¿Derecho de huelga?

En principio conviene aclarar, por si las moscas, que estoy plenamente a favor de los derechos de los trabajadores, aclarando eso sí, que los derechos implican obligaciones. He trabajado más de 30 años en la administración pública nacional y provincial, así que no hay muchos secretos que descubrir entre merecimientos y apioladas.

 Pero centraré mis apuntes en los dirigentes gremiales, verdaderos pilares de la inconsistencia jurídica, salvo honrosas excepciones, que deben ser verdaderamente valorados.

 Hoy de nuevo, como todos los años, ATE y SUTE dan la nota, teniendo en cuenta que estos gremios pretenden afectar los servicios de salud y educación. Y como siempre parten de actos viciados de nulidad. Si bien el derecho de huelga está contemplado en la Constitución Nacional, no es un derecho absoluto y así lo reconoce la OIT. Es más este organismo de Naciones Unidas da pautas que conviene recordar:

- El derecho de huelga, considerado por la OIT como un derecho fundamental, no es absoluto, por lo que su ejercicio debe armonizarse con los derechos de los ciudadanos y empleadores.

- Cuando la legislación nacional garantiza el derecho de huelga, muy a menudo se plantea el problema de determinar sí la acción emprendida por los trabajadores constituye una huelga de conformidad con la ley. En general cabe considerar como huelga toda suspensión del trabajo, por breve que sea ésta.

- La acción de los trabajadores debe limitarse, sin embargo, a expresar su protesta y no perturbar la tranquilidad pública.

- Los servicios esenciales en el sentido estricto (cuando es admisible prohibir el derecho de huelga) han sido objeto de sucesivas precisiones por parte de la OIT. En 1983, la Comisión de Expertos los definió como “los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”. Esta definición fue adoptada poco después por el Comité de Libertad Sindical. Así pues, el Comité ha considerado como servicios esenciales, en sentido estricto, cuando el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones importantes, o incluso de prohibición a el sector hospitalario; los servicios de electricidad, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

- El solo hecho de participar en un piquete de huelga y de incitar abierta, pero pacíficamente, a los demás trabajadores a no ocupar sus puestos de trabajo, no puede ser considerado acción ilegítima. Pero es muy diferente cuando el piquete va acompañado de violencia o de obstáculos a la libertad de trabajo por intimación a los no huelguistas, actos que en muchos países son penalizados.

- La Comisión de Expertos no ha criticado las legislaciones de Estados miembros que prevén deducciones salariales en caso de huelga y, sobre el pago de los salarios correspondientes, ha señalado que “como regla general las partes deberían determinar libremente el contenido de los temas objeto de negociación”.

- Son aceptables como condiciones para el ejercicio del derecho de huelga la obligación de dar un preaviso; la obligación de recurrir a la conciliación o mediación; el recurso de arbitraje voluntario; la obligación de respetar un determinado quórum y de obtener el acuerdo de una cierta mayoría, y la celebración de un escrutinio secreto para decidir la huelga”.

Como es dable observar, no hay principio de la OIT que no sean violados por los gremios, empezando por el uso de la violencia y terminando con el famoso quórum. No hay en ningún párrafo de la profusa documentación emitida por la OIT, palabras como “escrache”, “cortes de rutas”, etc., etc. Es más la OIT, recomienda prohibir las huelgas en los sistemas hospitalarios, porque como se expresa más arriba, no se puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona en toda o parte de la población.

Lo gracioso de todo esto, es que hay una dirigente gremial, al cual le tienen miedo todos los políticos, no precisamente por sus buenos modales, que todos los años promete denunciar al gobernador de turno ante la OIT.

Con el debido respeto, creo que los trabajadores de la Provincia se merecen otra clase de dirigencia, comprometidos realmente con la defensa de los derechos que les competen, pero también claramente ilustrados de cuales son sus obligaciones. Una dirigencia que no haga un concurso de cual grita más fuerte, o prometa mayores venganzas contra la clase dirigente. Se necesitan personas, comprometidas con la No Violencia y que se ajusten a derecho en sus reclamos, porque sino se convierten en lo que dicen combatir.

Y por último, la vida de un solo niño vale más que cualquier reclamo hecho de forma incorrecta.
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25 de febrero de 2018 | 12:57
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