Populismo jurídico y necesidades sociales

El presidente de la Fundación Sur y diputado nacional analiza la actuación de la Corte en materia de jóvenes en conflicto con al ley.

Populismo jurídico y necesidades sociales

La doctora Carmen Argibay vuelve a la carga contra los proyectos de baja de edad de la imputabilidad, sin embargo, en ninguna Cámara del poder legislativo tramita un sólo proyecto de esa especie. ¿Sera que la Dra. Argibay escucha voces o tiene visiones premonitorias? Nada de eso. La Dra. Argibay conoce perfectamente sus “molinos de viento”.

Ellos son los múltiples proyectos de responsabilidad penal juvenil, vigentes desde hace mucho tiempo en toda América Latina menos en la Argentina. Proyectos,  que efectivamente tramitan y con abundante consenso en ambas Cámaras del Congreso. Para comenzar digamos que la diferencia entre ambas propuestas resulta realmente abismal. Mientras bajar la edad de la imputabilidad significa  tratar a los menores de edad exactamente como si fueran adultos, los sistemas de responsabilidad penal juvenil, implican, luego de un debido proceso con todas las garantías (del que Argibay y Zaffaroni reniegan, supuestamente por izquierda, mientras que los aplausos más fuertes les llegan por derecha), sanciones diferenciadas que pueden llegar a la privación de libertad en el caso de delitos graves taxativamente estipulados.

Yo mismo, soy autor de uno de dichos proyectos que prevén la privación de libertad por un máximo de cinco años para la franja de 16 y 17 años de edad y un máximo de tres  para aquellos de 14 y 15 años. Esta medida se aplicaría a una faja reducida de la totalidad de los delitos cometidos por los menores de edad; para el resto la prestación de servicios a la comunidad podría constituirse en la respuesta al mismo tiempo más racional y eficaz para la mayoría de los delitos que usualmente cometen los menores edad.

Jamás se me ocurriría pedir que la Dra. Argibay estuviera de acuerdo con un sistema como este, pero resulta poco conveniente al debate democrático que ella y muchos que la siguen o a los que ella sigue, continúen pretendiendo confundir a la opinión pública, que no termina de captar estas diferencias que de sutil tienen muy poco. Igualar ambos sistemas no tiene otro fin que impedir el debate y la aprobación de una ley de responsabilidad penal juvenil, pero mucho más como ya ha quedado en evidencia, tomar decididamente partido a favor del status quo . Es decir, de la utilización de la privación de libertad como una forma  “reforzada” de política social para los adolescentes (pobres se entiende).

El reciente fallo de la Corte, que sin duda pasará a la historia como un ejemplo perfecto de  populismo jurídico, es tal vez, como acertadamente lo definió sin ironía una jueza de menores favorable al mismo, “el fallo que la sociedad necesita”. Sucede que para hacer lo que “la sociedad necesita” están nada menos que el gobierno y la propia sociedad. El poder judicial, por lo menos de la revolución francesa para acá, no tiene precisamente como función aquella de hacer lo que “la sociedad necesita”, sino la de dirimir conflictos de naturaleza jurídica conforme a las leyes y muy especialmente conforme a la Constitución Nacional.

Este fallo que ha sido aplaudido a rabiar, por quienes curiosamente al mismo tiempo reclaman “seguridad jurídica y calidad institucional”, resulta flagrantemente y expresamente violatorio de la ley de infancia 26.061 que  prohíbe la privación de libertad como forma de protección (único argumento esgrimido por la Corte para convalidar el decreto de la dictadura), pero resulta más  violatorio aún del art. 18 de la Constitución Nacional.

El autor: Emilio García Méndez es diputado nacional (Bloque SI, Solidaridad e Integración y presidente de la Fundación Sur.

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24 de junio de 2018 | 18:34
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