opinión

La extraña perspectiva de género de una fiscal de Mendoza

La extraña perspectiva de género de una fiscal de Mendoza

El siguiente caso es uno más dentro de la bolsa que el fenómeno de la violencia de género llena día tras día, es decir, no presenta características especiales respecto de otros casos, que son, en su mayoría, evitables. Porque lo inevitable es lo accidental, lo que acontece bajo la rigurosidad de lo azaroso, el suceso incontrolable. Por el contrario, la falta de minuciosidad, de prolijidad en los procedimientos, de atención y sometimiento a lecturas complejas por parte de quienes se ocupan de prevenir, de dar soluciones y garantizar la seguridad de las víctimas -y también de los victimarios-, no son otra cosa que instancias o personas con profunda injerencia al momento de abrirle el paso a lo que luego termina por enunciarse de esa manera, como lo "inevitable". Esta nota pretende dar cuenta de cuántas instancias y cuántas personas podrían haber evitado lo inevitable, entre las que destaca algunas desprolijidades de una fiscal de Mendoza, la Sra. fiscal Mariana Pedot.

En cuanto a lo "inevitable", que se observe el siguiente caso. Un hombre que, bajo licencia laboral psiquiátrica, experimenta un estado de intoxicación causado por consumo de estupefacientes, hombre que, además, posee un arma con carnet de portación vencido y un boleto de compra señado para adquirir otra arma. Por otro lado, un par de policías que, alertados sobre una denuncia sobre violencia de género en la que este hombre parece involucrado, se aproximan al lugar del hecho. Los dos policías que conversan con el agresor, que luego deciden retirarse del lugar, sin ton ni son, sin siquiera hablar con la supuesta víctima o tomar alguna medida para garantizar la protección de ésta. El agresor que, una vez que se retiran los policías, sale en búsqueda de su mujer-víctima, a la que encuentra a unas pocas cuadras, justo en el lugar donde hacía minutos ella había solicitado un patrullero luego de haber salido corriendo de su casa junto con su hija para salvarse de una nueva golpiza de su marido. Ahora el agresor que la encuentra y que, con el arma cargada con balas de punta hueca, le apunta a su mujer y también a su hija de tres años, una nueva zafada por parte de la mujer. Por último, el tardío arresto del hombre a pocas cuadras de todo el hecho, con el arma llena de balas en el cartucho, como también en la recámara, lo que significa que se trataba de un arma lista para ser disparada.

Pero ahí no termina la cosa, sino que luego aparece la perla de la cuestión: el inicio de un procedimiento judicial en el cual la fiscal interviniente eleva al Juez de Garantías un pedido de liberación que la defensa del victimario presentó a pocos días de que éste fuera trasladado al penal de Mendoza; solicitando, además, que se le dé lugar a un juicio abreviado, medida que, para empezar a remarcar las desprolijidades en que la Sra. fiscal Pedot incurrió, queda excluida de todo caso enmarcado en la figura de violencia de género, salvo expresa conformidad de la parte denunciante y previa audiencia para que ésta manifieste qué medidas de seguridad creería convenientes para resguardar su integridad física, psicológica, moral, etc. En resumen, nunca podría haberse elevado al Juez de Garantías una solicitud de juicio abreviado, mucho menos sin antes generar las instancias para que la víctima se hiciera oír ante la fiscal.

Más que proponer respuestas -obvias, además-, prefiero algunas preguntas: ¿por qué una persona, que está bajo licencia psiquiátrica, posee un arma con carnet vencido? ¿Por qué a estas alturas no existe un registro digital, por ejemplo, capaz de actualizar a las autoridades pertinentes sobre los carnet caducos, de manera que éstos notifiquen al portador del arma sobre su situación o bien, de oficio, se lancen a confiscar el arma hasta tanto no se revierta la caducidad del carnet? ¿Por qué dos policías llegan hasta un lugar y se van como si nada; acaso no advirtieron el estado del agresor, acaso no hubiesen resguardado no sólo la integridad de la víctima sino también la del victimario procediendo de otra manera? ¿Por qué una fiscal eleva un pedido de juicio abreviado, sin ajustarse a las medidas e instancias establecidas por los distintos protocolos y/o convenciones? ¿Por qué -y esto es mucho más grave- una fiscal resuelve quitar del marco de violencia de género un caso que presenta todas las características típicas en casos de violencia de género? ¿Por qué, y con qué condiciones, la fiscal Pedot pensó en liberar a una persona que fue diagnosticada por el cuerpo psiquiátrico oficial como peligrosa para terceros y para sí mismo?

¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad?

La inseguridad es un fenómeno que no se agota en la cantidad de robos, asesinatos, golpizas, etc., sino que alcanza dimensiones mucho más amplias y complejas. Por ejemplo, ¿tenemos seguridad de que este o aquel trámite que iniciamos allá en una oficina llegará a tiempo y a buen puerto? ¿Tenemos la seguridad de que seremos atendidos a tiempo y con debida calidad en un centro de salud u hospital público? ¿Tenemos seguridad de que aquel pozo que nos destrozó el tren delantero o reventó una cubierta ya fue arreglado? ¿Contamos con la seguridad de que las víctimas de violencia realmente dejarán de serlo una vez que el Estado haya intervenido? ¿Y las cárceles... tenemos la seguridad de que funcionan tal cual lo estipula la Constitución Nacional, es decir, como centros de rehabilitación y no de castigo? Se me ocurren otras, pero infiero que los lectores sabrán arreglárselas para completar la lista.

Esta nota de opinión no aspira a conquistar una terminología o conocimiento profundo del aparato de la justicia, de su óptimo modo de funcionamiento, o los fundamentos sólidos para evidenciar la negligencia de algunos funcionarios o instrumentos del Estado; nada de eso, pero sí intenta ponerse un poco la camiseta del sentido común (incluso con lo peligroso que puede ser éste en ciertos temas o casos). Supongo que todos somos, más o menos, conscientes, de que el Poder Judicial experimenta hace rato un desborde de casos y expedientes, lo que conlleva a que éstos terminen por tratarse de formas automáticas, sin dar tantas miras a detalles; el resultado: una serie de inseguridades, no sólo para las víctimas y familiares de éstas, sino también para los victimarios y sus respectivas familias. Con lo cual las alternativas son pocas, porque cuando se es víctima de cualquier injusticia, ya sea administrativa, discriminatoria, judicial, etc., no queda más que acudir a los entes pertinentes para solicitar soluciones, pero cuando no se tiene seguridad sobre éstos -al fin y al cabo la seguridad también es una sensación más que, a veces, un dato duro-, entonces cómo se actúa. Desde el vamos, esta última pregunta descarta la justicia por mano propia, pero no la sensación de impotencia y desamparo.

La violencia de género es un fenómeno que trasciende estratos sociales, condiciones culturales y económicas, pasa por alto la religiones o cultos que ejercen quienes de un momento a otro, o de manera paulatina -da igual-, comienzan a personificarla. Tratados y convenciones internacionales vienen poniendo en agenda este fenómeno y ofreciendo protocolos de actuación y de abordaje, los cuales deben ser ratificados por los países participantes. En este sentido, Argentina ratificó lo resuelto en la Convención do Belem do Pará, realizada en 1994, en la cual se establecieron y discriminaron los actos físicos y simbólicos que perpetran la violencia hacia la mujer. Entre sus puntos, se estableció que en los casos de violencia de género el juicio abreviado no puede ser admitido sin antes puntuar las garantías y condiciones que mantengan a salvo a la víctima del caso en cuestión. Por eso esta denuncia, porque, al fin y al cabo, la única seguridad que del caso más arriba detallado se desprende es que la fiscal a cargo no está actualizada o, peor aún, hace caso omiso a lo establecido por la Convención do Belem do Pará. El porqué de esto yo no lo entiendo, y tampoco me interesa hacer acusaciones de mala voluntad. Pero funcionarios como esta fiscal, o jueces, o médicos, o policías, son los responsables indirectos de que casos de violencia de género -y otros casos también, por supuesto- terminen efectuándose por hacer oídos sordos, por pasar por alto nuevas perspectivas, jurisprudencias, entre otros factores.

El caso que viene a nota no tiene forma de terminar con un final feliz: una pareja destrozada, una persona violentada, una hija traumada, un sujeto preso rodeado de otros presos (caldo de odio y misoginia) que podría haber sido atendido a tiempo y rescatado de su impulso violento. Por lo menos quien escribe no está a favor del cautiverio, del aislamiento que resulta de los presidios; pero sí está convencido de que es un caso, como tantos otros, que podría haberse evitado, incluso allá lejos en el tiempo, cuando un primer psiquiatra atendió al agresor en cuestión y no determinó su debido seguimiento y monitoreo. Y aunque cueste decirlo, lo arriesgo: el agresor no es un diablo, es una persona producto de la sociedad violenta y viciada que protagoniza el mundo actualmente, y mi deseo, como el de mis cercanos -aun el de su exmujer- no es que siga preso, sino que sea tratado con su debido respeto y compromiso, con la minuciosidad que demandan estos casos.

Ahora no queda más que esperar, confiar en el buen funcionamiento del sistema, ¡vaya imprudencia, pero no queda otra!... y desear, en lo más profundo, que tanto víctima como victimario alcancen una vida tranquila, un poquito más llena de amor, de equilibrio, de seguridad, y que todo esto no termine en ese fatal y tristísimo «inevitable» acontecimiento.



Opiniones (5)
18 de noviembre de 2017 | 02:45
6
ERROR
18 de noviembre de 2017 | 02:45
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. En esto se lee tanto en la nota como en los comentarios, demasiado derecho y ninguna obligación. Porque la verdad, es que el ladrón roba porque no quiere trabajar....¿alguien se preguntó si es verdad la denuncia y cuanto es creíble en la denuncia? Como siempre tiene la culpa el que recibe el golpe, aunque sea entre hombres, pero nadie pregunta qué hizo para merecerlo.- Nadie se sale de casillas, por gusto.- Como en física, para una reacción, debió haber una acción previa. ¿O no?.-
    5
  2. Gato_ Garfield, no hay necesidad de gritar(por tu comentario en mayúscula), pero lamentablemente, el cargo de la fiscal, cómo bien decís, es actuar conforme al derecho ,en su caso, para defender y garantizar la protección de las víctimas de violencia de género...que sea buena o mala persona a nadie le incumbe, eso es tu apreciación personal y privada. Te corrijo en nombre de la población, ya que la sociedad y más aún, las víctimas, sí podemos juzgarla e incluso denunciarla ante su procurador, cómo se ha hecho. Paso a detallar: Primero, por no escuchar a las víctimas y no informar sobre lo que va decidiendo y por ende, aconteciendo con el acusado. Segundo, por minimizar declaraciones formales de hechos muy violentos que hace la víctima y que da lugar a otra perspectiva sobre los hechos realmente ocurridos y, Tercero, por no tener, supuestamente, conocimiento de pactos legales (Convención do Belem do Pará) que garantizan la protección de las víctimas Así que, tengo que decirte que en este momento es más profesional ser autocrítico/a qué emotivo y pacional...
    4
  3. CONOZCO A LA FISCAL PEDOT ES UNA EXCELENTE PERSONA Y SIEMPRE ACTUA CONFORME A DERECHO. LOS QUE NO LA CONOCEN NO LA PUEDEN JUZGAR.
    3
  4. Lo que ocurre es que la fiscal Pedot responde a l ala garantista del Dr Palermo. Trabajaba con él en federales. Sin capacitación para estar a cargo de una fiscalía, menos de violencia de género.
    2
  5. No se entiende que nadie haya protegido a la mujer de un sujeto armado
    1
En Imágenes
Lluvias torrenciales en Grecia
16 de Noviembre de 2017
Lluvias torrenciales en Grecia