opinión

El Ejecutivo se entromete en el Poder Judicial

"No es la primera ocasión en que el gobernador interviene públicamente sobre asuntos judiciales", sostienen desde Carta Abierta Mendoza.

El Ejecutivo se entromete en el Poder Judicial

La sospecha de que el gobierno mendocino había impulsado la causa contra miembros locales de la Tupac, en persona de Nélida Rojas y otros militantes (algunos que son sus familiares directos) fue convertida en evidencia por el gobernador, con sus declaraciones tras el dictamen de los miembros de la Cámara local.

No es la primera ocasión en que el gobernador interviene públicamente sobre asuntos judiciales. En una causa en que el Ejecutivo no es querellante lo que corresponde es el silencio, en respeto a la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, hemos asistido a una serie incontrolada de exabruptos, que muestran que el gobernador desconoce la independencia de poderes, así como elementales reglas del comportamiento jurídico y de cuidado hacia las exigencias institucionales.

El gobierno mendocino, parte de un radicalismo en retirada al convertirse en furgón de cola del macrismo, quedó en evidencia como el que ha impulsado causas judiciales de manera subrepticia. De otro modo, no se entiende la reacción airada y excesiva del gobernador de la provincia. Decir que el fallo es "guarango", marca el nivel ético e intelectual de la andanada del gobernador. Señalar que los jueces pertenecen a Justicia Legítima es simplemente falso, y en el Ejecutivo local bien lo saben: mientras por cierto, es mejor esa justicia que lo que un reconocido periodista ha llamado Justicia Ilegítima puesta al servicio del gobierno, como nacionalmente ocurre con Bonadío o Marijuan, o como es el caso obvio del jefe local de los fiscales, o la fiscal Chaves en esta causa. Y decir que estos jueces "creen en dar el debido proceso a los delincuentes", raya en el desafío a la ley: por supuesto que todos los ciudadanos tienen derecho al debido proceso aun cuando fueran culpables, pero para determinar si lo son, hay antes que aplicarles las reglas y garantías del debido proceso. De tal modo, la declaración del gobernador da vuelta los términos, y como se ha hecho en los casos Milagro Sala y Nélida Rojas, el Ejecutivo del caso se permite declarar a alguien culpable sin proceso ni condena, y luego tratarlo como tal bajo la advocación de esa declaración unilateral, sin pruebas y con cárcel.

Exigimos, en tiempos en que no se las está respetando como es debido en democracia, que las garantías constitucionales sean reconocidas y sostenidas por el Ejecutivo provincial y el nacional (que en verdad representan la misma alianza política). Y que en Mendoza cesen las abiertas y solapadas intervenciones del Ejecutivo en detrimento de la independencia del Poder Judicial, que han llegado a su máxima expresión en las lamentables declaraciones -además de neto corte electoral- realizadas tras el fallo de la Cámara sobre los militantes locales de la Tupac.-


CARTA ABIERTA/MENDOZA

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16 de diciembre de 2017 | 20:41
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16 de diciembre de 2017 | 20:41
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    Leopardo al acecho
    7 de Diciembre de 2017
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