Tras el fallo de Griesa, los peligros de la respuesta argentina
La actitud, respuesta y estrategia judicial de Argentina para contrarrestar los efectos negativos del fallo norteamericano por el caso de los Fondos Buitre, esconde una serie importante de riesgos.
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El lunes pasado el juez federal norteamericano Thomas Griesa, la Cámara Federal de Nueva York y la Corte Suprema de Justicia del país del norte fallaron contra la Argentina obligándola a pagar su deuda con los holdouts.
Tras el remezón, los funcionarios del Ejecutivo argentino actuaron de manera dudosa y esquivaron la única salida posible: negociar.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tildó la resolución judicial norteamericana de "extorsiva"; el ministro de Economía, Axel Kicillof, hizo su parte y el jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Jorge Capitanich, acusó a Griesa de promover el desequilibrio.
Finalmente, deslizaron que el país pagaría a los bonistas pero fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, más de un analista indicó que esta posibilidad es inviable.
"Un canje en Buenos Aires es técnicamente inviable, porque muchos bonistas no pueden renunciar a la jurisdicción norteamericana; tampoco es atractivo y, además, no aceptarían correr el riesgo de ser pesificados", dijo a La Nación Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell'Oro Maini.
Asimismo, como citó el periodista Adrían Ventura para el matutino porteño, uno de los socios de un estudio de primerísima línea que intervino en anteriores canjes argentinos aseguró que "el Gobierno no sabe cómo llevar el timón de esa negociación , y con declaraciones políticas busca ocultar las dificultades".
Sucede que los bonos de los holdouts están emitidos bajo legislación y jurisdicción norteamericanas y la legislación de Estados Unidos prohíbe que los fondos de ese país renuncien a esa jurisdicción.
Pero, además, en 2.012 Griesa prohibió a todos los involucrados en la controversia colaborar con la Argentina para burlar la sentencia de su tribunal.
En suma, quien se preste al supuesto plan argentino de cambiar el lugar de pago viola la ley norteamericana e incurre en desacato al juez, sostienen los analistas legales.
Con el agravante de que el Gobierno, al no cumplir con el pago en tiempo y forma, estaría empujando al país a un default.
Sólo un altísimo nivel de consentimiento entre el 85% de los bonistas que hoy están cobrando podría autorizar que se lleve el pago a otra plaza, como Basilea o Francia, como publicó La Nación.
Lo cierto es que frente a un panorama tambaleante y temido para la economía argentina, las declaraciones de los funcionarios de Gobierno han incentivado más ruido, desorden y confrontación con el país del norte.