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Teorema: Por qué la justicia que tarda no es justicia

Teorema: Por qué la justicia que tarda no es justicia

Teorema: La efectividad de la sentencia es inversamente proporcional al tiempo transcurrido entre el hecho delictuoso y el momento que se dicta y produce efectos.

El ejemplo más patético que demuestra la verdad de lo afirmado es el de un ex Presidente que en el año 2013, transcurrido 18 años desde el hecho base de la denuncia, fue condenado por un Tribunal de Sentencia a 7 años de prisión, por contrabando de armas agravado durante su gobierno. Dicha sentencia fue recurrida y recién en junio de 2017 fue confirmada por la Cámara de Casación Penal o sea más de 20 años después del hecho. Esta sentencia a su vez, ha sido o va a ser recurrida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por la cual algunos especialistas afirman que no está firme, por lo que el mencionado ex Presidente estaría habilitado para ser candidato nuevamente a Senador Nacional y si es electo por 6 años tendrá inmunidad de arresto o de pérdida de su libertad, que es lo único que le interesa porque por su edad y su actual estado de salud ni siquiera puede hacer campaña. Si a los años transcurridos le sumamos el tiempo que la Corte se va a tomar para dictar sentencia podemos preguntarnos si esto es Justicia o un papelón institucional.

Lo expuesto es solo un ejemplo para demostrar la precisión de nuestro "teorema" pero lo importante es, a mi criterio, proponer algunas soluciones para resolver estos problemas y es lo que paso a exponer. Se han propuesto algunas medidas, entre las cuales la oralidad de los procesos y el juzgamiento de los delitos "en fragancia" han sido muy útiles y eficientes. Se propone también la fijación de un término máximo de duración de los procesos que no podrían exceder los dos años y también se piensa en la limitación de los "recursos o apelaciones" y que la mayoría de estos sean resueltos por el Tribunal de Apelación después de dictada la primera sentencia, lo que evitaría las llamadas "chicanas dilatorias". Por supuesto que se trata de temas opinables y que deben ser estudiados con mucha prudencia porque está en juego la Garantía de "defensa en juicio" o del "debido proceso" garantizado por la Constitución Nacional.

Pero de lo que hoy quiero ocuparme, aunque sea brevemente, es del momento en que la sentencia condenatoria puede surtir efectos. ¿Es suficiente con dos fallos, primero el del Tribunal de Sentencia y segundo el de la Cámara de Apelación?, ¿O es necesario esperar a un tercer fallo, que en este caso sería el de la Corte Suprema de la Nación?

La doble instancia o el derecho al "doble conforme" es la garantía de que no se ejecute la pena impuesta en la primera sentencia antes que otro Tribunal examine íntegramente el fallo condenatorio del primero, a pedido del imputado. Así lo interpretó nuestra Corte en el denominado Caso Casal. Esta garantía está establecida en el Artículo 8 de la Convención Interamericana de DDHH. El Estado argentino al haber ratificado dicha Convención se comprometió a eso y la reforma de la Constitución de 1994 le dio a este Tratado jerarquía Constitucional, lo que es muy importante ya que la Constitución de 1853 no consagraba esta garantía. Ahora bien, analizando el texto de la Convención, la misma habla del derecho a recurrir el fallo ante EL JUEZ O TRIBUNAL SUPERIOR (Art.8). A su vez el Pacto de derechos civiles también ratificado y parte de nuestra Constitución establece que "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio ...sea sometido a UN TRIBUNAL SUPERIOR.

Cuando la Convención Interamericana habla textualmente del derecho de recurrir el fallo ante EL JUEZ O TRIBUNAL SUPERIOR y el Pacto de derechos civiles habla de que el fallo sea revisado por UN TRIBUNAL están hablando en singular y no en plural. "El tribunal superior" y "un tribunal superior" no dejan lugar a dudas. La garantía del "doble conforme" se agota en la segunda instancia y el Congreso de la Nación, de acuerdo al Art. 117 de nuestra Constitución Nacional puede perfectamente dictar una ley que así lo establezca y terminar con las dudas e interpretaciones. Esto es lo que proponemos para que la garantía del "doble conforme" no se transforme en un "triple conforme" y así un fallo como el ejemplificado al principio de esta nota no dure 20 años o más.

Leopoldo Orquín

Exministro de Justicia y Seguridad de Mendoza

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