opinión

Denuncia por subsidio eléctrico a empresas

Denuncia por subsidio eléctrico a empresas

 Señor Fiscal de Estado

de la Provincia de Mendoza

Dr. Fernando Simón

Guillermo Carmona, DNI N° 18.288.565, Diputado de la Nación por la Provincia de Mendoza, y Patricia Galván, DNI N° 11920506, Diputada Provincial de la Provincia de Mendoza, constituyendo domicilio legal en calle Entre Ríos 372 de la ciudad de Mendoza, nos dirigimos a Ud. a fin de formular denuncia contra el Gobernador de la Provincia Lic. Alfredo Cornejo y los demás funcionarios provinciales que han tomado intervención en las actuaciones administrativas que dieron lugar al decreto 1562/2016, y a solicitar que, en el marco de las competencias propias de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza dispuestas por el artículo 177 de la Constitución Provincial y de las leyes provinciales 728 y 4418, se inicie investigación administrativa en relación con el otorgamiento por parte del Gobierno de la Provincia de Mendoza de una "ayuda económica para empresas productivas, a los efectos de solventar el nuevo esquema tarifario del servicio público de electricidad" dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial mediante decreto 1562/2016 en el marco de la Resolución 327/2016 del Ministerio de Producción de la Nación. Solicitamos que en particular se investigue la conducta administrativa de los agentes de la administración publica provincial que han intervenido en el otorgamiento de tales beneficios, en virtud de existir indicios de graves transgresiones a normas legales y administrativas nacionales y provinciales.

Mediante el decreto 1562/16, dictado el día 4 de noviembre de 2016 (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza el 3 de enero de 2017), el Poder Ejecutivo Provincial adhirió al régimen establecido por la Resolución 327/2016 del 15 de julio de 2016 (publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 28 de julio de 2016), el que se establece una "ayuda económica para empresas productivas a los efectos de solventar el nuevo esquema tarifario del servicio público de electricidad", aprobó "la nómina de empresas beneficiarias que según reza tal decreto "constatado por la Autoridad de Aplicación, cumplen con los criterios de elegibilidad previstos en la Resolución N° 327 y Anexo del Ministerio de Producción de la Nación", y dispuso que "el beneficio acordado a cada empresa beneficiaria se consignará en la factura de energía eléctrica que distribuye la Compañía Distribuidora Provincial (EDEMSA)."

El régimen de la resolución 327/16 del Ministerio de Producción de la Nación establece la ayuda económica para dos diferentes tipos de usuarios: el Componente A se refiere a los usuarios electrointensivos, mientras el Componente B comprende a los usuarios productivos críticos de cada jurisdicción, los que prevé debían ser determinados por las autoridades competentes de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La resolución ministerial establece que las jurisdicciones provinciales deberán asumir una contraparte: "Las Provincias y la CABA deberán comprometerse a afectar el monto equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de los fondos aportados por la Nación para cada una de ellas en virtud de lo establecido en el Componente B de la presente resolución. Este compromiso consiste en un requisito inexcusable de previo cumplimiento a la transferencia de la ayuda proyectada." Por el decreto 1562/2016 el Poder Ejecutivo provincial dispuso los fondos necesarios para hacer frente a esa contraparte.

Los objetivos y alcances de la ayuda económica dispuesta por la resolución 327/2016 del Ministerio de Producción de la Nación están explicitados en los considerandos de la misma. Con este subsidio el gobierno nacional ha pretendido mitigar el durísimo impacto que ha tenido el aumento de la tarifa eléctrica en los sectores de la producción, especialmente en las actividades industriales, disponiendo para ello exiguos recursos del tesoro nacional por un monto de doscientos millones de pesos a ser distribuidos en todas la provincias y la CABA. La crítica situación que intentaría paliar esta "ayuda económica" es descripta en los considerandos de la resolución ministerial al decir que "como consecuencia de las nuevas condiciones tarifarias, muchos sectores productivos de las distintas economías regionales del país han manifestado la necesidad de contar con alguna herramienta de ayuda económica que le permita afrontar los nuevos costos del esquema tarifario del servicio eléctrico" y que "a fin de cumplir con las responsabilidades y los objetivos expresados, se considera necesaria la creación de una herramienta de ayuda económica que permita a las empresas estratégicas de cada economía regional, acotar el impacto financiero de las nuevas tarifas del servicio eléctrico."

La resolución 327/2016 se refiere explícitamente a los usuarios electrointensivos, por un lado, y a los "usuarios críticos más afectados" por el aumento tarifario, por otra. Asimismo destaca la necesaria colaboración de las jurisdicciones provinciales en "la identificación de los sectores productivos en situación crítica". Se trata de una asignación específica de recursos económicos a situaciones expresamente contempladas por la resolución ministerial nacional y que por tanto requiere de las jurisdicciones provinciales la aceptación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios exigidos por la norma nacional.

El cumplimiento de tales criterios no parece haber sido cumplidos, por los motivos que más adelante explicitaremos, en la decisión adoptada por el gobierno provincial al momento de la definición de la nómina de empresas beneficiarias.

Por ser claramente expresivos de los objetivos y alcances de la resolución ministerial nacional que establece el beneficio transcribimos a continuación algunos de los fundamentos y disposiciones de dicha norma:

En relación con los usuarios electrointensivos la resolución expresa en los considerandos: "Que en primer lugar, se debe atender la situación particular de ciertos usuarios electrointensivos, en los cuales la energía eléctrica constituye una primordial materia prima de su proceso productivo."

En relación de los "usuarios críticos más afectados" el gobierno sostiene: que " por otro lado, se identificarán a los usuarios críticos más afectados, pertenecientes al sector productivo de cada una de las jurisdicciones provinciales." Y destaca la resolución que "para ello, deviene fundamental la colaboración de cada una de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sólo en la identificación de los sectores productivos en situación crítica, sino también en el aporte de los fondos necesarios para atender la problemática."

En su parte resolutiva la norma establece en su artículo 1° "Convócase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la REPÚBLICA ARGENTINA a presentar la solicitud de ayuda económica para empresas productivas, a los efectos de solventar el nuevo esquema tarifario del servicio público de electricidad, de conformidad con los requisitos y condiciones que se establecen en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida."

El Anexo determina entre los requisitos y condiciones para el componente A los siguientes criterios de selección de empresas:

1. usuarios electrointensivos. Entendiendo por tales, y en el marco de esta medida, a las empresas que reflejan los siguientes parámetros: - Empresas industriales manufactureras. - La energía eléctrica constituye una materia prima del proceso productivo.

2. El consumo de energía eléctrica en el producto deberá ser igual o mayor a 5 kWh/kg de producto elaborado.

3. Demanda máxima de potencia en el año 2015 superior a 17 MW.

3. Vinculación directa a las redes de alta o media tensión (132 - 13.2 kv). Sistema Argentino de Información Jurídica - Alto Factor de utilización: promedio durante los últimos CINCO (5) años igual o mayor al SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%). Considerando como factor de carga al cociente entre los promedios de demanda de potencia media y la demanda máxima de potencia de cada año.

Respecto del Componente B el Anexo determina como criterios de selección que "las Autoridades Competentes de las Provincias y la CABA deberán determinar los usuarios productivos críticos de cada jurisdicción". La norma es explícita al exigir que se trate de "usuarios productivos críticos" debiendo entenderse determinantes de su definición la descripción que realiza de los mismos en los fundamentos de la norma explicitados en los considerandos más arriba reproducidos.

La resolución del Ministerio de Producción también dispone el procedimiento que deberán seguir las provincias, estableciendo los requisitos que deberán informar para solicitar el beneficio para las empresas: "En dicha presentación, deberán informar: razón social, CUIT, domicilio legal, domicilio del establecimiento, actividad desarrollada, resumen de consumo eléctrico anual y una declaración jurada de la participación del costo eléctrico antes de impuestos en la venta de cada empresa. Dicha presentación deberá contar con la conformidad del representante legal y/o apoderado de cada empresa." Resulta fundamental la verificación en la investigación que solicitamos de si se han cumplido esos requisitos, en especial en relación con la conformidad que se requiere a las empresas.

El decreto 1562/2016 fue firmado por el gobernador de la provincia de Mendoza Lic. Alfredo Cornejo y por el ministro de Economía, Infraestructura y Energía Enrique Vaquié. Allí consta que la adhesión al régimen de la resolución 327/2016 se habría tramitado mediante el expediente N° 1976-D-2016-01283. El decreto aprueba la nómina de beneficiarios que como Anexo II constituye parte del decreto, afirmando que se ha "constatado por la Autoridad de Aplicación, cumplen con los criterios de elegibilidad previstos en la Resolución N° 327 y Anexo del Ministerio de Producción de la Nación".

Del análisis de la nómina surgen serios interrogantes respecto del cumplimiento por parte de la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, de las condiciones de elegibilidad exigidas por la resolución del Ministerio de Producción de la Nación. Por el contrario, todo indica la existencia de un ejercicio discrecional y abusivo por parte de las autoridades provinciales, con un accionar que evidencia desvío de poder.

Estamos ante el uso de recursos del Estado nacional y del Estado provincial en una maniobra que beneficia a empresas que no cumplen con los requisitos de elegibilidad dispuestos por la autoridad nacional dado que no tienen el carácter de "electrointensivas" (es decir empresas en las que la energía eléctrica constituye una materia prima del proceso productivo) ni pueden ser consideradas encuadradas entre los "usuarios críticos más afectados", como exige la resolución 327/2016. La distracción de recursos provinciales en subsidios a empresas que no reunen las condiciones de elegibilidad implica un grave daño al patrimonio del Estado provincial y el consiguiente perjuicio para aquellas empresas que sí cumplen las condiciones para ser receptoras del beneficio.

Destacaremos las principales situaciones y casos que evidencian la discrecionalidad y desvío de poder por parte de los funcionarios provinciales, sin perjuicio de que solicitamos que la investigación administrativa profundice en el análisis de cada uno de la procedencia de cada uno de los beneficios otorgados: 

En primer lugar cabe ser destacado que de la distribución geográfica del otorgamiento de los beneficios no se ve reflejado el peso que el propio Estado provincial otorga al Parque Industrial de Luján de Cuyo. De los 155 beneficiarios que aparecen en la nómina solo 5 son empresas radicadas en el mencionado parque industrial. De un informe del propio Ministerio de Economía, Infraestrura y Energía surge que "El consumo de gran demanda industrial destaca netamente la influencia del Parque industrial de Luján de Cuyo." (Consumo Energético, Plan Estratégico Mendocino 2011-2040 http://energia.mendoza.gov.ar/consumo-energetico/). Si bien el criterio de distribución territorial no es el determinante para la elegibilidad de los beneficiarios si lo es el del alto consumo. ¿Es que no hay otras empresas "electrointensivas" o "usuarios críticos más afectados" en el Parque Industrial de Luján de Cuyo, el polo de mayor concentración de la demanda de energía eléctrica de la provincia? Cabe ser destacado que en el decreto provincial no se han esgrimido razones de distribución territorial que podrían ser lógicas siempre que se respeten los criterios de elegibilidad dispuestos por la resolución nacional. Esta situación tiene un valor indiciario de lo que debe presumirse como alta discrecionalidad en la asignación de los subsidios.

En segundo lugar, resulta llamativa la presencia en la nómina de empresas beneficiarias de al menos dos multinacionales y de una tercera empresa de origen multinacional recientemente adquirida por uno de los grandes grupos concentrados de la vitivinicultura argentina.

El primero de los casos es el de Aguas Danone, empresa que desarrolla la explotación de aguas minerales en Villavicencio. Sin lugar a dudas podemos afirmar que no se trata de una industria "electrointensiva", pero además resulta de muy dudosa verosimilitud que se encuentre entre los "usuarios críticos más afectados". En distintas circunstancias se ha destacado que la actividad realizar la captura de aguas de vertiente para su posterior envasado implica una actividad de altísima rentabilidad, lo que llevó a que existan numerosos planteos para hacer efectivo el pago del canón correspondiente al Departamento General de Irrigación que por décadas eludieron los sucesivos dueños la marca Villavicencio. Los mismos fundamentos relativos a la alta rentabilidad producida por el aprovechamiento de recursos naturales han sido esgrimidos para el reclamo del pago de otros impuestos provinciales y para iniciativas que apuntan al establecimiento de una regalía para ese tipo de explotación del recurso hídrico. ¿Puede considerarse encuadrada en los criterios de elegibilidad previstos por la resolución 327 una empresa multinacional de tales características? La justificación requeriría de un extenso análisis y fundamentación que no parece haber sido realizado por el Poder Ejecutivo provincial.

El segundo caso es el de Isolux Ingeniería S.A., una multinacional que compite en el mundo en la construcción de obras de infraestructura. La inclusión en la nómina resulta absolutamente escandalosa. El domicilio que consta en la nómina es "Ruta Provincial 86, Cárcel Luján de Cuyo". Se trata de la contratista que construía la ampliación de la cárcel de Cacheuta a la que el gobierno nacional ha rescindido el contrato recientemente. El otorgamiento del beneficio a esta empresa da cuenta de una violación flagrante de las condiciones de elegibilidad que establece la resolución ministerial nacional 327/2016 y de la discrecionalidad con la que ha actuado el gobierno provincial. Se trata de una empresa que cuenta con el mecanismo de ajuste en los valores de la obra y reconocimiento de mayores costos, no se encuentra radicada en la provincia y además es, evidentemente, incumplidora de las obligaciones con el Estado nacional. Al respecto, el diario Los Andes informaba el 18 de febrero de 2017 que " La cárcel federal es otra historia. Hubo una licitación llamada por el Ministerio de Justicia de la Nación que ganó la UTE conformada por la empresa de origen español Isolux Ingeniería SA y la cordobesa AMG Obras Civiles. El contrato con la ganadora de la licitación fue firmado el 29 de marzo de 2011. En noviembre de 2015, antes de que asumiera Cornejo, el Gobierno nacional decidió rescindir el contrato por incumplimientos de la contratista.

Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, se iniciaron gestiones para que la UTE retomara los trabajos y terminara con la obra. Pero el 18 de noviembre de 2016, fueron las contratistas las que solicitaron el fin del contrato porque se rompió la ecuación económico-financiera.

El 23 de diciembre pasado, el Ministerio de Justicia recuperó el predio donde se construye la cárcel federal. Ese mismo día Cornejo y el ministro Germán Agravando firmaron el convenio para que la Provincia se haga cargo de llevar adelante la obra."

Surge el interrogante de cómo pudo ser incorporada la empresa Isolux Ingeniería SA entre los beneficiarios de una ayuda económica cuando ya se encontraba en marcha la rescisión del contrato por el gobierno nacional con expreso conocimiento del gobierno provincial.

El tercer caso en el rubro de empresas multinacionales, aunque con algunas particularidades respecto de las mencionadas antes, es el de Diageo, la filial argentina de la multinacional de origen británico que fuera adquirida en 2015 por el Grupo Peñaflor, uno de los más importantes conglomerados económicos de la vitivinicultura argentina y mundial, que se quedó con el negocio que uno de los mayores productores de bebidas alcohólicas tenía en la Argentina. Informa la revista Apertura, especializada en temas empresariales que "así, la empresa argentina se quedó con los vinos Navaro Correas y San Telmo, antes propiedad de Diageo Plc. El grupo británico que abandonó el país es propietario de algunas de las etiquetas más reconocidas en el universo de las bebidas blancas. Entre ellas están Smirnoff, Johnnie Walker, Captain Morgan, Cuervo, J&B, y es también dueña del licor Baileys, entre otras marcas. La transacción incluyó además el traspaso de plantas de producción y viñedos que Diageo tenía en el país. A su vez, la empresa del Reino Unido informó que será exclusivamente el Grupo Peñaflor quien distribuya su catálogo de marcas de licores internacionales en toda la región." Resulta evidente que el contexto vitivinícola en la provincia, con numerosos reclamos de pequeños productores motivados en la baja rentabilidad, hace difícil comprender el subsidio a Diageo, que maneja marcas premium, que precisamente son las de mayor rentabilidad. Se trata de otro caso escandaloso de favorecimiento de empresas que en ningún sentido podrían considerarse en situación crítica en relación con los aumentos tarifarios.

La prensa local y nacional ha dado cuenta del otorgamiento del beneficio a dos grandes empresas mendocinas, consideradas compañías de escala de multinacional. Se trata de José Cartellone CCSA e ICSA, empresa del Grupo IMPSA. Se otorga de esta manera una ayuda económica a empresas en las que el impacto resulta bajo cuando la aplicación de esos mismos recursos a "usuarios críticos más afectados" podría significar evitar el cierre de empresas y los consiguientes despidos de trabajadores.

En relación con ICSA/IMPSA solicitamos que se realice una exhaustiva investigación para determinar la posible existencia de conflicto de intereses de parte de un funcionario provincial al que habría correspondido una actuación necesaria y determinante en la definición de la nómina de empresas beneficiarias. Se trata del subsecretario de Energía Emilio Guiñazú Fader, quien se ha desempeñado como integrante del "Directorio de IMPSA en el carácter de Gerente General Wind", cargo en el cual aún figura en la página web de la empresa (http://www.impsa.com/es/quienessomos/directorio/SitePages/Fader.aspx).

Al respecto consideramos necesario que se establezca si el mencionado funcionario ha tenido participación en la elaboración de la nómina de beneficiarios del subsidio a fin de determinar si podría haberse configurado una situación de conflicto de intereses y/o tráfico de influencias.

También solicitamos a la Fiscalía de Estado investigue la posible configuración de conflicto de intereses y posible tráfico de influencias para el caso de Palero Impresores, una empresa vinculada al senador Jorge Palero. El senador Palero mantiene un estrecho vínculo con el gobernador de la provincia, de quien fuera cercano colaborador en su gestión municipal en el departamento de Godoy Cruz, y con los miembros de su gabinete, es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y participa como vocal en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, comisiones que tienen una necesaria actuación en temáticas relativas al control y asignación de los recursos públicos y al seguimiento de programas y convenios con el Estado nacional. En la Label Summit Latin America a desarrollarse en el espacio Riesco de Santiago de Chile entre el 16 y 17 de mayo de este año, el senador Palero es anunciado como disertante especial en su carácter de Presidente de Palero Impresores http://www.labelsummit.com/chile/es/jorge-palero.

De los antecedentes descriptos surge que el decreto 1562/2016 se encuentra gravemente viciado por adolecer de vicios del objeto de acuerdo al articulo 52 inciso b) y 53 inciso b) de la 3909; y de vicios de la voluntad en los términos del artículo 63 inciso c) de la ley 3909 por lo que es pasible de nulidad.

Por todo lo expuesto solicitamos que nos tenga por presentados en carácter de denunciantes y constituido el domicilio legal y se abra formal investigación administrativa de los hechos denunciados.

Saludamos a Ud. con la más distinguida consideración.


Guillermo Carmona

Diputado de la Nación


Patricia Galván

Diputada de la Provincia de Mendoza


Opiniones (2)
21 de noviembre de 2017 | 18:54
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21 de noviembre de 2017 | 18:54
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  1. A que se debe que este Señor Carmona participando de 12 años de robo continuo y vaciamiento del país junto a Kristina K ahora sale con denuncias, sobre una empresa que tiene años en la provincia, que mantiene mas de 100 empleados, familias, que trabajan ahí. denuncia infundada atacando al Gobernador y a un legislador que ademas es empresario de hace ,muchos años y no necesito de la política para hacer su dinero. Denuncia sin fundamentos cuando las empresas que reciben subsidios se deciden a otro nivel, que se ve que el aun no ha averiguado o fue mal asesorado. Da la sensación que no tiene ahora posibilidad de llenar sus bolsillos, y no sabe como hacer su campaña y su única estrategia es atacar, a un gobierno que saca la provincia adelante y paga los sueldos en fecha, que hace maravillas para salvar las deudas que dejaron estos mediocres de la política barata. Señor Carmona trabaje para la provincia desde su lugar que para eso fue elegido por el pueblo mendocino, haga aportes y no ocupe su tiempo en denuncias baratas sin sentido. Ocúpese de su gente, de sus funcionarios en el gobierno anterior que todos robaron y no me tomo el tiempo de nombrarlos uno por uno, me pasaría el resto del día, Trabaje Carmona y deje que aquellos que son Empresarios y no necesitan de la política para vivir, como el Senador Palero, hagan política en serio por y para el pueblo.
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  2. Como siepre hay "hijos y entenaos". Mientras los pobres agricultores penan para pagar una factura de consumo eléctrico, la "crema" de las empresas mendozinas son subsidiadas por el Estado.
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