La Bolivia del revocatorio

El escenario político actual ha sido ineludiblemente ocupado por el referendo revocatorio, al cual se han subordinado otros elementos primordiales de la política nacional como la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), los procesos autonómicos e incluso gran parte de la gestión pública del gobierno central y las prefecturas. Los temas que definieron la vida pública del país y que permanecen irresueltos han sido condicionados a
la dinámica preelectoral o de resistencia al referendo y se mantienen relativamente latentes mientras el revocatorio defina una posible reconfiguración de las fuerzas políticas en el país.

La aprobación de la Ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular se dio en un contexto adverso para la derecha, pocos días después del referendo de estatutos autonómicos en Santa Cruz (4 de mayo), que contra las expectativas de sus organizadores no llegó a tener la contundencia que requería Costas y el Comité Cívico Pro-Santa Cruz para cohesionar bajo su dirección y del Consejo Nacional por la Democracia (CONALDE) a las diferentes fracciones de la derecha, consolidar una base social en diferentes regiones, legitimar sus acciones ilegales e imponer mayor fuerza a las acciones de desestabilización del régimen de Morales. Hasta
ese momento la derecha había tenido una acción relativamente coherente, manteniendo una cohesión bajo la directiva de obstruir la Asamblea Constituyente, desestabilizar al gobierno y avanzar en su proyecto autonomísta. 

Bajo las nuevas condiciones impuestas por el relativo fracaso del 4 de mayo, se preveía que el Movimiento al Socialismo (MAS) concentre sus esfuerzos en la aprobación del referendo de la nueva CPE, pero la respuesta de la oposición no se dejó esperar, el 8 de mayo la Cámara de
Senadores de mayoría opositora aprobó sin modificación alguna y a iniciativa de Poder Democrático y Social (PODEMOS) la Ley de Referendo Revocatorio. 

Una vez finalizada la serie de referendos ilegales sobre estatutos autonómicos, los prefectos adoptaron una posición oficial respecto al revocatorio. Según la información filtrada por la misma oposición, el día 23 de junio la reunión del CONALDE contó con la participación de
miembros de la Embajada de EE.UU. que dieron un informe a los prefectos sobre los datos arrojados por una encuesta encargada por la misma embajada, cuyas previsiones para la votación del 10 de agosto indicaban un incremento en el apoyo a Evo Morales que llegaría al 62,3% de votos y la revocatoria casi inminente de 4 de los nueves prefectos: Manfred
Reyes Villa (rechazo: 57,8%), Mario Cossio (rechazo: 49,1%), Leopoldo Fernández (rechazo: 50,3%), José Luís Paredes (rechazo: 52,3%), el resto de los prefectos serían ratificados con diversos márgenes de apoyo. En base a este informe el CONALDE en pleno emitió una resolución en la que definía respaldar la decisión de los prefectos de no someterse al
referendo revocatorio, anunciando además la aplicación de los estatutos autonómicos en los departamentos. Evidentemente la precaria situación de la estrategia autonomista se agravaba con la revocatoria de tres de sus promotores, los prefectos de Cochabamba, Tarija, Pando y suspendía indefinidamente la aplicación de hecho de los estatutos en Pando y Tarija. 

El problema para ellos era que el referendo había sido promulgado por una ley de la república con la participación de la misma oposición, pero aun más grave era una medida completamente legítima a los ojos de la población ya que se le consultaría por primera vez sobre la gestión de sus representantes en el Estado. El rechazo de los prefectos evidenciaba
una vez más su esencia antidemocrática y su actuación al margen de toda legalidad, pero además revelaba la fragilidad o ausencia de una dirección de la derecha a nivel nacional, varios prefectos no estaban dispuestos a subordinar sus intereses inmediatos y particulares
–garantizados por su coyuntural control de las prefecturas- al proyecto conspirador de la derecha –en este caso- dirigida por Costas.

En esta caótica situación, nuevamente la Embajada de EE.UU. intervino con el fin de dar algún orden y cohesión a las acciones de prefectos y oposición. El 3 de julio –según información del Ministerio de Gobierno- funcionarios de la embajada se reunieron con el Prefecto Ernesto Suárez y otros altos políticos de la oposición, el propio ministro Alfredo Rada advirtió el mismo día sobre la posible tarea del embajador Goldberg para articular a la derecha. Un día después los prefectos aglutinados en el CONALDE –a excepción de Reyes Villa- declararon su disposición de someterse al Referendo Revocatorio. Queda claro que la Embajada instruyó
–o por lo menos convenció- a los prefectos que en la situación dada solo les quedaba retroceder en su posición de desacato, si es que no querían empeorar su propia crisis. Esta era la única salida del CONALDE, mantener el desacato al Referendo significaba en la práctica primero movilizar a sus grupos de choque en las regiones para impedir el acto electoral, segundo desconocer al gobierno y al congreso y finalmente aplicar sus estatutos autonómicos instalando gobiernos de facto en las regiones, es decir precipitar el enfrentamiento a una escala superior con el Estado nacional. Para la Embajada de los EE.UU. ir a esta aventura en condiciones tan desfavorables para los autonomistas era simplemente un suicidio político, no se podía precipitar el enfrentamiento y se debía mantener la conspiración a baja escala y para
esto salvar los espacios de poder que se pudiesen, aún sacrificando algunos elementos relativamente importantes como Manfred Reyes, Leopoldo Fernández e incluso Mario Cossío y aliados circunstanciales como José Luís Paredes. Esto es finalmente lo que hizo el CONALDE lo que a su vez provocó una segunda fractura en su interior; el mismo 4 de julio Manfred
Reyes en contra de la nueva posición ratificó su rechazo a someter su cargo a la votación y se distanció del bloque de prefectos.

Pero si bien la coyuntura política y sus propios errores obligaron a los prefectos a consentir públicamente el referendo, esto de ninguna manera significó abandonar el boicot, por el contrario la derecha concentró sus esfuerzos en un conjunto de acciones dirigidas al fracaso del revocatorio y -en caso de no poder evitarlo- a preparar la impugnación y desacato de sus resultados. A esta tarea se abocaron otros representantes de la derecha bajando el perfil de sus mayores cuadros como Costas, otros prefectos de la Media Luna y la cúpula de PODEMOS,
evitando así comprometer más su imagen como promotores visibles del boicot. 

¿Quién pierde en el revocatorio? 

Según una última encuesta realizada por Captura Consulting el presidente tendría un apoyo del 54 % para ser ratificado, las encuestas de la consultora Ipsos superan esta cifra otorgándole un 59% de apoyo en las principales ciudades del país. Según los resultados de Captura Consulting -publicados el 4 de agosto en el diario La Prensa- Morales tiene un alto grado de apoyo en los departamentos de La Paz (77%), Oruro (75%), Potosí (67%), Cochabamba (54%) y Pando (51%), ocurriendo lo contrario en parte del oriente, donde la votación por el NO a la continuidad de Morales crece: Santa Cruz (70%) Chuquisaca (59%) Tarija (61%) y Beni (57%). En el caso de los prefectos la encuesta los clasifica en tres: los que serán ratificados: Rubén Costas (74% apoyo),
Ernesto Suárez (64% apoyo), Cossio (58% apoyo); los que se encuentran en peligro de ser revocados: Manfred Reyes Villa (48% apoyo/48% rechazo), Luís Aguilar (48% apoyo/48% rechazo) y Mario Virreira (46% apoyo/42% rechazo); finalmente los que serían revocados: José Luís Paredes (53% rechazo) y Leopoldo Fernández (49% rechazo).

Si bien en Bolivia sabemos que las encuestas son de cuidado, y su veracidad esta sujeta a los intereses de quien las encarga, cuyo principal objetivo es incidir en el voto de la población, sus datos pueden brindar una somera aproximación a las tendencias generales de la intención de voto. Así las cifras que mencionamos nos pueden ayudar a ubicar un posible panorama en el revocatorio.

El gobierno no solo ha mantenido su popularidad, sino que ésta se ha incrementado, se encuentra en una posición muy cómoda respecto al electorado y nadie duda de su ratificación, a pesar de no haber podido en las últimas semanas frenar un conjunto de protestas populares
principalmente la referida a la demanda de aprobación del proyecto de Ley de Pensiones de la COB y a las peticiones de otros sectores, aparentemente estos conflictos no han afectado en gran medida su respaldo social.

Lo que si resulta preocupante son los niveles de apoyo en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, efectivamente una mayoritaria votación por el NO a Morales en la Media Luna será un poderoso instrumento para la oligarquía de esa región para avanzar en su plan de desconocimiento del gobierno. Rubén Costas a mediados de julio declaraba: “como el señor Evo Morales será revocado en Santa Cruz, no vamos a decir que no venga nunca más, que venga pero de paseo porque aquí no va a gobernar”, haciendo explicita la estrategia
separatista de los prefectos para profundizar aun más la ausencia del Estado en la región. Cabe ser muy claros respecto a la declaración de Costas, la autoridad del ejecutivo tiene alcance nacional –a diferencia de los prefectos cuya administración tiene jurisdicción departamental-
por lo que a pesar de las intenciones de suprimir el poder del gobierno central en Santa Cruz, de ninguna forma una votación desfavorable a Morales en algún departamento implica su perdida de mandato en el mismo.

Morales ha sido elegido por una votación nacional y su revocatoria solo puede basarse en los resultados nacionales, lo contrario es ir en contra de los principios constitucionales que definen la forma de gobierno y de toda normativa legal.

La conspiración de la derecha se mantiene

Dadas así las cosas el revocatorio no parece ser el hecho político trascendental que termine resolviendo la dualidad de dos poderes con proyectos distintos, sus consecuencias son de menor alcance, es cierto que la derecha tendrá algunas bajas a causa del proceso, pero de ninguna forma queda anulada su capacidad de conspiración. Mantiene su control en
el Senado, en el aparato judicial y en varias prefecturas, pero fundamentalmente su poder económico –base de su poder ideológico y represivo- se mantiene intacto.

La previsión más catastrófica para el futuro –y que esperamos no ocurra- es que pasado el 10 de agosto el país sea sumido por completo en la interpretación de los resultados del revocatorio y seamos asfixiados por un sin fin de recursos políticos y jurídicos similares a los de los últimos dos meses, mientras la derecha prepara y ejecuta su nueva ofensiva. La amenaza está sobre el tapete, el CONALDE ha definido movilizarse por la restitución del IDH y por la capitalía plena, dos demandas completamente políticas cuyo objetivo es continuar el acoso al
gobierno, para lo cual cualquier consigna que movilice a algunos sectores le es útil.

Como hemos mencionado en la primera parte, la oligarquía no está en condiciones para ejecutar su proyecto autonomista e ir al enfrentamiento directo con el Estado, por lo que solo le queda mantener la tensión contra el gobierno hasta lograr rearticularse y recuperar una base
social, mientras mantiene su acoso permanente al ejecutivo con el fin de desgastar su gestión e impedir la aprobación de la nueva CPE.

Queda claro que la conspiración va a mantenerse y que el gobierno no puede continuar jugando en las condiciones impuestas por la derecha, no puede mantenerse impedido de gobernar y acabando su gestión en respuestas coyunturales a las arremetidas de los opositores. Lo primero que deberá hacer inmediatamente acabado el revocatorio es recurrir a su
único poder real: “el apoyo popular” para zanjar rápidamente la aplicación de la ley 3850 obligando a los prefectos revocados a irse y obligando al Congreso a promulgar la ley de referendo de aprobación de la nueva CPE. A partir de ello es necesario un giro de timón a la errada política conciliadora del gobierno, para retomar una gestión dirigida a atender las demandas y necesidades de los sectores populares, que se han visto excluidos del programa de gobierno en los últimos meses, lo que significa entre otras cosas terminar el proceso de saneamiento y redistribución de la tierra, aprobar una Ley de Pensiones Universal, avanzar en la reactivación del aparato productivo, implementar políticas restrictivas al libre mercado para garantizar la soberanía alimentaria del país, etc.

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22 de junio de 2018 | 10:44
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