Piden que Rodolfo Suarez reactive las rebajas de penas

Los internos de varias cárceles mendocinas quieren que el gobernador Rodolfo Suarez retome una práctica que se abandonó hace más de una década: los indultos y reducciones de penas.

Antes era costumbre que muchos presos hicieran el pedido de rebaja o conmutación de penas. El jefe del Poder Ejecutivo decidía a fin de año cuáles aceptaba y cuáles no. Así fue, por última vez, en 2007.

La Constitución provincial le da al gobernador de turno esta facultad en el inciso 5 del artículo 128. Según este inciso, el mandatario “podrá indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte sobre la oportunidad y conveniencia del indulto o conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse”.

Aunque hace mucho tiempo que este inciso no se aplica, la rebaja de pena figura entre los pedidos que están haciendo los internos mendocinos que se encuentran en huelga de hambre para que se respete el régimen progresivo de la pena.

Para Glenda Wagnest, la abogada que difunde los planteos de los internos, los indultos y reducciones de penas “se dejaron de hacer para no tener críticas sociales”. Pero la letrada considera que se deben volver a activar para mejorar la reinserción de los presos en la sociedad.

La huelga de hambre abarca en Mendoza la cárcel de Boulogne Sur, el complejo San Felipe y el presidio para mujeres de El Borbollón, en Las Heras, aunque todavía no se siente en el penal de Almafuerte.

La medida empezó, en Mendoza, el 9 de este mes, pero desde el 2 está en marcha a nivel nacional.

Wagnest asegura que se trata de un reclamo “pacífico” y que no cuestiona el trato hacia los presos dentro de las penitenciarías. Eso sí, los internos piden que la Justicia “acelere los tiempos” para que ellos puedan acceder a beneficios como las salidas transitorias y la libertad condicional.

La abogada aseguró que los procesos están atrasados y por ello algunos internos acceden al beneficio de la salida transitoria recién cuando están a punto de cumplir la totalidad de la pena. “Hay gente que la llaman a audiencia cuando está a dos meses de salir en libertad”, afirmó.

Las demoras tienen que ver, según Wagnest, con la “sobre saturación del sistema judicial”. Hoy no existe un juzgado de ejecución penal: todos los magistrados (19) están nucleados en el fuero penal colegiado. Esto quiere decir que a cualquiera de ellos puede tocarle la solicitud de un preso, aunque a la vez deban atender causas correcionales y penales, juicios abreviados y trámites vinculados a la prisión preventiva.

También lamenta Wagnest que las audiencias tengan cuatro meses de espera.

Por otro lado, se queja del siempre presente hacinamiento (habría hasta 11 internos en celdas preparadas para dos) y sostiene que en la Penitenciaria conviven aquellos que están cumpliendo penas por delitos graves con aquellos condenados a pasar solo unos meses entre rejas.