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Domicilio para pobres y la política líquida

No es exagerado comparar la dimensión de esta medida con la primera medida que logró el gobierno, que fue el acuerdo con los bonistas Griesa.

Domicilio para pobres y la política líquida

Tan escurridiza es la política que el gobierno no tiene formato para articular ante el público una de las medidas más importantes de todas las que haya tomado desde que asumió. Se trata del reconocimiento de identidad territorial que abre el decreto que crea el Registro Nacional de Barrio Populares

En la letra tiene como "función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016". En los hechos, extiende a las más de 800 mil familias que habitan en más de 4000 villas y asentamientos una credencial de identidad ligada al arraigo más profundo del individuo, que es la tierra. No es exagerado comparar la dimensión de esta medida con la primera medida que logró el gobierno, que fue el acuerdo con los bonistas Griesa. Este decreto es un acuerdo con los otros acreedores, los sin tierra a quienes todos los partidos políticos le prometieron en un destino mejor en un país donde sobra la tierra, pero abundan también los desposeídos. El oficialismo dirá que para este acuerdo con los pobres de la tierra era necesario aquel otro con los buitres. Que responda la academia, que da para todo.

Como aquel pacto "buitre" - que tiene toda la carga canalla de la deuda que implica a futuro -, se logró también después de una negociación de política fina, que es la condición para que se mueva algo ese Ogro Filantrópico (Octavio Paz) que es el estado argentino. En aquella oportunidad la negociación de la ley fue posible por el cumplimiento de un acuerdo entre el gobierno y la oposición peronista, en cabeza de su referente más notables, el supérstite Miguel Pichetto. Incluyó, desde ya, concesiones a las provincias para que soltasen los votos en el Congreso a cambio de fondos.

En esta oportunidad Cambiemos - una formación a la que sus adversarios señalan como derechosa y neoliberal - se salta las vallas que ni el peronismo pudo superar para un acuerdo social que si prospera tiene consecuencias imprevisibles hacia futuro: profundiza el debate sobre el reparto de la renta, la propiedad privada, el acceso a los derechos humanos y los servicios esenciales. Corre el riesgo de convertirse en botín electoral. El gobierno pone a examen sus intenciones si saca esta medida del menú proselitista.

El gobierno a través de los ministerios de Desarrollo Social, Interior y la oficina de Mario Quintana - que es el Rafael Follonier de este gobierno, el negociador con los rebeldes de la calle - proveyeron los medios para hacer el relevamiento de las familias afectadas, que hasta ahora ha aportado datos sobre la mitad del total los beneficiarios. El trabajo identificó 4100 barrios populares que tienen una extensión total, sumados, de 395,15 km2 y en donde viven 804.053 familias. Eso es producto de relevamientos en planillas con voluntarios territoriales, que se cruzaron un programa informático satelital. Eso permite tener datos sobre extensiones de lotes, calles, pasillos y corredores en los asentamientos que facilitan los proyectos de provisión de los servicios. La falta de esos datos ha sido hasta ahora el pretexto de muchos municipios para demorar proyectos de desarrollo. El estudio hizo una encuesta que abarca a cerca de 300 mil vecinos, en donde la mayoría son desempleados.

La organización Caritas administró el aporte clerical a la iniciativa. Su presidente es el arzobispo Oscar Ojea es el principal referente personal hoy del papa Francisco en la Argentina y hay ya movimientos internos para elegirlo como presidente de la Conferencia Episcopal, que renueva autoridades en noviembre próximo.

El certificado de domicilio que extenderá el Anses a los habitantes que han censado los responsables de este programa les permitirá a los habitantes de villas y asentamientos la vinculación a los servicios públicos, a la inscripción en escuelas, radicar cuentas bancarias, la atención en hospitales públicos, perfeccionar el acceso al blanqueo laboral y al microcrédito, inscribir cuentas en empresas de cable, etc. También generará más seguridad en la propiedad precaria de lotes en esas poblaciones. La usurpación en las villas de lotes ya ocupados, por parte de los capos mafias locales y los transas, el afectado no puede certificar ante ninguna autoridad que esa era su casa. Ahora podrá hacerlo.

La medida se basa sobre la misma idea que fundamento el programa de Economía Popular que sancionó el Congreso el año pasado y que prevé volcar de cerca de $ 30.000 millones para la promoción de empleos más seguros en los próximos 3 años. Asume un concepto nuevo que aporta el debate internacional sobre la exclusión: los millones de desempleados que quedan fuera del sistema de la economía formal en todo el mundo no son víctimas de un error del sistema que pueda remediar la dinámica de la economía. Se trata de una exclusión sistémica para la cual el capitalismo, que es el mecanismo más eficaz para generar riqueza, debe encontrar una solución que no sea el subsidio ni el bolsón de comida.

Esta percepción la lleva adelante el papa Francisco, que organizó el año pasado una cumbre mundial sobre Economía Popular a la que asistieron delegados de la Argentina, algunos comprometidos con este programa como Juan Grabois, titular del CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) y que sido el principal promotor desde el sector privado del decreto 358/2017. Otro asistente aquel congreso en el Vaticano fue el presidente del bloque de diputados del Pro, Nicolás Massot. Grabois se fue hoy a Brasil a presentar la iniciativa en un congreso internacional sobre economía popular, el XVII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional que se hará en la universidad de San Pablo. Tiene prevista, de paso, una entrevista con Lula da Silva.

Ese envión papal facilitó la sanción de la ley 27345 de Emergencia Social. El gobierno se apropió del mismo concepto para hacer avanzar proyectos como éste del domicilio para los habitantes informales de villas y asentamientos. Es un experimento que navegó sin luces durante varios meses y que tiene una audacia inusual en los políticos. Intenta superar recetas fracasadas en el abordaje del problema, y como la erradicación de villas o la gentrificación (tirarles encima a los pobres el peso del mercado inmobiliario para que abandonen de sus asentamientos).

Dispara además debates demorados como el de la propiedad de la tierra en un país de apropiadores. Los pobres se apropian de tierras por necesidad. Lo hacen también los capo mafias que invierten en ocupaciones con plata negra y protección con el propósito de revender y a precios de oro lo que hoy no vale nada. En mundo del hampa está considerada una de las inversiones más rentables del dinero mal habido. Pero también se apropian los privilegiados. Cuando se privatizaron los ferrocarriles en los ‘90, los concesionarios descubrieron que los propietarios de las casas más ricas de la Argentina en el porteño Barrio Parque habían construido sus piscinas en tierras públicas de los ferrocarriles que estaban en los fondos de sus coquetas residencias. En gesto de gentileza se las donaron Alguno de esos usurpadores VIP eran abogados de las empresas concesionarias.

Los jefes de las organizaciones comprometidas con el plan - la CTEP, el sello Techo, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa - buscaron despegar a la política la iniciativa. Hay un prejuicio sobre la primacía del peronismo en el manejo de la relación entre el Estado y los pobres. La decisión de darle el manejo al Ansés le quita a ese partido, que administra la mayoría de las provincias, una ventanilla electoral. Algunos gobernadores, dl oficialismo y de la oposición, presionaron para quedarse con esa manija. Los entornistas le atribuyen a Macri en persona la decisión de no entregar esa herramienta. La de octubre es una elección en 24 provincias, pero en la que Cambiemos plebiscitará su gestión. ¿Veremos al Anses en campaña? También le atribuyen haber acelerado la firma del decreto, que estaba demorado, según algunos negociadores, por "los chetos" de la casa de Gobierno. Igual festejaron el decreto como un logro que envidian los partidos políticos.

Esta medida será criticada por el peronismo que pudo emprenderla antes y no lo hizo por una diferencia de método político. Los gobiernos de ese signo han privilegiado la mediación punteril y la entrega de bienes como sistema de relación con los pobres, antes que promover la creación de condiciones para la promoción social a través del empleo no público. El plan más amplio que existe hoy - Argentina Trabaja - es una creación del peronismo, pero no ha superado el nivel del subsidio a cambio de tareas laborales no productivas que son, además, de muy difícil certificación y transparencia. Esto lo explica en detalle el trabajo, "Punteros: el rostro del Estado frente a los pobres" del cura jesuita Gonzalo Zarazaga que acaba de aparecer (Zarazaga, Rodrigo, in: Zarazaga & Lucas Ronconi (eds.), Conurbano infinito: Actores políticos y sociales, entre la presencia estatal y la ilegalidad, [Buenos Aires: Siglo XXI-Fundación OSDE, 2017] pp. 19-63.).

También lo criticará la izquierda clásica porque este acuerdo es producto de la política líquida, un laberinto para audaces y ocurrentes que están más allá de la ideología. Es la razón por la cual la izquierda criolla es furgón de cola del peronismo. El análisis estándar del pensamiento crítico voló por los aires cuando se les evaporó la plusvalía; lo arrolló un mundo con otras relaciones de trabajo y lo terminó de sepultar la sociedad del conocimiento. Como otros dinosaurios premodernos también ha sido víctima del teléfono porque, después de todo, chavón, internet es el teléfono. Nunca soñó tanto Graham Bell.

La iniciativa es un camino de ida. Las leyes prevén los casos de ocupación temporaria y la usucapión - derechos que se pueden reclamar después de 10 y 20 años -. Con este certificado de domicilio los ocupantes de tierras fiscales o privadas tendrán más fuerza en sus reclamos. La reglamentación del sistema tendrá que prever los mecanismos para que esos certificados no terminen en un mercado secundario que los valorice para legalizar propiedades.

También el peronismo queda detrás de proyectos como éste, que reconocen trasfondo en percepciones novedosas de la realidad social. La crisis del peronismo es el agotamiento de los mecanismos de alienación como la movilización y el clientelismo. Los peronistas fueron víctimas electorales de ese agotamiento en 1997, 1999, y de 2009 a 2015. Repartían dádivas usando los datos tramposos del Indec falsificado. Con eso se ganó el funeral. Las relaciones sociales van por el ascensor mientras la política va por la escalera, pero como es líquida, va hacia abajo, no para arriba. Por ahora, eso lo entiende mucho mejor Cambiemos que las otras fuerzas políticas.

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