El PJ usó a la minería para salir de una de sus encerronas

La apuesta fuerte de Rodolfo Suarez para reactivar la minería y buscar modificar la ley 7722 fue capitalizada por el peronismo mendocino para poder salir de una de las encerronas políticas de los últimos tiempos: la falta de unidad y dar el debate de los temas importantes con una posición unificada.

Al menos esa es la imagen que buscaron dejar en la presentación pública de este lunes en la Legislatura, en donde, como pocas veces ocurrió recientemente, el PJ de manera unánime fijo postura acerca de cómo será su accionar en la discusión que propone el Gobierno con relación a la actividad minera y en el debate del proyecto de Presupuesto 2020 que arrancará mañana.

La dirigente que buscó generar este efecto fue Anabel Fernández Sagasti, la senadora nacional, quien consiguió aglutinar opiniones y anunciar que la oposición dará la discusión que pretende Suarez y aportará además algunos elementos a la ley que, entre otras cosas, garantizarían mejores controles ambientales a las empresas mineras y cierto poder de decisión a los municipios que no quieren que la actividad desembarque en su territorio.

El PJ sin embargo se enfrentará a una lógica de la que ni siquiera escapará el radicalismo, seguramente: a la hora de votar la ley, los legisladores actuarán de manera transversal y será muy difícil, por caso, que algún senador o diputado del Valle de Uco respalden los cambios que, claramente, son más que eso.

Lo que se busca es la derogación lisa y llana de una norma que desde 2007 viene marcando el destino de la minería en la provincia.

Dos elementos justifican esto. Primero porque se libera la utilización de prácticamente todas las sustancias que hoy están prohibidas y además se quita el filtro legislativo para la autorización final de cualquier proyecto que quiera desarrollarse en la provincia. Estos dos aspectos son la médula de la norma que rige desde hace una década y que desalentó las inversiones.

No será sencillo aplicar este cambio de época. Desde el Sur ya comenzaron a organizarse para protestar frente a la Legislatura en los días de tratamiento del proyecto y ya existen amenazas por parte de los sectores ambientalistas de que judicializarán el tema en caso de que se consiga avanzar.

Algo de sustento hay en este contraaque. Un debate de estas características y de profundo impacto social, no puede darse, como pretende Suarez, bajo un tratamiento legislativo expres sin que hayan agotado todas las instancias de discusión.

No es cierto, como esgrime el Gobierno, que las modificaciones se hayan discutido durante todo 2018. Solo durante algunas semanas de los meses de octubre y noviembre del año pasado el asunto se trató, sin que se haya logrado si quiera un despacho en comisiones del Senado.

Hubo sí un intento más profundo en la mesa de discusión minera que trabajó durante el primer tiempo de la gestión de Alfredo Cornejo. Pero, si bien se logró emitir un documento con los resultados de aquél debate, nada más se hizo luego de la salida, en aquél momento, de Enrique Vaquié del ministerio de Infraestructura en 2017.

En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo, el camino es la conversación política y la búsqueda de las alternativas, para que cada sector proponga la salida y que cada uno escuche lo que el otro tiene para decir en este tema que se agita en Mendoza desde hace más de una década.