El pacto silencioso entre Cristina y Guzmán: ¿hasta dónde puede llegar?

El pacto silencioso entre Cristina y Guzmán: ¿hasta dónde puede llegar?

Cristina, Guzmán y la reconciliación: ¿hasta dónde puede llegar la paz?. Y por otra parte, ¿habrá acuerdo con el FMI?

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

Se habla del tema en todo el gabinete nacional, en los bloques legislativos del oficialismo, entre los gobernadores e intendentes peronistas y entre todos los dirigentes con algo de información y cercanía con la cúpula política que hoy dirige en país. Y que conforman no más de cinco dirigentes; entre los que hoy no está Martín Guzmán.

El ministro de Economía habría mantenido al menos una reunión privada y directa con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y llegado a un principio de acuerdo del tipo Dama y Caballero; para que el funcionario pueda avanzar en las negociaciones con el Club de Paris y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se habla de una aceptación de la realidad política por parte de Guzmán: el kirchnerismo tiene más poder que el que él pueda disponer en todos estos cuatro años de gestión; y, si presiona una vez más fuera de lo correcto, su puesto corre peligro. Pero también de un guiño sólido por parte de la exjefa de Estado para que el ministro de Economía pueda recomponer los mecanismos de negociación con el organismo que maneja Kristalina Giorgieva; en términos serios y aceptables por parte del FMI.

Guzmán ¿lo logarará?

Se aclara cerca del poder que no se trata de una aceptación sin más de lo que Guzmán pueda cerrar con el Fondo. Ni cerca de eso. Sino del otorgamiento de algo de aire al funcionario, sólo para que pueda establecer contactos con la sede de Washington, acelerar una misión del FMI que debería llegar entre junio y julio, y el comienzo así de las discusiones sobre los términos del Facilidades Extendidas que las partes deberían consolidar para llegar a firmar una Carta de Intención que luego sirva de plataforma para la firma futura de un acuerdo aprobado por el board. Esa Carta de Intención debería luego pasar por el tamiz de la aprobación legislativa, incluyendo el Senado donde la autoridad máxima es la de Cristina Fernández de Kirchner. Y será ahí, en ese momento, donde se librará la batalla interna final sobre la aprobación o rechazo de lo que negocie Guzmán en estos tiempos.

Sin embargo, en el contacto entre el ministro y la titular del Senado, se llegó al menos a coincidencias sobre los límites de la negociación que podrá encarar Guzmán. Esto es, un Facilidades Extendidas a 10 años, con un plazo para comenzar a pagar los U$S 44.700 millones que se deben al organismo en 4,5 años después de haber firmado el acuerdo, con un plan de metas fiscales y monetarias que lleven a un equilibrio sustentable en un mediano plazo (no menos de tres años) y la aceptación de misiones del FMI anualizadas. Como contrapartida, el ministro negociará la cláusula por la cual si se modificara el estatuto del Fondo sobre los límites temporales de los acuerdos de Facilidades Extendidas a más de 10 años; automáticamente Argentina debería ser incluida en la mejora.

Guzmán deberá garantizar que el FMI aplica una reducción en las tasas de interés y que es cierta la posibilidad de reducir los sobrecargos por incumplimiento del Stand By. La reducción sería importante: de 4,03 se pasaría a pagar un 2,03%. También se tendrá que incluir en el acuerdo la alternativa de aplicar una refinanciación de los pagos anuales, en el caso de que Argentina cumpla en los ejercicios previos las metas económicas y financieras pactadas con el Fondo. Finalmente, el "ala política legislativa dura" del oficialismo aceptará como una consecuencia inevitable la llegada a Buenos Aires de misiones anuales del FMI; pero con condiciones más políticas que económicas. Una alta fuente del oficialismo legislativo lo describió de este manera: "que el FMI muestre en su visita al país la misma buena fe que nos pide a nosotros. No queremos un show de desprestigio en las fiscalizaciones de Buenos Aires".

Guzmán ya no elaborará y ejecutará la política tarifaria del gobierno

Un tema importante en el que el ministro debió bajar la cabeza es el capítulo tarifas, que está cerrado; y no habrá más aumentos en el costo de los servicios públicos para las familias y empresas más allá del 9% para la electricidad aplicado en mayo y el 6% para el gas que se anunciará en días. Cualquier debate sobre las tarifas pasará para fines del  segundo semestre, se basará en el rebalanceo y Guzmán se someterá a la fiscalización del tema por parte del Legislativo. Esto ocurrirá cuando el ministerio de Economía envíe al Legislativo el diseño del Presupuesto correspondiente al 2022. Serán Diputados y el Senado los que terminen de debatir la estructura tarifaria del próximo año, y su aplicación sobre lo eventualmente firmado con el FMI.  Dicho de otra manera, Guzmán ya no elaborará y ejecutará la política tarifaria del gobierno, sino que en este tema será un simple administrador de lo que el kirchnerismo determine.

La llave que destrabó las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo oficialista es la inclusión de una cláusula inédita en la historia reciente del FMI: la inclusión de un capítulo especial que mencione específicamente que si en el futuro se modifica la Carta Orgánica del Fondo y se habilita la alternativa de acuerdos a más de 10 años, el documento de Facilidades Extendidas que se firme con Argentina pueda ser revisado e incluya los nuevos plazos. Si, por ejemplo, se cerrara este año el acuerdo y se firmara durante el 2021 un pacto a 10 años, y en el caso que el estatuto del FMI cambiaria en el período vigente del acuerdo (hasta 2031), el organismo debería permitirle al país la extensión de los plazos.

¿Qué se dice sobre esta cláusula?

Según coinciden tanto los negociadores con los que trata el país, encabezados por la norteamericana Julie Kozac, como el ministerio de Economía argentino; esta “cláusula” no violentaría el estatuto del FMI y habilitaría al país para recibir cualquier mejora futura en las condiciones vigentes. Dicho de otra manera, el acuerdo con el Fondo nunca tendría condiciones peores, y estaría abierto a mejorarlo si en el futuro hay cambios en los tipos de planes de pago que le convengan al país.

Se acepta, ya dentro del kirchnerismo, que para activar la posibilidad de modificar los tiempos de los acuerdos a 10 años se necesitan cambios radicales en la geopolítica mundial; imposibles de conseguir por la Argentina en estos tiempos; y donde además se necesitaría contar con el apoyo absoluto de la mayoría del 85% del board del FMI, incluyendo los votos positivos de Estados Unidos y Europa. El ministro lo expuso ante Alberto Fernández luego de su gira de comienzos de mayo por Europa: no hay ninguna posibilidad de lograr que el FMI le acepte al país plazos mayores a 10 años, posición que luego recibió el Presidente como definición en el encuentro directo que mantuvo el jefe de Estado con Kristalina Giorgieva en Roma. Este mensaje fue transmitido al Senado en el mayor nivel de contacto, desde donde se terminó aceptando, sólo con la promesa de la inclusión de la cláusula de extensión de los plazos.

Lo único que tendrá que hacer el país es cumplir las pautas que se acuerden para cerrar el Facilidades Extendidas

El ministro y el staff negociador del Fondo están discutiendo, además, que en el acuerdo se incluya también la alternativa de que los compromisos que se acuerden con el organismo financiero internacional a liquidar en el futuro puedan no ser ejecutados con reservas o el saldo de la balanza comercial, sino con el propio refinanciamiento del FMI. Y para que esto ocurra, lo único que tendrá que hacer el país es cumplir las pautas que se acuerden para cerrar el Facilidades Extendidas que se renegocia desde la semana pasada. Guzmán sabe que hoy el FMI acepta visiones heterodoxas, quizá por primera vez en su historia.

Los términos generales del acuerdo que tiene en mente Guzmán serían los siguientes. De firmarse este año durante el segundo semestre un Facilidades Extendidas del tipo clásico (10 años con un plazo de 4,5 años para el inicio de los pagos), Argentina debería comenzar a liquidar sus compromisos en el primer semestre de 2026; y capital, en el segundo. Esto implicaría que el primer desembolso serio tendría que concretarse entre septiembre y diciembre de ese año. Teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023, será el próximo Gobierno quién deba tener en cuenta estos pagos. Pero tres años después de haber asumido, y en un tiempo político diferente al que hoy transcurre en la gestión Alberto Fernández. Esto es, sin las expectativas de una elección legislativa de medio término y a un año de terminar la próxima presidencia.

Según la visión de Guzmán, con tiempo suficiente es posible demostrarle al FMI que el plan que presentó en Washington da resultado y que con una visión heterodoxa de la economía es posible ordenar las cuentas primero y hacer crecer sólidamente la macro después. Las paulatinas misiones del FMI lo irían comprobando en las fiscalizaciones periódicas; las que se prometen más que discretas y sólo de observación. Lo más importante llegaría para comienzos de 2026. Llegado el momento de comenzar a pagar.

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