opinión

Información pública vs abusos de poder

Información pública vs abusos de poder

El acceso a la información pública no sólo tiene su fundamento material en el principio de publicidad de los actos de gobierno, sino también en su reconocimiento expreso por la comunidad internacional como derecho humano esencial, de fundamental relevancia para el desarrollo de una vida democrática.

El pasado viernes realizamos un taller más, en la sede del Partido Intransigente, con la finalidad de enseñar a la ciudadanía la importancia que tiene el ejercicio de este derecho, ya que en el imaginario colectivo pareciera ser algo que "no es tan importante", "algo que no nos afecta directamente", y sin embargo el derecho a la información pública es un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. Su culminación está en el derecho a la participación política, a la transparencia y a la vida en un estado de derecho democrático. Es también un límite a la exclusividad o monopolización de la información por parte del Estado, los grupos de presión o los partidos políticos.

Es importante señalar que en Mendoza aún no se sanciona esta ley de vital importancia, lo cual, no nos posiciona precisamente en un lugar de privilegio. Es decir, por un lado tenemos, por ejemplo, expedientes electrónicos en la Legislatura, pero por el otro, no tenemos como ciudadanos del siglo XXI, la herramienta legal que necesitamos para evitar los abusos de poder, y controlar la corrupción.

¿Cómo exigirles a nuestros gobernantes respuestas ante manejos abusivos del poder, tal como ha sido el reciente decreto 1267/17 por el cual se presiona a los trabajadores contratados o en planta temporaria a presentar un certificado de libre deudas de impuestos provinciales actualizado o plan de pago vigente con ATM (Administración Tributaria Mendoza) ya que de lo contrario no podrán seguir en el Estado?

En principio, vamos a recordar a los firmantes de este decreto que denigra a los trabajadores, el concepto de democracia: "La democracia no sólo es una verdad en construcción. Es ante todo un "ethos", un modo de ser, también en construcción, con base en vivencias valorativas. No se puede pensar en ser demócrata cuando no se ha experimentado el valor de la solidaridad, del altruismo, de la responsabilidad social, del espíritu cívico, del respeto por los bienes comunes y, ante todo, el respeto por la persona humana" (Herrera, Daniel).

Es indignante que -por un lado se jacten de ser tan democráticos- y por el otro, pongan en marcha medidas inconstitucionales, que afectan de manera fragante la dignidad del trabajador.

Peor aún cuando el titular de la ATM, Alejandro Donati, explicó que esta decisión forma parte del "cambio cultural" que se pretende realizar en la provincia. En verdad, los primeros que deberían dar el ejemplo instando el "cambio cultural" en la provincia, son los funcionarios del Gobierno, ya que el Estado es el mayor empleador en negro de la provincia. Estos son trabajadores, que forman parte de la planta transitoria de manera irregular. Son empleados que tienen contratos que se renuevan in eternum, en contravención con las leyes laborales. "El Estado es el primer evasor del país". A partir de ahí, se acaba la discusión, y recién podremos retomarla cuando el Gobierno provincial, respete los derechos de los trabajadores.

La paradoja es que es el propio Estado el que no cumple con las leyes, y esto, se ha expresado, inclusive, en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, teniendo que pagar indemnizaciones millonarias (algo que pagamos nosotros con nuestros impuestos). En virtud de lo expresado, me pregunto dónde está el "negocio" que está realizando el Estado (Recaudación? Piensa despedir más gente?).

Hablamos de trabajadores que hacen tareas igual que un empleado en relación de dependencia, facturan como monotributista al mismo organismo, tienen un salario inferior al de quien realiza un trabajo similar, carecen de aportes a la seguridad social y no tiene aguinaldo ni vacaciones. Estas, son algunas desventajas de quienes son empleados irregulares del Estado, sin que se los admita como tales. Cuál sería la autoridad moral, para exigirle a un trabajador que se encuentra en estas condiciones, un certificado de libre deuda, que por otro lado no corresponde, según nuestra Constitución y tratados internacionales.

Es importante remarcar que esta forma de contratar, comenzó en los años 90, y de ahí no paró más. El Estado argentino, comenzó a contratar masivamente a sus empleados mediante sistemas no-laborales que permiten el despido arbitrario sin indemnización.

Como conclusión, nos parece importante que los ciudadanos, comiencen a pedir explicaciones a sus gobernantes de las medidas que afectan su dignidad, y/o alguno de sus derechos legalmente protegidos. Para ello necesitamos de la sanción inmediata de la ley de Acceso a la Información Pública, ya que estos son los medios idóneos para hacer efectivo sus legítimos reclamos.-

Opiniones (3)
21 de noviembre de 2017 | 13:07
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21 de noviembre de 2017 | 13:07
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  1. Alicia , el unico idioma que afecta a los politicos es el de los votos,ojala la gente entienda que votando a protectora no solo le da oportunidad a gente que la ha defendido en cuestiones concretas , sino que le hace sentir el rigor a los politicos tradicionales de su descuerdo.
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  2. Las actitudes y procederes de los funcionarios son la mejor propaganda electoral de Protectora y a los del gobierno actual, se los ve muy decididos a no ser la excepción.
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  3. En Mza es constante la violación de derechos. Y lo de los contratados es una forma de clientelismo politico. El gobierno debería informar claramente cuanto contratados hay, fecha en que ingresó, cargo y nombre. Pero NADA CAMBIA, los slogams son formulas de lo que la gente quiere y los politicos repiten SIN CONCRETARLO
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