Política

La Casa Rosada ratificó su embestida contra los registros automotores

El Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez, aseguró que hay que desmalezar el Estado y "sacar todo aquello que no sirva". "Si a algún sector de la política le enoja, que le explique a la sociedad por qué esta bueno cobrar más y perder tiempo", retrucó.

Por Mariano Bustos

En el mes de julio se supo que el Gobierno Nacional tiene intenciones de modernizar el servicio de registro y transferencia de vehículos. El plan es digitalizar los trámites y quitarle poder a los registros automotores de todo el país, los cuales estuvieron vinculados durante años a favores políticos. Este martes, desde Casa Rosada aseguraron que siguen avanzando con ese objetivo y afirmaron que "el Estado tiene que estar al servicio de la sociedad".

"Si a algún sector de la política le enoja, que le explique a la sociedad por qué esta bueno cobrar más y perder tiempo", manifestó el Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez. En diálogo con MDZ Radio, el funcionario de la Coalición Cívica aseguró que hoy existen herramientas tecnológicas que permiten ahorrar complicaciones a los ciudadanos.

El secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez

"Este Gobierno entiende que el Estado no sirve para nada si no está al servicio de la sociedad. Si inventa ventanillas, burocracia, trámites, pagos de estampillas y pérdidas de tiempo para los ciudadanos, se convierte en un problema", aseveró Sánchez al ser entrevistado en Cambio de Aire.

Con el objetivo de "desmalezar el Estado", el funcionario afirmó que avanzarán para "sacar todo lo que no sirva" y sostuvo que lo harán aún ante la oposición de algunos dirigentes políticos. Sucede que durante décadas los registros automotores fueron otorgados a amigos del poder cuyos padrinos políticos se oponen a los cambios que impulsa el Ejecutivo.

"Si hay algún sector de la política que le enoja esto, que le explique a la sociedad por qué está bueno cobrar más, por qué está bueno perder tiempo y hacer trámites que son innecesarios", esgrimió Sánchez.

"Por ahí era necesario cuando el trámite a distancia no existía, cuando internet no existía. Pero estamos en el año 2018 y si hay cosas que hacen la vida mas engorrosa a la gente, yo voy a estar del lado de la gente y el presidente también", advirtió.

Mendoza no ha sido la excepción a la regla y la enorme mayoría de los registros de la provincia tienen vinculaciones políticas. En San Martín un registro pertenece a la hija del ex gobernador Santiago Felipe Llaver, Margarita Llaver, y otro a  Eduardo Antonio Berrios, esposo de Teresita Llaver.

En el Gran Mendoza un registro está a nombre de la ex esposa de Eduardo Bauzá hijo, y otros dos pertenecen a ex parejas de su hermana Mariana Bauzá. Se trata del Registro Automotor de Rivadavia cuyo encargado es Gabriel Canovas y del Registro Automotor 11, a nombre de Alejandro Chizzoli.

Además el hermano de la exlegisladora provincial Alejandra Naman, Antonio Naman, es titular de un registro y también lo es la ex esposa de Carlos López Puelles, Federica Boccia de San Martín. El registro 8 tiene como titular a Elizabeth Maiale, esposa de Martín González Gaviola y concuñada del ex gobernador peronista José Octavio Bordón.

En San Rafael  registro del Automotor N°2 está a cargo de la esposa del juez de la suprema Corte Pedro Llorente. María del Carmen Zazzali y en General Alvear María Laura Casado, esposa del concejal del PRO Sebastián Martínez Barón, es la encargada del registro.

Según expresó el ex legislador nacional Gustavo Gutiérrez, desde el regreso a la democracia los registros fueron otorgados como favores políticos, pero la práctica se acentuó en la década del 90. "Con Menem, los registros automotores se repartían como caramelos", aseguró a MDZ en julio.

Paralelamente, el diputado nacional José Luis Ramón también ha iniciado gestiones para bajar la tasa del registro automotor mediante un proyecto de ley que modifica el artículo 9 de la ley 6582. "No existe un argumento válido para cobrar un precio atado al valor de un bien por la realización de un trámite que tiene la misma dificultad, tanto si el bien tiene un precio alto como bajo”, afirmó.

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