opinión

Ocho años de derechos para los que menos tienen

Una reflexión sobre la Asignación Universal por hijo desde sus comienzos y en tiempos de Macri.

Ocho años de derechos para los que menos tienen

Usualmente, en los aniversarios, hacemos un repaso por lo sucedido, lo positivo y lo negativo. El 29 de octubre se cumplieron 8 años de la implementación de la Asignación Universal por Hijo para protección social (AUH) lo que sin lugar a dudas, para millones de niños, niñas y adolescentes argentinos/as, será un motivo de celebración ya que desde hace 8 años el Estado Argentino les reconoció un derecho que antes les fue negado.

Con su implementación a través del decreto 1602/2009 se estableció un nuevo contrato social en el que se reconocen los derechos sociales y económicos de los que menos tienen, concibiéndolos como sujetos portadores de derechos y obligaciones (Contraprestaciones en salud y educación).

La Informalidad, el desempleo y la seguridad social

Los últimos datos del Indec señalan que en Mendoza hay un 34,6% de trabajo informal. En Argentina de cada 4 trabajores/as, sólo 1 es trabajador formal mientras que los otros 3 lo hacen en la informalidad. Son, en todo el país, aproximadamente, 4 millones de trabajadores/as que no cuentan con aportes jubilatorios ni acceso a la seguridad social. Este dato no es menor ya que demuestra la importancia que éste tipo de políticas tienen para las familias de los trabajadores/as desamparados del Estado. Desde su puesta en marcha, la AUH, vino a equiparar a través de Anses, la asignación familiar (que históricamente han recibido, por parte del Estado, las familias que se desempeñan en el mercado laboral formal) con la asignación universal, para los trabajadores informales y desempleados/as)

Cambios desde la asunción de Macri en la aplicación de la medida

A decir verdad, si bien la AUH sigue en vigencia desde el kirchnerismo a esta parte, si bien la fórmula que establece la actualización del monto también lo hace y si bien, se amplió la cobertura a los monotributistas quienes en el decreto de creación no estaban incluídos; la AUH quedó prácticamente aislada al interior de las políticas sociales. Si imagináramos la política social argentina como un edificio, la AUH sería, junto a la reestatización del sistema previsional, uno de los cimientos principales sobre los que se asientan el resto de las políticas sociales.

Sin el Conectar Igualdad, llamado ahora "Plan Nacional de Educación Digital" y con menor financiamiento que su antecesor, sin la eliminación de las incompatibildades que aún subsisten, pese al decreto 592/16 que las elimina, con el Plan Progresar casi en retirada (cada vez son menos los jóvenes que lo reciben) con la puesta en marcha de la CUS (Cobertura Universal de Salud) una intentona por estratificar el sistema de salud universal, la AUH queda prácticamente aislada de la idea mentora de éste tipo de políticas aplicadas en el continente, la del "Piso de protección Social" Se transforma en un edificio a medio construir, con cimientos fuertes, aunque con una destrucción de los pisos superiores que amenaza con hacer temblar las estructuras que lo sostienen.

Datos para Mendoza

De acuerdo a datos de la ANSES, en Mza son 189.648 niños, niñas y adolescentes los que reciben la AUH, representando un 4,87% del total nacional, muy lejos de 1.469.563 niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Bs As (37,71% del total nacional)

De acuerdo a la Encuesta "Condiciones de vida" del año 2016 (Dirección de estadísticas e investigaciones económicas de Mendoza) la distribución porcentual por Departamentos es la siguiente:

Datos columna

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2016.

Cabe destacar que los datos suministrados por la DEIE son en base a una muestra del total de la población y responden a una sola pregunta que sobre AUH tiene la Encuesta Condiciones de Vida, por lo que quienes responden "NO", pueden directamente no recibir ningún ingreso por cada uno de sus hijos/as, es decir, el "NO" engloba otros casos, no significa que quienes respondieron no reciban asignaciones familiares (las destinadas a los trabajadores formalizados) pueden carecer del derecho que la relación laboral debería otorgarle a sus hijos/as.

Principales desafíos

Profundizar la medida: En la coyuntura actual se vuelve imperioso que la política social brinde derechos a los ciudadanos/as que lejos de conseguir un trabajo en el mercado formal o ni siquiera conseguir un trabajo siguen engrosando las filas de los excluidos, tanto a nivel nacional como provincial.

Transparentar datos: Sabemos, por ejemplo, que los suspendidos/as a nivel nacional son 237.779, ello significa que no cumplieron con la contraprestación (no presentaron la cartilla de vacunación actualizada o el certificado de alumno/a regular de cada uno/a de sus hijos/as) No sabemos, en la actualidad, cuántos de esos casos pertenecen a nuestra provincia. Tampoco sabemos cuáles son los rangos etáreos de quiénes reciben el derecho, que si figuran para el nivel nacional.

Toda esa información se necesita para plantear políticas que atiendan la problemática de esos sectores, por ejemplo: que mejor que una política de primer empleo en Mendoza, apunte al rango etáreo entre 16 y 18 años que reciben AUH, está compuesto por jóvenes que pronto ingresarán al mercado de trabajo o que ya están en condiciones de ingresar. Lamentablemente, Anses Mendoza no nos brinda esa información, ni la de los suspendidos, ni la del rango etáreo, ni el género de los/as titulares (allí se podría plantear una política de género que empodere a las madres).

Reconocer la medida como un derecho y no como un beneficio: Esto es central, y corre por cuenta de varios/as actores involucrados, el Estado principalmente y también los receptores, quienes no deben asociarlo a un beneficio, entre todos debemos defender éste tipo de políticas si es que queremos un país que no discrimine a nuestros niños, niñas y jóvenes por la relación que sus padres, madres o tutores/as tienen con el mercado de trabajo.

                                                            Lic. Damián Fernández Cataldo

                                      Centro de Estudio de Políticas Sociales y Previsionales

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