opinión

Posición de la CGT sobre la Oficina de Conciliación Laboral

Posición de la CGT sobre la Oficina de Conciliación Laboral

 El día 13 de Junio del año 2017, la Legislatura Provincial dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que busca crear la Oficina de Conciliación Obligatoria de los Conflictos Laborales, en sintonía con la Filosofía y Objetivos regresivos en materia de Derechos Laborales que viene pregonando el Gobierno Nacional.

Antes de ahora y en relación a la competencia que tiene que ver con la Materia Laboral, la Corte de la Nación ya se ha expedido sobre el particular y a entendido tanto en "Castillo C/ Ceramica Alberdi S.A." y en Aquino. lsacio v. Cargo Servicios Eficientes SA P/ Accidente". ... atento a las especiales características de los trabajadores, la normativa atiende a su protección debería conferir al principio alterun non laedere toda la amplitud que éste amerita, en lugar de restringirlo. Entiende asimismo que el sistema atenta contra la dignidad del trabajador, en cuanto sólo se lo considera como un factor de producción, olvidando que el hombre es el fin de todo sistema, y no un medio para éste. Por último, sostiene que viola el principio constitucional de la justicia social, toda vez que se permite la eximición de la responsabilidad del empleador causante de daño, y que es justamente quien ha violado la manda constitucional de no dañar. Es decir, se le otorga un privilegio legal justamente a quien debería reprochársele su actitud antijurídica. Violación del principio de igualdad - discriminación (art. 16, CN): Si bien este argumento es más explotado por la sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo, más precisamente en el voto del Dr. Capón Filas, la Corte sólo lo sustenta implícitamente. No encuentra justificativo razonable para apartar del régimen general de reparación de daños a los trabajadores y establecerles un régimen que, por otro lado, es más lesivo a sus derechos a obtener una reparación justa.

"El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental" ("Campodónico de Beviacqua v. Ministerio de Salud y Acción Social" Ver Texto, Fallos 323:3229, 3239, consid. 15 y su cita). En segundo término, el referente a que el "trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, [...] normativamente comprendidos en la Constitución Nacional... Y ello sustenta la obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes respectivas, a la preservación de quienes los prestan" ("S.A. de Seguros `El Comercio de Córdoba' v. Trust" Fallos 258:315 V, 321, consid. 10 y sus citas; en igual sentido, Fallos 304:415 Ver Texto, 421, consid. 7). El Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20744 [8]) se inscribe en esta perspectiva, cuando preceptúa que el "contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico..." (art. 4 Ver Texto). En breve, como fue expresado hace varios siglos, no es la mano la que trabaja, sino el hombre mediante la mano: homo per manum.

En efecto, es manifiesto que el art. 14 bis Ver Texto CN. no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes", y al precisar que éstas "asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor", la reforma constitucional de 1957 se erige en una suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden constitucional, por haber enriquecido el bagaje humanista del texto de 1853-1860 con los renovadores impulsos del constitucionalismo social desplegados, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX. Impulsos estos percibidos por la Corte en temprana hora (1938), cuando juzgó válidas diversas reglamentaciones tutelares de la relación de trabajo con base en que el legislador argentino, mediante ellas, no hacía otra cosa que seguir "el ritmo universal de la justicia" (Fallos 181:209 Ver Texto, 213). Ritmo que, a su turno, la reforma de 1957 tradujo en deberes "inexcusables" del Congreso a fin de "asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables" (Fallos 252:158 Ver Texto, 161 [13], consid. 3). La "excepcional significación, dentro de las relaciones económico-sociales existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo" que a las materias sobre las que versó el art. 14 bis Ver Texto "se les destinara la parte más relevante de una reforma constitucional" (íd., p. 163, consid. 7 y sus citas). Para el constituyente que la elaboró y sancionó, la citada norma entrañaba, en palabras del miembro informante de la Comisión Redactora, convencional Lavalle, una aspiración "a derrotar [...] al `hombre tuerca' [...] y soliviantar al `hombre criatura' que, agrupado en su pueblo, en el estilo de la libertad y en nombre de su humana condición, realiza, soñador y doliente, agredido y esperanzado, con perspectiva de eternidad, su quehacer perecedero" ("Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente", año 1957, Ed. Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II, p. 1061).

Lo expuesto no solo es un decálogo de expresiones dogmaticas, sino que tienen una incidencia práctica que no deben soslayarse, al "pretender" el Gobierno Provincial mediante el dictado de la norma que hoy se pone en crisis, cercenar en forma regresiva Derechos Fundamentales que el Propio Gobierno Nacional suscribió a Nivel Internacional y que mediante instrumentos absolutamente Inconstitucionales, trata de legalizar ocultando su verdadero fin.

Es que debe Recordarse no solo la Jurisprudencia Unánime de la Corte Interamericana de Derechos humanos, la cual ha entendido que... la protección procesal del individuo ocupa un lugar protagónico. Los derechos procesales permiten hacer efectivos los derechos sustanciales reconocidos por los instrumentos de derechos humanos, siendo considerados en ciertos sistemas de protección como verdaderos derechos sustanciales debido a que su violación implicaría una violación per se de derechos fundamentales, sino su propio articulado, del cual se desprende que:

"8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en las sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones en orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

La especificidad de la Materia Laboral, los principios propios y particulares que la sustentan, requieren de una Magistratura Idónea, Versada en la Materia, Especial, Independiente, Objetiva, con un Código Procesal Específico, que dirima las cuestiones que se sucintan entre un Empleador y un Trabajador/ra en relación de Dependencia.

Con este proyecto de ley se pretende impedir a los trabajadores el acceso directo a la Justicia, y a los Jueces Naturales designados por ley antes del hecho de la causa, y se los quiere someter a un procedimiento especial, que no está regulado en el Código Procesal Laboral y que está fuera del ámbito del Poder Judicial, que es el único de los tres poderes que puede administrar justicia. Y en el que, para colmo, se lo obliga a negociar en un pie de igualdad con su empleador desconociendo los Principios de hiposuficiencia y Protectorio que dieron origen al Derecho del Trabajo. Se pretende obligar a los trabajadores que han sido despedidos, sin dinero, con necesidades básicas insatisfechas y acuciados por los compromisos que quedaron sin pagar al verse privados abruptamente de su salario, a pasar por un proceso previo de negociaciones en las que se verá compelido a ceder buena parte de sus derechos si es que quiere o necesita llegar a una conciliación.

Lo que se pretende por esta Ley es Inconstitucional en primer lugar porque afecta el Principio Republicano de la División de Poderes, pues se otorgan Funciones Jurisdiccionales y/o de Dirimir Conflictos, que son propias y exclusivas del Poder Judicial, a un Organismo dependiente del Poder Ejecutivo Provincial como es la Subsecretaría de Trabajo y Previsión de la Provincia. Además se le otorgan al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias al concederle la suma del Poder Público, al concentrar en él las facultades Legislativas, Administrativas y Judiciales. Funciones Jurisdiccionales en las que, además, le está vedado intervenir a todo Poder Ejecutivo- ya sea Nacional ó Provincial- por disposición expresa del artículo 29 de la Constitución Nacional, que considera cometen el delito infamante de Traición a la Patria a quienes formulen, consientan o firmen tales concesiones.

Y es bueno recordar la letra del art 29 de la CN: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria."

Esta Delegación de funciones propias del Poder Judicial al Poder Ejecutivo ú organismo dependiente de él NO PUEDE HACERSE POR LA LEGISLATURA NI POR NINGUNO DE LOS PODERES CONSTITUIDOS, PUES ES SÓLO PROPIA DEL PODER CONSTITUYENTE. La misma Constitución de la provincia lo prescribe en el art. 12 y dice: El gobierno de la Provincia será dividido en tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de éstos podrá arrogarse, bajo pena de nulidad, facultades que no le estén deferidas por esta Constitución, ni delegar las que le correspondan.

Esta situación encierra una gravedad institucional tal, que entendemos imposible de superar pues le está vedado a la Legislatura alterar el Sistema Republicano de Gobierno, base de nuestro sistema de Derecho. Y sólo podría hacerse mediante el procedimiento previsto para la reforma de la Constitución y por una Convención Constituyente que modifique la Constitución Provincial, y hasta a la Constitución Nacional a la que se sujeta según el art 1º.

Es inconstitucional, además, porque se pretende impedir a los trabajadores el acceso directo a la Justicia, afectando las Garantías de la Defensa en Juicio y del Debido Proceso Legal establecidas por el art 18 de la Constitución Nacional.

Es inconstitucional porque al establecer como "obligatorio y previo" un Proceso Conciliatorio en sede Administrativa que hasta hoy es facultativo y a opción del trabajador, afecta el Principio de Libertad consagrado por el art 19 de la Constitución Nacional y art. 8 de la Constitución mendocina. Principio que está incorporado en nuestro sistema de Derecho. NO HAY LIBERTAD SI NO HAY OPCION O LA POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE UN PROCEDIMIENTO U OTRO.

La conciliación, como un medio alternativo de solución de conflictos, NUNCA PUEDE SER OBLIGATORIA. Lo que es obligatorio en nuestro sistema de Derecho es que quien requiere justicia debe reclamarla por ante Juez competente y mediante los procedimientos establecidos por ley.

Y es también Inconstitucional porque viola abiertamente lo dispuesto por el art 14 bis de la Constitución Nacional, en el que expresamente se establece que "El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes...". Y rompe con toda una tradición Jurídica propia de nuestro Estado de Derecho que ha contemplado al Derecho del Trabajo como una Materia Especial y ha creado todo un Fuero Especial, que se rige por los Principios que lo informan. El principal de ellos el Principio Protectorio y, además, Principios como el de Irrenunciabilidad de los Derechos del trabajador, el In Dubio Pro Operario, el de la Justicia Social y más actualmente y por vigencia de los tratados Internacionales el de No Regresión o también llamado Principio de Progresividad.

Es también inconstitucional por discriminatorio. Sólo a los trabajadores se les impide el acceso directo a la justicia. Y precisamente a ellos que tienen un derecho especial y protectorio, y hasta un fuero especial. De modo que se viola otro principio Constitucional, el de la igualdad que consagra el Art. 16 de la C.N. porque exige justamente a los trabajadores requisitos previos al acceso a la justicia que no exige a ningún ciudadano común, que ante una contingencia o daño que sufra, por ejemplo una lesión en vía pública, un accidente de tránsito, etc. puede recurrir directamente a la justicia para reclamar su derecho. El mismo principio lo consagra la Constitución de Mendoza en el Art. 7.

Y es también inconstitucional porque se está conculcando a los trabajadores los derechos establecidos por el Derecho de Fondo mediante el dictado de normas de procedimiento.

Por último, no se advierte las "ventajas" que pudiere generar la implementación de una instancia administrativa obligatoria de conciliación; por el contrario, entendemos que indudablemente su dudosa constitucionalidad generará más incertidumbre y litigiosidad.

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