La mala hora del Gobierno con el dólar blue y un convencimiento oficial: no devaluar

No pudo ser. El Gobierno no lo logró. El intento de sostener el blue por debajo de los 200 pesos resultó fallido, y el precio de ayer alcanzó los $205 y, aunque, baje, ya perforó una barrera psicológica que permanecerá por siempre. El de Alberto Fernández fue el Gobierno donde el dólar superó los 200 pesos. Y así quedará. En términos estadísticos, siempre relativos, si el dólar se estabilizara en estos niveles; Argentina habría pasado de ser un país en la banda mínima de estado en desarrollo a pobre. Dejará de competir contra estados como Ucrania, Uruguay, Brasil, México o Colombia; para militar en ligas menores como Bielorusia, Birmania y Botswana. Todos países con menor inflación. Cualquier análisis serio indicaría que Argentina no merece esa comparación. Se trata de un país con innumerables posibilidades económicas de crecimiento, especialmente en infraestructura, energía, industrias varias y servicios esenciales. Sin embargo la foto de hoy es innegable. Con un dólar a este nivel, Argentina es un país pobre.

El problema no es el blue sino el oficial, y la brecha que ya supera el 100%; lo que convierte a la economía real como inviable en el mediano o el largo plazo. Insistió ayer y hoy el Gobierno, esta vez a través de la portavoz Gabriela Cerruti, en que no habrá devaluación. Y esa es la estrategia oficial verdadera. Consideran en el Gobierno que un dólar a más de 180 pesos es irreal, y que, en todo caso, es el nivel de discusión del precio de la divisa sobre el que se puede discutir la relación con la divisa oficial. Y, en consecuencia, esa sería la brecha que se debería acortar desde el próximo lunes poselectoral.

Siguiendo la inflación que se vaya registrando durante el próximo año. Por ejemplo, si la inflación fuera del 40%, el dólar oficial debería ir subiendo hasta llegar a los 140/150 pesos; reduciendo la distancia con los dólares financieros (MEP y CCL) en un sendero gradual de entre uno y tres años. Fuera de esto, es una decisión tomada. Alberto Fernández y su Gobierno no devaluará. Y cualquiera sea el resultado de las legislativas del 14 de noviembre, sostendrá el tipo de cambio en los niveles actuales, con leves alteraciones al alza menores a la inflación.

Luego, en 2022, podría acelerar la recuperación de la competitividad del tipo de cambio, pero sólo siguiente al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para sostener el valor actual de la moneda. Esto implicaría un alza del dólar a mayor ritmo que el 2021, pero nunca con un nivel de incremento que pueda calificarse como "devaluación importante" y, mucho menos, "mega". La decisión de sostener y mantener la estrategia cambiaria actual ya fue tomada por el Gobierno de Alberto Fernández y, curiosamente, sostenida también por el resto de la coalición oficialista. Los tres grupos de accionistas que integran el Gobierno coinciden en un concepto central de la política cambiaria: el valor del dólar oficial aún es competitivo, los precios de las cotizaciones de la divisa en su versión financiera están sostenidas en un nivel alto por la demanda de salida de fondos de inversión extranjeros que quieren abandonar sus posiciones en pesos, y el blue está en un nivel caro. Carísimo.

La estrategia cambiaria actual fue diseñada, cada uno con sus tareas particulares, por el ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce. Está avalada además por el Gabinete Económico y, curiosamente, también por el kirchnerismo y el massismo. Ninguno de los accionistas cree que la devaluación (o similar) sea el camino. Pero además hay un convencimiento que los valores de la divisa actuales están en equilibrio o, incluso, caros en sus cotizaciones alternativas.

Políticamente el oficialismo está convencido que la oposición comparte, en líneas generales, la estrategia oficial en cuanto al tipo de cambio. Los contactos que hay entre funcionarios del equipo económico, economistas opositores e independientes, coinciden en que el valor de la divisa no está retrasado; más allá de la existencia de una brecha importante y contraria a la recuperación y la seriedad de una economía sana. Creen además en el oficialismo que, a diferencia de otros procesos comparables como el '89 o la salida de la convertibilidad, no hay en estos tiempos históricos necesidades imperiosas de devaluar activos en pesos; sino lo contrario.

Dentro de la oposición circula un paper sobre las actualizaciones de la divisa en el tiempo histórico; que marcan, por ejemplo, que el dólar debería navegar en estos tiempos a un nivel no superior a los 175/180 pesos. Sin restricciones. El problema, reconocen todos (oficialismo, oposición y economistas) es que el nivel de reservas del Banco Central es insuficiente para pensar en liberaciones. Y que los niveles actuales de cepos hard se deberán sostener por muchos años más. En todo caso, y cuando los dólares líquidos en la entidad superen los US$20.000 millones, podría comenzar a analizarse la alternativa de una disfuncionalidad en los férreos controles.

La mala noticia para el Gobierno es que eso no ocurrirá en los próximos años y que probablemente Alberto Fernández terminará su gestión a pleno cepo. "No hay ningún premio hoy en enquilombar la política cambiaria. No gana nadie hoy con una decisión de este tipo", aseguraba ayer una alta fuente oficial a este medio, al analizar las presiones inflacionarias. Tampoco se considera en el Gobierno que desde los privados convenga una devaluación que derive en una crisis de proporciones en el mercado interno, ya que lo que se busca para lo que resta del año y el 2022 es una recuperación de la economía, y no un mayor nivel de irracionalidad cambiaria.

En definitiva, el Gobierno sostendrá su estrategia. Expectante pero tranquilo; ya que no considera que existan mayores motivos para alterar lo ya planificado para el 2022. En todo caso lo que habría que esperar es que se mantengan las trabas actuales para el acceso a las divisas. O que aparezcan nuevas. La confianza oficial tiene también un argumento sólido. Considera el Gobierno que la falta de divisas actual obedece a una situación temporal, y que para diciembre, con la llegada de la cosecha fina (trigo), comenzarán a llegar divisas que volverán a las reservas a un cierto equilibrio de ingresos y egresos.

Fue con este panorama que desde el directorio de la entidad que maneja Miguel Pesce, actuar para terminar con una operatoria importadora que estaba alterando la estrategia oficial: el adelantamiento de pago de importaciones, especulando con alteraciones cambiarias futuras y que afectaban el equilibrio de pagos vs despachos de mercaderías. Hacia delante, la aceptación para la liberación de divisas destinadas a importaciones, obedecerá a un mecanismo de relojería fina; buscando que sólo salgan de las reservas del BCRA divisas que realmente tengan destino los insumos para la producción industrial y los bienes de consumo finales que efectivamente sean colocados en el mercado interno.

Afirman en la entidad, que no habrá mayores restricciones técnicas o legales para importar, pero no se podrá comprar mercadería al exterior sin que esta ingrese al mercado interno. Tampoco si tienen mercadería ya comprada y no ingresa al país. Las empresas y particulares que quieran adquirir e ingresar productos desde el exterior, no podrán hacerlo si aún no tienen los certificados sellados y aprobados que determinen que no poseen mercadería similar ya adquirida en el exterior pero no colocada en el mercado interno. Este mecanismo ya comenzó ayer, en una rueda donde la entidad compró unos US$100 millones, y sólo quedaron sin participación los importadores que aún todavía tienen mercadería comprada sin ingresar al país.