

En la provincia deserta  de la escuela secundaria cerca del 20 por ciento de sus alumnos ¿Cómo cree que hay que retenerlos y/o  estimularlos? ¿Qué proyecto de ley tiene?  La deserción escolar en Mendoza está causada por  cuestiones vinculadas al empleo de los padres, al trabajo de  quienes deberían estudiar, a factores culturales que le  quitan interés al hecho de estudiar, por falta de  transporte y de recursos para vestir a los niños. ¿Cómo  conseguimos escolaridad 100 por ciento? ¿Qué haría desde  la Legislatura para ello?

- El problema de la deserción escolar no se resuelve por medio de una ley, se requiere una amplia movilización de la sociedad civil y democrática. Desde la Legislatura debe impulsarse la discusión, para la cual resultan prioritarias  acciones coordinadas desde el ejecutivo de inclusión social y educación, con mayor presupuesto y capacitación de personal. Y otra concepción de Escuela Pública, que incorpore nuevos contenidos y una pedagogía que no se sustente en la represión, por el contrario, habrá que estimular y brindar participación a los jóvenes, a fin de que participen en competencias estudiantiles, centros de estudiantes, etc. 

Todavía se procesan los residuos sólidos urbanos a  través del enterramiento en descampados periféricos, pero  cercanos a la ciudad. ¿Cómo cree que debe programarse el  tratamiento de residuos en Mendoza?

- Deben coordinarse políticas entre la provincia y los municipios, para que la disposición final de residuos sólidos urbanos se realice con un impacto ambiental mínimo, reciclando todos los materiales que no sean biodegradables. Para ello deben establecerse políticas de participación comunitaria involucrando a todos los actores. 

Los municipios del Gran Mendoza poseen normativas diferentes y  hasta contrapuestas en materia de transporte, ambiente y comercio. Lo mismo ocurre en las diversas regiones de la provincia ¿De qué manera su trabajo lograría revertir esta situación y permitir un abordaje armonioso de la  problemática que tienen en común? ¿Qué proyectos de ley elaboró o tiene pensado al respecto?

- El transporte, el ambiente y el comercio son materias reguladas a nivel provincial para la jurisdicción de Mendoza, por lo que debería haber una coordinación centralizada para la aplicación de esas normas, con los convenios necesarios con los municipios. Lo que resulta obvio dentro de la concepción que estima necesario que el  Estado planifique el desarrollo. Será interesante el desafío de reglamentar la reciente ley de uso del suelo integrándola con el resto de las actividades, que como el transporte y el comercio hacen a un desarrollo sustentable. 

Un grave problema que deja muertes y lesionados en la provincia es la ausencia de un protocolo de abordaje del aborto terapéutico en los hospitales públicos. ¿Cómo debe actuar el estado frente a este tipo de casos?

- A pesar de los esfuerzos de Mariana Hellín, mientras estuvo a cargo del Instituto de la Mujer, el Gobierno Provincial no aprobó el protocolo para el aborto no punible. No podemos seguir con la falta de un protocolo que reglamente los pasos a seguir ante  las situaciones de aborto no punible previstas en el art. 86 del Código Penal. Esto permitiría un rápido auxilio del sistema de salud pública a las mujeres  cuando el embarazo pone en riesgo su salud  considerada en forma integral, o su vida, o es consecuencia de una violación. La misma Justicia se ha pronunciado por  la no judicialización de estos  casos,  lo que no sólo permitiría una respuesta rápida y adecuada, sino también la no exposición a la opinión pública – o sea la revictimización – ni a presiones de grupos de opinión, como ha pasado en Mendoza. Este no es un tema confesional, sino parte de una política  de salud pública, donde el Estado tiene la responsabilidad de aplicar la ley para garantizar ese  derecho a las mujeres, particularmente a las más pobres, resolviendo con el protocolo todas las cuestiones que garanticen su efectividad, también para los profesionales que intervengan en cada caso. Dado que el referido protocolo no ha sido firmado por el Ejecutivo, ni en la gestión anterior ni en lo que va de la presente, tenemos un proyecto de ley para que exista la norma.

Mendoza no tiene una política a favor ni en contra de la minería. ¿Hacia dónde debe apuntar la política pública en este sentido?

- La minería es una actividad regulada por la Nación, pero la provincia tiene facultades para controlar que no se afecte el medio ambiente. En el proceso de extracción de los minerales, las empresas mineras buscan encontrar oro, plata y otros metales no refractarios. En la zona cordillerana argentina esos minerales no se encuentran en condiciones de ser extraídos mediante túneles; son extraídos con la metodología "a cielo abierto", mediante la demolición de la montaña, con el efecto que esto produce en la zona afectada, para luego utilizar cianuro u otras sustancias altamente tóxicas para la separación de los metales. La minería a cielo abierto utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. Esta actividad de extracción a cielo abierto y utilizando ese tipo de sustancias ha sido expresamente prohibida por el ordenamiento de Mendoza, en la Ley 7722, cuya sanción fue el logro de encarnizadas luchas y protestas de los Habitantes de General Alvear, Malargüe, San Rafael, San Carlos, Tunuyán y demás departamentos mendocinos que se comprometieron con la defensa de los  ecosistemas, del desarrollo sustentable, y de la soberanía popular.

Creemos entonces que no existe inconveniente alguno para el desarrollo de la minería, siempre que la misma se ajuste a los standards de respeto al medio ambiente y no ocasione daños a la población.

¿Mendoza debe apuntar hacia una mayor infraestructura  estatal de Salud o hacia una cobertura más amplia y con  prestadores no sólo estatales?

Debe ampliarse la cobertura de salud pública y el sistema de obras sociales.  Los prestadores privados deben ser rigurosamente controlados. Es una obligación indelegable del estado garantizar el derecho a la salud de la población.

¿Deben seguir siendo gestionadas a nivel privado las empresas de servicios de luz, agua, gas, etc  ¿O hay que estatizarlas?
 
- Tanto Obras Sanitarias Mendoza (1998), como Energía Mendoza (1997), atravesaron por un vergonzoso proceso de privatización, que las dejó en manos de grupos económicos y operadores internacionales.  En el caso de OSM, se trataba de una subsidiaria del grupo ENRON que en el 2003 con la escandalosa quiebra de esta empresa, traspasó su 32 % a South Water, que integraba el consorcio junto a Saur Internacional, Societa Italiana per il Gas per Azioni, Presidente S.A. (Groissman) y DALVIAN S.A. (Vila). En el 2008, luego de no cumplir con el plan de obras planteado en la concesión y haber solicitado préstamos que permanecen sin cancelar, South Water se retira, sin haber pagado el canon y ni siquiera haber constituido las garantías exigidas al inicio de la privatización que ascendían a U$S 18 millones. Se firmó un acta – acuerdo con Saur, otorgándole un plazo de 10 años para cumplir lo que no se había cumplido, a cambio de esto y de un irrosorio plan de pagos para sus deudas, la empresa retiraría la demanda que había promovido ante el CIADI por 600 millones.

En tanto Energía Mendoza fue adquirida por Eléctricité de France, dueña de Edenor, es una empresa estatal francesa. Luego de la pesificación en 2001 comenzaron los reclamos de la empresa, que transfirió su paquete accionario a un grupo de empresarios mendocinos los hermanos Angulo, Jacques Mattas (parte del consorcio que nos dejó sin Banco Provincial) y Omar Álvarez (ligado al grupo Vila). Posteriormente la empresa terminó en las manos de este último empresario quien vendió sus acciones al grupo Vila y el grupo inversor británico Ragusa Capitals en el 2008. Los vicios de la gestión privada son los mismos: falta de inversión y falta de pago del canon que actualmente asciende a $ 18 millones, lo que repercute en la prestación del servicio y pero no impide que los prestadores privados soliciten constantes aumentos de tarifas.

Entendemos que lo que corresponde es la reversión de la concesión, y de esta manera que OSM y EDEMSA vuelvan a manos de los mendocinos, sin que el Estado deba efectuar ningún pago dados los  incumplimientos por parte de los empresarios y por el rol estratégico y social que estás empresas cumplen en el desarrollo de la provincia. Se impone, además, la revisión de la regulación de los servicios energéticos que por las leyes generadas por el menemato destazaron las empresas estatales dividiendo la generación, el transporte y la distribución, incrementando los costos y favoreciendo los negocios privados en detrimento de los consumidores y el erario público.

¿Funcionan correctamente los entes reguladores de los servicios públicos? ¿Qué cambios haría? Parte del mismo problema es el funcionamiento de los entes de contralor de las privatizaciones de servicios públicos, que no han garantizado una buena prestación.

- Creemos que dichos organismos debieran ser participativos, y contar con representantes de la sociedad civil: organizaciones de usuarios, uniones vecinales, cooperativas, centrales sindicales, pequeños y medianos empresarios. En la Legislatura había comisiones bicamerales de seguimiento de cada privatización que no funcionaban. Yo integré la de seguimiento de OSM y  con mucho trabajo se logró que fueran los miembros y se pidieran informes, pero era claro que todo estaba dirigido a que no funcionara ningún contralor. Después las cerraron, no existen más. La Legislatura tiene todas las facultades para hacer seguimiento, obtener informes, pedir sanciones a los funcionarios que incumplan con sus obligaciones y decidir la revisión de las privatizaciones.

 ¿El Estado debe seguir subsidiando las actividades  agrícolas? ¿A cuáles y por qué?

- El Estado subsidia las actividades agrícolas en los principales países del mundo, para sostener la rentabilidad de determinados productos, regiones, o de pequeños y medianos productores. Particularmente los que ingresan como materia prima de las cadenas agroindustriales, aún cuando sea un proceso de frío o empaque como agregado de valor, quedan muy rezagados en la rentabilidad, ante empresas  muy concentradas en el acceso a los mercados. Que además suelen integrarse hacia atrás, en las etapas previas de la cadena productiva, tal como se ve en los grandes supermercados que venden alimentos procesados y envasados o con marcas “propias “. En Mendoza es indispensable que el Estado intervenga con una planificación que permita no sólo sostener los precios de los productos primarios, sino que aliente la organización e integración de los pequeños y medianos sectores que viven del campo y en el campo, agregando valor y quedándose con esa ganancia, para lo que se requiere de condiciones especiales de crédito, asistencia técnica  y seguimiento. En toda América Latina hay experiencias de este tipo en  planificación agroindustrial.

¿El gobierno debe seguirse manejando por intermedio de leyes de emergencia?

- Si la emergencia resulta de una situación conflictiva que requiere de un régimen especial, está claro que sí,  porque es una forma de resolución. El mundo entero está pasando por una profunda crisis económica y social, ademas de pandemia de gripe “A” . En nuestro sistema la emergencia se aprueba y se revoca por el parlamento.

Para controlar la actividad pública, ¿son suficientes y eficientes los organismos de control que posee la provincia?

No. La provincia esta en deuda con la sanción de una “Ley de Ética Publica”, que establezca claramente las obligaciones de los funcionarios públicos, las prohibiciones, incompatibilidades y conflictos de intereses,  sancionando debidamente los actos de corrupción  y aporte  transparencia y representatividad a las instituciones. Dicha norma debería crear una oficina anti-corrupción.

Una forma de canalizar el contralor ciudadano y hacerlo más eficiente es que exista un Defensor del Pueblo. En Mendoza, está propuesto en la Legislatura por el ejecutivo, merced al acuerdo firmado con la Nación ante la CIDH. El “Defensor del Pueblo” tiene como objetivo la defensa de los derechos colectivos e individuales a un ambiente sano, los derechos de usuarios y consumidores, los derechos de los Pueblos Originarios, los derechos de mujeres, ancianos, discapacitados, niños y adolescentes. En fin, la defensa de todos aquellos que ven vulnerados sus derechos en forma cotidiana.

¿Qué tipo de obra pública provincial  privilegiaría: caminos, generación de energía, escuelas,  hospitales? Elija una, explique por qué y cuál cree que debe ser el porcentaje del presupuesto que debe destinarse a ello.
 
- No es fácil establecer prioridades, porque son objetivos distintos, y todos muy importantes para muchos mendocinos y mendocinas. Mayores fuentes de energía –que deberían conectar también con la protección del medio ambiente y la disponibilidad de recursos naturales – son indispensables a mediano y largo plazo para un mejor desarrollo. Pero sin una acción del Estado orientada a una mayor calidad y cobertura de educación y salud pública no hay mayor integración social.  Sin una sociedad más integrada o sea, más igualitaria, no hay más desarrollo que no alude sólo al crecimiento económico en bienes y servicios sino a una distribución equitativa del ingreso, de las personas y de las regiones. Para hacer números en el presupuesto de un año éste debiera estar en relación con un plan al menos de mediano plazo, para equilibrar estos objetivos.

 ¿Reasignaría el presupuesto provincial de una manera diferente a la actual? ¿Cómo? ¿Qué áreas privilegiaría?

- El presupuesto es el instrumento técnico para la ejecución de un plan de gobierno, en el plazo inmediato. La asignación de recursos debe dar prioridad a la educación y salud pública,  a políticas sociales de integración e inclusión, acceso a  vivienda popular, tratamiento de adicciones, capacitación para el trabajo, sostenimiento de fuentes de trabajo, prevención del delito, entre las más importantes.

 ¿Cuál debe ser la política con respecto al empleo  público?

- Tradicionalmente, la clase dirigente mendocina ha adoptado el viejo modelo liberal, por el cual se ha postulado el “estado mínimo”. Desde sectores económicamente poderosos se ha insistido en el “problema” del empleo público, con el fin de reducir el gasto publico. Sin embargo, el empleo público es fundamental para que el estado cumpla sus objetivos, además de no constituir un gasto sino una inversión para el conjunto de la sociedad. Creemos que el prisma neoliberal distorsiona la realidad. El Estado Mendocino requiere de una profunda reforma, que tienda a desburocratizar las estructuras. A esta altura del siglo XXI los ciudadanos tenemos derecho a obtener servicios rápidos y eficientes por parte del Estado.
Hay que reconocer que los salarios públicos de Mendoza se ubican entre los más bajos del país. Muchos de los empleados públicos tienen ingresos por debajo del índice de pobreza. Es imperioso reconocer que esta situación no puede seguir, es necesario que el sueldo de los empleados públicos sea actualizado anualmente, sujeto siempre a lo que se decida en paritarias.

El empleo público  tiene reglas constitucionales, visto desde el lado del derecho de los trabajadores. Desde la eficiencia del Estado, son los funcionarios de máximo rango los que fijan las políticas públicas a ejecutar. Están las herramientas para sancionar a los empleados que no cumplan, garantizando el derecho de defensa en un sumario, los que además tratan sus condiciones de trabajo en paritarias. En realidad lo que no se hace es controlar a los funcionarios del más alto nivel, de los tres poderes, que son los responsables del funcionamiento del Estado. Lo que incluye la existencia de empleados que no cumplan o no sirvan para la función o que simplemente sean acomodados vulgarmente llamados ñoquis. Y no porque no existan las herramientas, llámese juicio político o jury de enjuiciamiento, sino porque no hay una práctica ciudadana de denuncia, ni hay denuncias que sean atendidas. Cuántos son los funcionarios en Mendoza, investigados y sancionados por incumplimiento de sus deberes, por decir lo más leve, en estos veinticinco años de democracia? Hay que profundizar esto.

El gobierno impulsa una serie de reformas a la Constitución de la provincia. ¿Usted cree que es necesario reformarla? ¿En qué aspectos? ¿Hace falta una reforma integral? ¿No cree que antes se debe cambiar lo establecido por el artículo 221?

- Creemos en la necesidad de reformar la Constitución, pero, a diferencia de otros partidos políticos nuestra convicción reformista no se centra en la reelección del gobernador.
Consideramos que la Constitución debe ser reformada para ampliar la protección de los derechos de los mendocinos, debiendo incorporarse en ella los principios, derechos y garantías de los tratados internacionales de derechos humanos, mejorando las condiciones de la población para el ejercicio de la ciudadanía. La reforma debe centrarse en promover la vigencia de los derechos civiles y políticos, como así también la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, de modo tal que nuestra Carta Magna promueva la justicia social.

Deben incorporarse a la Constitución los derechos de los consumidores y de los usuarios, instrumentando el efectivo ejercicio los mismos a través de remedios judiciales rápidos y efectivos como el amparo. Debe crearse la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza y mecanismos de protección de los derechos del ciudadano.

La Constitución debe ser reformada para que se haga efectivo el control popular a los jueces, los que deben tener un mandato limitado en el tiempo. Debe establecerse el juicio por jurados, para que el ciudadano se involucre en el quehacer de la justicia.

La Constitución debe, además, asegurar la independencia del Poder Judicial, para evitar presiones de orden político y la intromisión de los otros poderes del Estado.
Creemos que la Constitución debe reformarse, no para satisfacer intereses partidarios o de perpetuación del poder, sino para permitir la revocación del mandato de todo aquel que ocupe un cargo público elegido por el pueblo y no cumpla adecuadamente con las funciones que le fueron encomendadas, como así también para impedir que quienes hayan participado de algún modo en la represión ilegal durante la dictadura militar estén habilitados para asumir la función pública.

La Constitución debe contener normas que impidan los golpes de estado y que aseguren la plena vigencia de la democracia, la libertad de expresión, el respeto a la vida y las libertades de todos sin discriminación alguna.

Para el Polo Solidario Humanista es necesaria la reforma constitucional teniendo en miras, fundamentalmente, la incorporación de mayores garantías para el ejercicio de la ciudadanía y la progresiva efectivización de los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestra Provincia.

Seguridad/Inseguridad… ¿Qué leyes  cambiaría?

- Ningún experto en problemas de criminalidad considera que el cambio de alguna ley puede resolver la problemática. En efecto, es absurdo pretender que  las condiciones económicas, sociales, culturales y familiares que hacen posible el crecimiento del complejo fenómeno de la violencia en America Latina, se reviertan mágicamente con la sanción de una ley.

La derecha, que impulsa la falsa contradicción: seguridad vs. Derechos humanos, es el único sector político que establece en su discurso que es necesario eliminar derechos y garantías fundamentales. Se trata de un discurso peligroso, que coloca a estos sectores fuera del sistema democrático. Nuestra fuerza politica se retiro del gobierno de Jaque por esta cuestion.

En efecto, la "mano dura" y el pedido de que los jueces resuelvan en uno u otro sentido es sin mas una intromisión en un poder del estado que tiene su esencia en la independencia. La justicia debe ser dotada de todos las herramientas para la investigación y represión del delito para cerrar la brecha de la impunidad, para que los delincuentes de guante blanco y de delincuencia organizada no queden libres por el poder con el que cuentan, para que no caigan causas por que en el momento del inicio de la investigación no se preservaron las pruebas.
No hace falta aumentar las penas ni tampoco hacer mas leyes represivas solo hace falta dotar de herramientas a la investigación penal preparatoria, crear la Policía Judicial, capacitar a fiscales, jueces y abogados. Hay que ampliar las facultades de la victima y el querellante en el proceso penal, hay que ampliar la oficina del Querellante en el Poder Judicial, y hay que garantizar los derechos de las victimas de la violencia. El delito es un problema que exige a todos los poderes del estado trabajar mancomunadamente, debemos salir del discurso de "mano dura" del discurso facilista de que con leyes duras esto se resuelve.

Entiendo que debemos establecer juicios por jurados para que la gente se involucre con el poder judicial y que los jueces deben tener mandato acotado a una determinada cantidad de años. Necesitamos una justicia rápida, eficiente, con herramientas suficientes y con controles democráticos y también periodicidad en el mandato de los jueces y control de gestión.
El poder judicial debe dejar de ser un poder feudal y los jueces reyes o parte de la nobleza que no rinde cuentas al pueblo.

Asimismo, la Provincia debe incorporar la cultura de la Paz, la no violencia, la no discriminación y el respeto de los derechos humanos para enfrentar el problema que nos plantea como sociedad el aumento de los índices de criminalidad.  Sabido es que se trata de una problemática compleja y que no admite soluciones mágicas, el fracaso de sucesivos gobiernos así lo demuestran.  La Educación y las políticas de inclusión social son fundamentales, así como la prevención y la promoción de formas alternativas de resolución de conflictos como  la mediación y la asistencia efectiva a las victimas.

Por eso proponemos la construcción de un plan de inclusión social destinado a los jóvenes de entre 15 y 30 años y consiste básicamente en becar con 500 pesos mensuales a 5000 jóvenes de toda la provincia para que se capaciten en oficios laborales que tengan una real inserción laboral. Articulando con las empresas que hoy precisan mano de obra calificada y no la encuentran en el mercado laboral. Evidentemente el costo es alto pero se propone financiarlo con un impuesto específico de inclusión social que sea absorbido fundamentalmente por los sectores de mayores ingresos. Es la única manera de romper la exclusión de los jóvenes y tratar seriamente el problema de la inseguridad por sus causas y no por sus consecuencias como proponen las ciegas políticas represivas. No solo es posible sino que es necesario ya que también ataca el problema de la escasez de mano de obra calificada que hay en nuestra sociedad.

Opiniones (1)
20 de abril de 2018 | 19:40
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20 de abril de 2018 | 19:40
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  1. ES UN LUJO LA DRA. FUE DIPUTADA TRABAJO POR LOS MENDOCINOS
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