Una negociación que no evitaría el default
La idea del Gobierno de poner en marcha un mecanismo para lanzar un nuevo canje de deuda con jurisdicción argentina pareció perder rápido impulso.
Los abogados que representan a la Argentina ofrecieron finalmente comenzar a negociar con los fondos buitres el pago de la deuda, pero la jugada tampoco alcanzaría para evitar que el país caiga en default técnico y deba intentar lanzar un nuevo canje de deuda bajo jurisdicción local, de incierto resultado.
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Como una Corte de Apelaciones decidió levantar el freno a posibles embargos, la Argentina dijo horas después que se veía imposibilidad de hacer frente a un vencimiento de unos 900 millones de dólares del canje previstos para fin de mes bajo ley de Nueva York.
La Argentina planteó abrir la negociación con los fondos buitres en una audiencia en la que el juez de Nueva York Thomas Griesa advirtió al país que no cambie el lugar de pago de los bonos y hasta dijo que el último discurso de la presidenta Cristina Kirchner no le generó "confianza".
En tanto, el anuncio del ministro de Economía, Axel Kicillof, de poner en marcha un mecanismo para lanzar un nuevo canje de deuda con jurisdicción argentina pareció perder rápido impulso, y terminó siendo víctima -al menos por ahora- de una dura reprimenda del magistrado norteamericano.
"El swap de Kicillof viola las sentencias previas", alertó Griesa en la audiencia, y el juez hasta calificó de "ofensivo" el último discurso por cadena nacional pronunciado por Cristina.
Dos días después de la decisión de la Corte de los Estados Unidos de no tomar el caso judicial que enfrenta a la Argentina con los fondos buitre, el Gobierno se vio obligado a negociar, ante la inminencia de embargos contra bienes que el país tiene en el exterior y la posibilidad de caer en default. El Gobierno, entonces, buscará encontrar una salida a la problemática y preocupante situación que compromete a pagar una suma que ronda los $1.500 millones de dólares, si se computan intereses.
El letrado de CGS&H Carmine Boccuzzi le dijo al juez neoyorkino que "el plan (del Gobierno) es estar acá la semana próxima para negociar con los holdouts para resolver esta situación".
Sin embargo, aclaró que "en estos momentos no hay una oferta de intercambio", tal como exigieron los representantes de los fondos buitre. Además, Boccuzzi señaló que Griesa "quiere un mecanismo legal para evitar otra situación en la que la República (Argentina) pueda desconocer otro juicio".
La Argentina planteó abrir la negociación con los fondos buitres en una audiencia en la que el juez de Nueva York Thomas Griesa advirtió al país que no cambie el lugar de pago de los bonos y hasta dijo que el último discurso de la presidenta Cristina Kirchner no le generó "confianza".
En tanto, el anuncio del ministro de Economía, Axel Kicillof, de poner en marcha un mecanismo para lanzar un nuevo canje de deuda con jurisdicción argentina pareció perder rápido impulso, y terminó siendo víctima -al menos por ahora- de una dura reprimenda del magistrado norteamericano.
"El swap de Kicillof viola las sentencias previas", alertó Griesa en la audiencia, y el juez hasta calificó de "ofensivo" el último discurso por cadena nacional pronunciado por Cristina.
Dos días después de la decisión de la Corte de los Estados Unidos de no tomar el caso judicial que enfrenta a la Argentina con los fondos buitre, el Gobierno se vio obligado a negociar, ante la inminencia de embargos contra bienes que el país tiene en el exterior y la posibilidad de caer en default. El Gobierno, entonces, buscará encontrar una salida a la problemática y preocupante situación que compromete a pagar una suma que ronda los $1.500 millones de dólares, si se computan intereses.
El letrado de CGS&H Carmine Boccuzzi le dijo al juez neoyorkino que "el plan (del Gobierno) es estar acá la semana próxima para negociar con los holdouts para resolver esta situación".
Sin embargo, aclaró que "en estos momentos no hay una oferta de intercambio", tal como exigieron los representantes de los fondos buitre. Además, Boccuzzi señaló que Griesa "quiere un mecanismo legal para evitar otra situación en la que la República (Argentina) pueda desconocer otro juicio".
