opinión

Seguridad y rendición de cuentas

Seguridad y rendición de cuentas

Muchas veces nos preguntamos bajo qué criterio se toman las decisiones que involucran la protección de la vida y la propiedad de los habitantes, y aquellas que tienen que ver con las garantías de los derechos resguardados por la Constitución Nacional y los pactos internacionales. En no pocas ocasiones se advirtió que era imposible pensar en trazar políticas públicas de seguridad sin previamente contar con la información de lo que ocurría en las calles: ¿cuántos delitos?, ¿qué delitos? ¿Cuáles son las víctimas y las características de los victimarios? y otras tantas preguntas nunca respondidas. En este sentido, la realización, y especialmente la publicación de la Encuesta de Victimización, realizada por el Gobierno de Mendoza, no es un dato menor después de trascurridos muchos años en que esta clase de trabajos no se realizara. ¿Cómo podíamos esperar la eficiencia del sistema de seguridad si hasta hoy se desconocía la magnitud y características del fenómeno que mayor preocupación provoca en la sociedad?

La Encuesta de Victimización no soluciona el problema de la inseguridad per se. Es una herramienta más a ser utilizada para varias cometidos. Uno de ellos, y quizás el de mayor impacto y visibilidad, es la utilización de la información obtenida en el despliegue operacional de la policía en el terreno. Los datos extraídos de la encuesta, trabajados en forma conjunta con los datos duros que arrojan las estadísticas criminales permiten al decisor de las políticas públicas de seguridad la construcción de un "mapa del delito" (prometido por un ex gobernador) que permiten una utilización más eficiente de los recursos que el estado destina a la seguridad pública, como así también, iniciar un proceso de medición de la calidad del servicio que en la materia brinda la totalidad del Sistema de Seguridad.

La información obtenida en la encuesta contrastada correctamente con los registros de denuncias, ofrece un claro mapa de cómo se desarrolla el delito en una determinada jurisdicción: qué delitos se comenten, en qué horarios, características del lugar, de las víctimas y victimarios. La imagen de la policía en la zona y la forma en que ésta se relaciona con la comunidad y mucha más información de gran importancia. Diseñar la prevención en base a la información y conocimiento del delito implica repensar el rol de las comisarías (y otras dependencias policiales), como así también su organización y funciones; cantidad y ubicación en la geografía provincial.

Asimismo, la información de la que se dispone permite también empezar con un proceso de "rendición de cuentas" de todos los actores que integran el Sistema de Seguridad. A partir de los datos publicados - que se irán profundizando a medida de que se vayan conociendo las series de encuestas que periódicamente se realizarán - hoy solo un funcionario está rindiendo cuentas sobre los resultados de la situación de la seguridad en la provincia: el Ministro de Seguridad, aspecto que merece ser destacado como muy positivo, pues hasta ahora solo se conocían relatos y justificaciones generalizadas sobre el problema. Hoy hay alguien que se animó a rendir cuentas ante los ciudadanos, pero el Ministro no puede ni debe ser el único.

Los comisarios, responsables de la prevención en la jurisdicción, también deben rendir cuentas sobre la calidad del servicio público que están prestando y sus posibilidades de ascensos en su carrera deben indefectiblemente estar vinculados con los resultados que se obtienen tanto en las encuestas de victimización como en las estadísticas criminológicas. Ellos son los responsables del despliegue operativo y de la distribución de los recursos con los que está dotada la comisaría, y hoy no existen para estos funcionarios motivos importantes que liguen su desarrollo profesional (ascensos) con la situación de la seguridad en la zona que es de su responsabilidad. Es más, actualmente lo peor que le puede pasar a un comisario en relación a su desempeño es su traslado a otra dependencia. El comisario debería rendir cuentas, ante sus superiores (jefes policiales y autoridades políticas) y ante la ciudadanía a la que él se comprometió proteger.

Siguiendo con esta misma línea conceptual, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (los Fiscales) también son actores responsables de la seguridad pública y como tales deben rendir cuentas a la ciudadanía. En este caso, y con la responsabilidad compartida con los jefes de la policía en función judicial, deben rendir cuentas por cada uno de los hechos que quedan impunes. Impunidad que favorece el delito. Como lo deja ver la Encuesta de Victimización, el 63% de los delitos no son denunciados, y lo cierto es que poca motivación puede tener un ciudadano para denunciar un delito que de antemano sabe que sus bienes no serán recuperados y que sus victimarios no serán detenidos, y si por alguna excepción de las que hoy experimenta el Poder Judicial son detenidos, existen muy escasas posibilidades de que reciban una condena, y si estos fueran condenados es muy baja la posibilidad de que tengan que cumplir la pena. Menos del 1% de los delitos cometidos termina con los autores detenidos.

En este punto en el que hablamos de la rendición de cuentas de los funcionarios del Poder Judicial es necesario hacer una separación de responsabilidades. Se suele señalar a los Jueces de Garantías como los responsables de la impunidad. Pero esto es un error, no son estos jueces los responsables de que el autor de un delito termine con condena, ni tampoco es su trabajo la defensa del imputado. Los jueces de garantías, son responsables, y como tales deben rendir cuentas de que se cumplan las garantías reconocidas por la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales y las leyes penales. En este caso, estos funcionarios deben explicar al resto de la ciudadanía cada violación de un derecho al que ha sido sometido un ciudadano, sin importar si es culpable o inocente. Esto resulta evidente tan pronto como se admite que la absolución del inocente no es un interés público menor que la condena de un culpable. Es el Estado quien ostenta el monopolio de la fuerza pública legítima, y esta es muy peligrosa, pues cuando se abusa de ella es probable que el buen propósito original se pierda de vista antes de terminar con la inseguridad.

Por último, los jefes del sistema penitenciario también tienen que rendir cuentas. Tienen a su cargo la custodia de las personas que el Estado ha privado de su libertad, y como tales, son responsables de cada vida que se pierde en la cárcel. Soy consciente de que hay muchos ciudadanos que poco les importa la vida de quienes tienen condena de privación de libertad, pero los jueces de Ejecución Penal y los Jefes Penitenciarios no deben preocuparse de lo que opinan muchos, sino de garantizar de que quienes en algún momento ingresan al sistema salgan con vida de él. Pero también son responsables de que quienes salgan no reincidan, lo que significa también hacer prevención. Hoy el índice de reincidencia en el Sistema Penitenciario Argentino supera el 70%. En este punto también son responsables en la medida en que reciben una persona para su reinserción social durante varios años. Salen en muchos casos peor, lo que demuestra que su función en la mayoría de los casos no se cumple, y deberían "rendir cuentas" por esto.

He tratado de ser breve en una pequeña ilustración de la importancia que tiene contar con la información que se desprende de la Encuesta de Victimización publicada recientemente en la Provincia. Bien utilizada y contrastada con las estadísticas criminológicas pueden lograr un salto cualitativo y un verdadero cambio de paradigma en la manera de hacer prevención. Es el momento de repensar la seguridad.

Alejandro Salomón. Lic. en Ciencias Políticas. Diplomado en Control Policial en la Universidad de Chile. Director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Profesor Titular de Sistema de Seguridad Comparado (IUSP). Exrector del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Asesor del Congreso de la Nación en la Comisión Bicameral de Control de lo Organismos de Seguridad. Ex Director Académico del IUSP. Ex Subsecretario de Seguridad de Mendoza.

Opiniones (1)
24 de noviembre de 2017 | 08:20
2
ERROR
24 de noviembre de 2017 | 08:20
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. El comentario de esta mañana nunca lo subieron parece que hay que ser a fin al pensamiento político del diario para poder opinar gracias
    1
En Imágenes
Grammy Latinos 2017
18 de Noviembre de 2017
Grammy Latinos 2017
Lluvias torrenciales en Grecia
16 de Noviembre de 2017
Lluvias torrenciales en Grecia