El mundo se enfoca en el Riesgo País argentino y en la suspensión de las PPP

La expectativa por la definición de la Fed sobre una nueva suba de la tasa de interés en Estados Unidos y el fallo de la Corte Suprema a favor de los jubilados, que obligará al Estado a emitir entre $70.000 y $90.000, sumaron más ruido a las preocupaciones ya consolidadas entre los fondos especulativos sobre el programa financiero de 2020 y las elecciones del próximo año. La aversión al riesgo es la tónica en los mercados, y Argentina se subió al podio de los países con peores resultados en 2018.

REDACCIÓN MDZ ONLINE

El mundo se enfoca en el Riesgo País argentino y en la suspensión de las PPP

Mientras en Mendoza nos enterábamos que se licitaba la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento, esperada durante 70 años, sin el anunciado sistema de Participación Público Privada (PPP), el mundo se enfocaba en el avance del Riesgo País argentino, el más alto en mucho tiempo, lo que hizo caer el sistema. Hasta hacía una semana se seguían anunciando obras, fundamentalmente viales, bajo el sistema PPP. Pero el índice de Riesgo País el martes alcanzó el récord de toda la era Macri al llegar a los 787 puntos básicos y superar los 783 puntos que había tocado en el momento de mayor incertidumbre en los mercados previo al acuerdo con el FMI.

La novedad de este martes fue el fallo de la Corte Suprema a partir del cual se estima que unos 150.000 jubilados podrán reclamar un nuevo cálculo en sus haberes que demandarían un costo adicional de $70.000 millones anuales a partir del 2020. Más allá de estas cuestiones, la incertidumbre del mercado hace tiempo que pasa por el ratio de deuda sobre PBI, que tras la devaluación alcanzó niveles cercanos al 90% que ponen en duda la capacidad de pago argentina.

Luego de que en noviembre de 2016 el Congreso de la Nación aprobara su marco normativo, los contratos de Participación Público Privada (PPP) -también conocidas como Asociaciones Público Privadas (APP) se volvieron una realidad. Hace una semana, hasta hubo una interna en el Gobierno por la cual la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña se quedó con la definición de la obr pública bajo este mecanismo que antes estaba en la órbita de Interior y Obras Públicas, con Rogelio Frigerio. El país tiene toda un área del Gobierno abocad a algo que hoy no se puede usar: hay una Secretaría de Participación Público Privada.

Esa área es la que elabora la arquitectura de estos acuerdos para el avance de obras de infraestructura, energía y minería, comunicaciones, agua y saneamiento, escuelas y edificios públicos, entre muchas otras construcciones. Los contratos de Participación Público Privada (PPP) son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional y sujetos privados o públicos con el objeto de desarrollar una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento.

Este tipo de contratos constituye una modalidad alternativa a los contratos de obra pública y concesión de obra pública, en la que existe una distribución de riesgos entre la autoridad contratante y el contratista, asumiendo este último la responsabilidad por la obtención de una parte sustancial del financiamiento del proyecto.

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Portezuelo del Viento quedará bajo la órbita de los fondos del gobierno nacional, lo cual ya ha generado reacciones negativas, sobre todo, desde la provincia de La Pampa, que se opone a la utilización de las aguas por parte de Mendoza. Sin embargo, el portal Chequeado.com destacó que no todo eran ventajas con el PPP.

Al respecto, publicó que un estudio de la Fundación CECE , integrada en su mayoría por profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrega que este sistema, desarrollado a principios de los 70’s en el Reino Unido, implica en líneas generales “la prestación de manera directa de un servicio al sector público por parte de una empresa privada, mediante un contrato que incluye el diseño, la construcción y luego la operación y el mantenimiento de una infraestructura”.

Según el informe de CECE, realizado por el economista Alejandro Einstoss, “la mayor ventaja para el sector público es que las obras son financiadas por el sector privado, evitando de esta forma restricciones presupuestarias, sin generar deuda pública y aprovechando la capacidad de gestión del sector privado”. Del lado del sector privado, las ventajas “vienen de la mano de poder participar y estructurar proyectos que estarían fuera de escala sin la participación del sector público”, donde el Estado asume ciertos riesgos o le reasegura una cantidad de ingresos.

Sin embargo, las PPP pueden presentar distintas desventajas en relación a la obra pública tradicional. Entre ellas, Einstoss destaca las posibles fallas en la confección de los contratos que deriven en sobrecostos a los usuarios, errores en la elección de los proyectos y en la distribución de riesgos, los elevados costos financieros, y renegociaciones recurrentes.

Los riesgos que acarrea el Riesgo País

En un país que ha salido al mundo a buscar inversores, la falta de sustentabilidad política interna y la recesión representan un espanta fondos de importante índole. Hoy publica CNN un informe que da cuenta de que "el riesgo argentino es para los inversores", por ejemplo. El economista Pablo Salvador escribió un artículo que vincula el crecimiento de este indicador a la "inmadurez argentina". Sobre esto, indicó:

"Los años pasan pero algunos temas, como el riesgo país, son recurrentes. Esto demuestra la inmadurez de la Argentina. Inmadurez en materia económica e inmadurez en materia política. En materia económica, basta mencionar que la Argentina no sólo está entre los cinco países con mayor inflación del mundo, sino que es uno de los pocos que aún no ha logrado solucionar este problema".

"En materia política, las mezquindades del oficialismo y de la oposición no le han permitido a la Argentina crecer y dejar de ser un país adolescente. Quien gobierna muchas veces y sobre todo en años electorales- supedita la economía a la política, dejando de lado reformas estructurales para centrarse en medidas cortoplacistas que le permitan, cada dos años, alcanzar un resultado electoral".

En datos concretos

Según explicó BAE Negocios , en un clima de creciente desconfianza, el riesgo país se disparó 127% en lo que va de 2018 y alcanzó su máximo nivel desde que Mauricio Macri es presidente: 787 puntos básicos. Mientras en la amplia mayoría de los países de la región el indicador que elabora el JP Morgan se mantuvo estable a lo largo de 2018, en Argentina subió 440 puntos básicos. Según los analistas, el margen de más 500 puntos respecto del promedio latinoamericano muestra que, más allá del contexto internacional adverso para los mercados emergentes, el principal problema es la falta de credibilidad de los acreedores en la capacidad de pago argentina pos-2019 por los altos niveles de endeudamiento y el esquema de desembolsos del FMI.

Ayer, el riesgo país avanzó otro 0,6% en medio de un creciente rechazo hacia los bonos argentinos que vencen después del recambio presidencial, cuando ya habrán pasado el grueso de los envíos del Fondo pero haya que pagar el préstamo stand-by. El Bonar 2024 cayó 1,2% y el Bonar 2020, 1%.

La expectativa por la definición de la Fed sobre una nueva suba de la tasa de interés en Estados Unidos y el fallo de la Corte Suprema a favor de los jubilados, que obligará al Estado a emitir entre $70.000 y $90.000, sumaron más ruido a las preocupaciones ya consolidadas entre los fondos especulativos sobre el programa financiero de 2020 y las elecciones del próximo año. La aversión al riesgo es la tónica en los mercados, y Argentina se subió al podio de los países con peores resultados en 2018.

"En el último año el riesgo país de Argentina se más que duplicó. Sin embargo, el riesgo país promedio de la región permaneció invariable, reflejando que el aumento del riesgo argentino no es por problemas regionales, sino que es consecuencia de nuestras políticas económicas inconsistentes", apuntó en un informe la consultora Economía & Regiones. Y agregó: "El Bonar 2019 (8,7%) y el Bonar 2020 (8,9%) rinden mucho menos que el Bonar 2024 (11,2%), poniendo sobre el tapete que lo poco que se le cree a Argentina es porque están los dólares del FMI detrás. Cuando los dólares del FMI se acaban, el riesgo y los rendimientos saltan".

De fondo, los especuladores financieros temen una cesación de pagos argentina o una fuerte caída del precio de los títulos públicos en el marco de un probable proceso de reestructuración de deuda posterior a 2019. No es aleatorio. El informe técnico elaborado por el propio Fondo Monetario en el marco del acuerdo stand by por u$s57.100 millones marcaba esa posibilidad como parte de un escenario adverso para la economía argentina.

El propio titular de la UIA, Miguel Acevedo, dijo ayer que "Argentina está blindada en el corto plazo y, sin embargo, tiene un riesgo país que está diciendo que no creen que Argentina pueda pagar más adelante".

Es que el inédito nivel de endeudamiento y la liberalización de la circulación de capitales dejaron al país en una situación de fragilidad. Los números son contundentes. Según un informe de la Universidad de Avellaneda, la deuda pública bruta creció 40% desde la asunción de Cambiemos y pasó de representar el 53,3% del PBI al 77,4% en el segundo trimestre de este año, aunque se encamina a terminar 2018 bien por encima. Y el 91% de la nueva deuda fue en moneda extranjera.

En ese marco, y ya sin acceso al crédito de internacional, llegó el acuerdo con el Fondo, que garantiza el pago de los vencimientos hasta el fin del mandato actual y deja en una situación muy complicada al próximo Gobierno. En 2021 y 2022, por ejemplo, vencerán alrededor de u$s50.000 millones y ya no habrán dólares del stand by. Con un riesgo país que se acerca a los 800 puntos, la posibilidad de volver al financiamiento externo es inimaginable y el fantasma de un default se agita entre los acreedores.

La falta de credibilidad es hoy una de las principales preocupaciones del Gobierno, que impacta sobre las decisiones clave de la política económica. El director de Eco Go, Martín Vauthier, lo sintetizó así: "Sin una baja sostenida en el riesgo país y en un contexto de libre movilidad de capitales, la estabilización cambiaria depende exclusivamente de la tasa de interés de corto plazo, que hoy se ubica en un nivel prohibitivo para la economía y complica el objetivo de déficit cero".

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