"Hay que planificar lo rural"

La autora de este artículo acaba de finalizar su mandato como Gerenta General del IDR (Instituto de Desarrollo Rural) de Mendoza y aprovecha esta oportunidad para reflexionar sobre el rol del Estado en la planificación territorial del ámbito rural al tiempo que propone algunas acciones en ese sentido.

Una característica de nuestra provincia es la diversidad de cultivos y la variada  tipología de productores; si bien la mitad de la superficie cultivada es con vid, el resto se reparte entre frutales, olivos y hortalizas, cada uno con sus particularidades de producción, con distintas tecnologías, cosechas y procesos de transformación.

En el territorio conviven los sistemas productivos tradicionales con aquellos que han incorporado tecnologías, gradual y esforzadamente, en algunos casos con requerimientos de gran cantidad de mano de obra y poca especialización y en otros en los que la calificación tiene una demanda creciente, en cantidad y complejidad.

Este crecimiento, si bien es permanente, en la mayoría de las veces se muestra desordenado, lo que auspicia la necesidad de una planificación que cuente con las suficientes estrategias para su ordenamiento.

Planificar estratégicamente significa investigar y generar acciones que mejoren la calidad de la producción, que aumenten la productividad, que optimicen la rentabilidad y que atiendan al ambiente. La planificación implica además que se generen programas de capacitación para obreros y mandos medios, tanto en lo  relacionado con la producción primaria como con el sector de transformación en fábricas, secaderos, galpones de empaque y frigoríficos, con el fin de alcanzar una alta calificación de la mano de obra.

La planificación también implica que se consoliden las relaciones entre las distintas partes del sistema, a partir de acuerdos confiables de mediano plazo. Igualmente necesita que se mantengan y mejoren los sistemas estratégicos de información, haciéndolos transparentes y confiables, con un marco metodológico constante a través del tiempo y con una forma didáctica y eficaz de comunicación de sus resultados, a partir de una amplia cobertura territorial y mediática.

No se puede gestionar con base sólo en promedios, ya que detrás de los números se resumen cientos de situaciones productivas para las cuales hay que adaptar instrumentos y elementos facilitadores. La diversidad debe estar presente en cada plan y proyecto, aunque no se puede desconocer, subestimar y mucho menos usar de excusa o justificación en proyectos fracasados.

En cada departamento, en cada distrito, los sistemas productivos se enmarcan en un ámbito administrativo local, el cual tiene objetivos cada vez más amplios, pero también más  dificultades para cumplirlos. El antiguo rol municipal de alumbrado, barrido y limpieza ha sido ampliado y superado por funciones ejecutivas más abarcadoras y complejas, que se esparcen en distintas áreas como desarrollo económico, desarrollo social, capacitación, salud, turismo, viviendas y obras, entre otras. Esta realidad hace que las diferencia entre localidades de una misma provincia sean cada vez más profundas y el desarrollo equilibrado sea casi una utopía, ya que en los lugares donde hay mayores problemas hay menos herramientas para poder solucionarlos. Un problema complejo nunca será resuelto con una solución simple. Una situación de pobreza y subdesarrollo, de esas que siempre tememos reconocer, no se mejora con una medida específica que considere un tema puntual. En ciertas ocasiones estos abordajes parciales rompen un precario equilibrio, derivando en una situación aun peor a la anterior.

Un plan integral debe contener políticas de desarrollo para hacer frente a la compleja realidad. Lo integral implica avanzar en varios frentes a la vez (productivo, social, institucional, ambiental), ya que si uno de ellos queda relegado, tarde o temprano impacta negativamente sobre el desempeño de los demás.

La visión integral y el análisis multidisciplinario debe ser el principal insumo en la definición del uso del suelo. La competencia permanente entre los múltiples destinos debe ser evaluada con la participación de los actores, aquellos que habitan y trabajan en el ámbito rural. El plan de Ordenamiento de Territorial debe ser el instrumento que permita cristalizar la visión conjunta de largo plazo, que realice un inventario de recursos disponibles y que priorice las metas a alcanzar por cada sector de la sociedad, compartiendo deberes y derechos, trascendiendo la coyuntura y las conveniencias desequilibradas.

La población debe ser cuidada, escuchada y motivada para que permanezca en su lugar de origen, allí donde tiene sus raíces y tradiciones, sus conocimientos y competencias. Allí donde están esos aprendizajes que, indefectiblemente pierden valor ante la proximidad urbana.

El capital social es un objetivo en sí mismo y una herramienta indispensable en todo plan de desarrollo rural. Un programa destinado a incrementar el capital social rural debe tener tres componentes fundamentales: el arraigo de la población, que lleve a su mínima expresión el fenómeno del éxodo rural; un programa de “repatriacion” enfocado a recuperar a aquellas familias que se fueron a otros departamentos o peor aun, a otras provincias, en busca de oportunidades de trabajo. Y una política de incentivos especiales para que personas con alta capacitación elijan vivir en el ámbito rural. Así como nuestra provincia en otro tiempo recibió el empuje de profesionales (médicos, arquitectos, agrónomos) que aportaron ideas y las transformaron en obras, hoy necesitamos reforzar el trabajo de aquellos profesionales que mejoran día a día nuestra realidad rural, con instrumentos y medios de comunicación que nunca son suficientes.

En este escenario el rol de la institucionalidad local es fundamental Las mesas de trabajo público-privadas constituyen la herramienta necesaria para consensuar formalmente planes de trabajo a largo plazo. Los representantes públicos, con el aporte de la oficialidad en las iniciativas y el sector privado, con su visión local y concreta de los requerimientos sectoriales y territoriales, hacen que los planes sean tan perdurables como el grado de participación que han tenido en su origen y más valiosa aún es la participación en el seguimiento y control de los objetivos conseguidos en cada etapa.

Mendoza es pionera en el País en tener un plan de desarrollo rural consensuado, en el que los sectores público y privado trabajan conjuntamente, bajo el marco institucional de  la Fundación Instituto de Desarrollo Rural, ente ejecutor fundamental de políticas agropecuarias, consensuadas con cámaras, asociaciones, sociedades rurales y  entidades públicas de gobierno, provinciales y nacionales.

Considerando los años de experiencia exitosa de esta visión de desarrollo territorial, en donde se ha planteado un crecimiento económico equilibrado, con una acción institucional ejemplar a nivel nacional e internacional, es que debemos tomar como próximo desafío, transmitir  lo diseñado y logrado en una Ley provincial de desarrollo rural, que refleje el compromiso a largo plazo con un futuro más equitativo y justo, pero que también consolide este tipo de instituciones, que tanto bien le han hecho a la ruralidad de Mendoza.




La autora ha sido Gerenta General del IDR entre marzo de 2004 y febrero de 2008.
 
Opiniones (1)
22 de febrero de 2018 | 16:34
2
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22 de febrero de 2018 | 16:34
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  1. En esta nota, la Ingeniera demuestra que en todos estos años que estuvo en su Gerencia, ratificó que con todos los recursos que tiene este Oasis de nuestra querida tierra Mendoza, podemos seguir aprovechando las bondades que la misma nos da. Yo pienso que con organización y planificación, y tiempo podemos lograrlo. Es bueno de vez en cuando, leer una nota de este estilo, y no siempre las monótonas noticias económicas y políticas a las que nos tienen acostumbrados los medios masivos de comunicación.
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